Cuatro instalaciones que fueron entregadas inconclusas no pueden arreglarse por los litigios congelados en la fiscalía anticorrupción.

Los procesos judiciales derivados de las denuncias por actos de corrupción en la construcción de plantas de tratamiento de desechos se mantienen a ritmo lento. Mientras tanto, esa infraestructura, en la que se erogaron más de 101 millones de pesos, se sigue deteriorando gravemente, pues “no se puede tocar”, según la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS). 

Así lo expuso el secretario José Luis Galindo Cortés, quien expuso que siguen a la espera de que se deslinden responsabilidades y se impongan sanciones a las y los funcionarios responsables de la construcción y recepción de las obras de al menos cuatro plantas.  

Dijo que no podría dar a conocer información específica que forma parte de las investigaciones, porque algunas carpetas siguen activas y en otros asuntos ya hay vinculación a proceso de diversos ex funcionarios de la administración de Graco Ramírez Garrido Abreu. 

Informó que las plantas que están en litigio -ubicadas en Yautepec, Tlaltizapán, Xochitepec y Jiutepec- se están deteriorando mucho, porque se formularon denuncias ante la fiscalía anticorrupción desde hace casi tres años, cuando inició esta administración y los procesos no avanzan o van muy lento, mientras algunas han sido vandalizadas.  

“Mientras tanto no las podemos tocar… tiene que concluir el proceso legal. No es suficiente con que haya peritajes porque debemos esperar  que el juzgado correspondiente nos lo permita” anotó el secretario. 

Además, mencionó que no es factible calcular cuánto se requiere para retomar las obras, concluirlas, rehabilitar las plantas y ponerlas en operación, porque se tendrán que hacer estudios físicos en el lugar. 

De cualquier manera anticipó que el propósito de la Secretaría de Desarrollo Sustentable es que en cuanto acaben los procesos judiciales, esas plantas “sean donadas” a los municipios donde están ubicadas y que sean los ayuntamientos los que las reacondicionen y usen, pues la administración estatal no cuenta con esos recursos económicos y la idea es que los ayuntamientos cubran la función de disposición final de desechos. 

Cabe recordar que según los datos dados a conocer por la Fiscalía Anticorrupción, se pagaron con recursos del erario público más de 101 millones de pesos por las obras de las cuatro plantas ya referidas, cuyos trabajos fueron recibidos, a pesar de que no estaban terminados.