El vocero de la organización social, José Martínez Cruz, expresó que es fundamental entender que en muchas ocasiones los niños y adolescentes son forzados a participar en actos criminales en contra de su voluntad; en otras ocasiones, la pobreza y la falta de oportunidades los colocan en una situación extrema de vulnerabilidad que los legisladores no deben pasar por alto.

Dijo que la respuesta sobre los menores en conflicto con la ley no debe ser la “mano dura” y el retorno al debate de la reducción de la edad penal, sobre todo en un contexto en el que los menores son usados como carne de cañón por la delincuencia.

“En ese sentido, se deben instituir medidas legislativas de política pública para el sector juvenil y con ello evitar que los reclute la delincuencia organizada y para sancionar seriamente a los adultos que sean responsables de tal conducta. Los derechos humanos y la seguridad pública son un binomio inseparable y sólo respetando los primeros podemos construir un entorno pacífico para revertir la situación de inseguridad que vivimos”, dijo.

Dijo que la Red por los Derechos de la Infancia ha documentado que niñas, niños y adolescentes están siendo víctimas de “narcoexplotación” por parte del crimen y un caso emblemático es el de Edgar, alias “El Ponchis”, quien es procesado por diversos delitos.

“Por nuestra parte, hemos señalando que adolescentes como Edgar ‘N’ llegan a estar en conflicto con la ley ante la ausencia de oportunidades de desarrollo social y el goce de derechos. Casos como éstos dan cuenta, una vez más, de las fragilidades que el Estado mexicano y sus instituciones enfrentan para atender a las y los adolescentes en conflicto con la ley. Estamos convencidos que ésta es una buena oportunidad para identificar los vacíos existentes como un diagnóstico para construir una nueva política pública en la materia”, manifestó.

Indicó que en México hasta le fecha no hay una ley federal de justicia penal para adolescentes, la cual, sin duda, “amerita un debate más amplio donde no se incremente las penas privativas de libertad y se aporte más a medidas alternativas en libertad, que permitan realmente la inserción social en sus comunidades a adolescentes en conflicto con la ley”.

Martínez Cruz sostuvo que aun cuando el caso de “El Ponchis” es singular, éste no debe ser referente para poder legislar; por el contrario, es necesario que el Estado mexicano proteja los derechos de Edgar “N” y a todas las niñas y niños que hoy son utilizados por los grupos del crimen organizado.

“Las autoridades están obligadas por la Convención sobre los Derechos del Niño a llevar a cabo las medidas apropiadas para protegerlos de la delincuencia, primordialmente, a través de la satisfacción de sus derechos tanto civiles y políticos como económicos y sociales; así como a respetar su debido proceso jurídico cuando se ejerza acción penal en su contra”.

“Expresamos nuestra preocupación ante la criminalización que están sufriendo niñas, niños y adolescentes detenidos en el marco del combate al crimen organizado, pues si bien no son impunes, no significa que deban ser juzgados bajo los mecanismos propios de adultos. Es necesario asegurar que la temporalidad de las medidas privativas de libertad sea establecida bajo un marco de objetividad que permita que la medida sea de realmente un mecanismo de reinserción social y no una medida de carácter punitivo, así como fortalecer las acciones de prevención del delito por sobre las sanciones privativas de libertad”, concluyó.