En México, la expropiación es un término definido por las leyes jurídicas como el acto administrativo el cual el estado priva a una persona de su propiedad, ya sea parcial o totalmente, siempre que exista un mutuo beneficio entre gobierno y sociedad, regulado ante la ley y con la indemnización correspondiente.

La ley regulatoria es a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el artículo 27, el cual dicta de la siguiente manera:

 “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.”

La expropiación es el “instrumento” gubernamental con un poder de una magnitud bastante alta. Es el poder fundamental del estado de suprimir legítimamente la propiedad privada en nombre de un interés que se considere superior. A veces se le ha considerado una ley destructora del derecho por la propiedad.

Esta figura política es usada, en la mayoría de los casos, para desarrollar proyectos urbanos donde el gobierno necesite las tierras, ya sea para edificar o trazar infraestructura como calles, sistemas de drenajes, redes eléctricas, etc.

A través de los años, la ley de expropiación ha sido debatida y cuestionada por las inconsistencias que existen dentro de ella. El “instrumento” ha perjudicado a miles de propietarios a los que, sin un fundamento legible, el gobierno toma sus bienes inmuebles.

Por otro lado, la ley puede ser lo contrario, es decir una acción que ayude y mejore nuestros estándares de habitabilidad urbana, creando contextos más confortables y funcionales. A mi parecer, es una herramienta que no se ha utilizado de la manera correcta. En muchos casos falta voluntad política para ejercer con dignidad la expropiación, porque de lo contrario tendríamos ciudades con estándares de habitabilidad estrictamente altos y no la extrema corrupción que rodea a la ley de expropiación de los Estados Unidos Mexicanos.