Ocho de cada 10 empresarios consideraron que la corrupción y el soborno son prácticas comunes al momento de hacer negocios en México y que los actores externos fueron cada vez más importantes en el número de casos de corrupción y sobornos suscitados, según datos de la Encuesta de Delitos Económicos 2018, fraude y corrupción, un análisis y su impacto en las organizaciones de la empresa.  

Lo anterior se dijo durante el foro “Importancia del gobierno abierto en la lucha anticorrupción”, que se realizó en el auditorio del Centro de Investigaciones Químicas (CIQ) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). 

Raúl Álvarez Córdoba, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, dijo que las instituciones que más generan desconfianza en los mexicanos son los partidos políticos, después la Policía, los funcionarios públicos, el Poder Legislativo y Poder Judicial, afirmó, durante el foro  

Durante su conferencia “Estrategias de apertura institucional para el combate a la corrupción”, Álvarez Córdoba explicó qué es la corrupción, los costos de la corrupción en México y algunas reflexiones sobre cómo combatirla.

Presentó información de organizaciones oficiales y civiles que establece que el 85 por ciento de las dependencias de México se perciben como corruptas. “Los mexicanos otorgan una calificación promedio de 6.4 al nivel de confianza que tienen en las instituciones y por cada 100 actos de corrupción en el país, 23 son denunciados, pero solo uno tiene alguna consecuencia, lo que significa un 99 por ciento de impunidad”. 

Para controlar y gestionar la corrupción, dijo, es necesario emprender acciones como la evaluación del desempeño de las instituciones y servidores públicos, más transparencia, acceso a información de calidad, rendición de cuentas, control y sanción, mejora de la gestión, cultura de la legalidad, la participación ciudadana, políticas de integridad y fomentar el Estado de derecho. 

Respecto de los costos de la corrupción en México, Álvarez Córdoba señaló que el porcentaje de empresas que experimentaron delitos económicos entre los años 2016 y 2018, creció del 37 al 58 por ciento y dos terceras partes de estos delitos son cometidos por personal de la misma empresa. 

Comentó que en Morelos se requieren instituciones que promuevan cada vez más que la información se use y genere conocimiento para solucionar problemas públicos y existan mecanismos donde la sociedad civil participe, donde se califique con un cero a una institución cerrada y cien sea una institución abierta. 

Dijo que, en términos de transparencia, Morelos está muy desarrollado, con más del 60 por ciento, “lo que nos dice que es funcional, sin embargo, en participación es donde está el problema, porque está abajo del 40 por ciento, entonces, podemos tener niveles de transparencia muy altos, pero puede seguir existiendo corrupción”.