Desde el 2008 a la fecha, el gobierno de Morelos ha invertido casi 230 millones de pesos en la instauración del sistema de justicia penal acusatorio adversarial para adolescentes y adultos, pues no sólo se construyó infraestructura que sustituyó a las deterioradas oficinas que ocupaban el sistema tradicional, sino también fueron capacitados cientos de servidores públicos de las áreas de procuración e impartición de justicia, así como todas las corporaciones municipales y estatales.
El presidente del tribunal Miguel Ángel Falcón Vega, reconoció que la implementación de juicios orales tiene un costo muy alto para el erario, sin embargo, señaló que la inversión disminuirá con el paso de tiempo.
“En un corto o mediano plazo la justicia oral es muy cara, pero si lo vemos a un largo plazo, a 10, 15 o 20 años seguramente el costo se diluye y se hacen mucho menos onerosos los juicios orales”, afirmó.
De acuerdo con especialistas legales y la secretaría técnica de la Secretaría de Gobernación, en Morelos un juicio oral, que comienza con la consignación hasta la sentencia, tiene un costo al erario de poco más de 100 mil pesos. Sin embargo, a ello se tendría que sumar lo que las partes, los imputados y los ofendidos gastan en el pago de abogados.
Sin embargo, al costo de los juicios orales se agrega el presupuesto de la PGJ y el sostenimiento de la Defensoría Pública, ya que 90% de los casos en el sistema penal acusatorio adversarial son llevados por abogados públicos, además que aún falta culminar la construcción y equipamiento del edificio judicial en Jojutla y a más tardar el 1 de julio del 2013 el Poder Judicial deberá implementar la oralidad en los juicios mercantiles, cuya cantidad en disputa es igual o inferior a 220 mil 533 pesos.
De acuerdo con el presidente del TSJ, la inversión más fuerte ha sido la construcción y equipamiento de los edificios y salas de juicios orales, pero al paso del tiempo se disminuirá la inversión en infraestructura y sólo habrá que sostener la plantilla de los operadores del sistema de juicios orales, cuya nómina representa para el Poder Judicial alrededor de 40 millones de pesos anuales.
