En rueda de prensa, el presidente del TSJ, Miguel Ángel Falcón Vega, rechazó que haya habido caos y desorganización durante la entrada en vigor a partir del primero de enero de la última etapa de implementación del sistema oral de justicia penal en la zona surponiente.
Difirió de la apreciación de varias organizaciones de abogados que criticaron el retraso en la construcción del edificio y la falta de información del tribunal sobre la reorganización de los distritos penales y el traslado de los asuntos de la región sur a las salas orales de Cuernavaca, pues sostuvo que a través del Boletín Judicial y el periódico oficial “Tierra y Libertad” se informó a la población de la situación y las medidas provisionales que se tomarían para la implementación de la justicia oral en aquella zona.
Incluso, argumentó que hasta el momento ni siquiera ha sido necesario ocupar espacios en las salas de juicios orales de Cuernavaca, porque no hay ninguna audiencia en puerta respecto a asuntos de la zona surponiente.
Sin embargo, detalló que para facilitar la impartición de justicia oral en el tercer distrito judicial, con sede en Jojutla, a partir del lunes estará habilitada una sala de juicios orales en el edificio en construcción para llevar a cabo los procedimientos y audiencias que se vayan programando.
Cuestionado sobre el retraso en la construcción de la primera etapa del edificio judicial de Jojutla, Falcón Vega explicó que efectivamente la demora es responsabilidad de la empresa constructora MACO Construcciones S.A. de C.V., que informó al TSJ que el atraso se debió a que el proveedor de las estructuras de acero –utilizadas para los cimientos y trabes-- no hizo la entrega en tiempo y forma.
Indicó que la empresa podría ser acreedora a una penalización por incumplimiento en la conclusión de la primera etapa del edificio, es decir, de la terminación del primero de cinco niveles, donde se pretende instalar entre dos y cuatro salas de juicios orales.
Sostuvo que por el momento no es prioritario discutir posibles penalizaciones a la constructora, dirigida por el ex diputado local Jaime Tovar Enríquez, ni entrar en conflicto jurídico con la empresa porque eso retrasaría la obra y lo importante es que esté lista lo antes posible, por lo menos en lo que respecta a la primera etapa. “Hablaremos con la empresa y en su momento veremos cómo se subsana (el retraso)”, dijo.
Por otra parte, el representante del Poder Judicial reconoció que el TSJ tiene problemas para financiar la construcción total del edificio judicial en Jojutla ya que sólo dispone de 6.5 millones de pesos –extraídos del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia-- para pagar la primera de etapa de la obra y le falta conseguir 73.5 millones de pesos, que representan el 92 por ciento del costo total de la obra.
Falcón Vega precisó que el edificio originalmente iba a ser sólo de tres pisos, pero se consideró que el espacio sería insuficiente, por lo que el proyecto se amplió a cinco niveles.
Expresó que el TSJ buscará conseguir en los siguientes meses el financiamiento para avanzar con la construcción del edificio, cuya terminación no tiene fecha porque dependerá de la disponibilidad presupuestal.
Atendida demanda de información de ONG
Por otra parte, el presidente del TSJ dijo estar extrañado de las afirmaciones de la vocera del Comité contra el Feminicidio en Morelos, Nadxieellii Carranco Lechuga, respecto a que el Poder Judicial ha negado la entrega de información en torno a la administración de justicia a las mujeres víctimas de violencia.
“Estoy muy extrañado, porque incluso hemos sostenido reuniones con la licenciada Carranco y hemos atendido sus peticiones”, dijo al señalar que en breve se pondrá en contacto con la vocera de la organización no gubernamental para reafirmar la disponibilidad del Tribunal Superior de Justicia de facilitar cualquier tipo de información o solicitud.
Señaló que durante los encuentros con integrantes del comité, incluso se les entregó información generada por el TSJ y sistematizada por delitos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y se acordó solicitar a los jueces clasificar por género los asuntos a su cargo para efecto de ahondar en la información que requiere la organización.
