“María”, apenas culminó el sexto grado de primaria, su madre es ama de casa y su padre jornalero, tiene cinco hermanos y los más pequeños muestran a simple vista desnutrición y retraso en su desarrollo.

El pasado martes, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Morelos detuvo a Sebastián “N”, de 23 años de edad, como presunto responsable del delito de violación agravada y un juez decretó la prisión preventiva del imputado.

Según los hechos asentados en la carpeta de investigación FDS/3/2012, hace dos meses aproximadamente la hermana mayor mandó a María por ropa a su casa, y al llegar al domicilio se encontró solo con su cuñado (ahora imputado), quien aprovechó el momento para encerrarla en una recámara, golpearla, violarla y amenazarla de muerte si decía algo al respecto.

Los padres de la menor, al saber de la agresión y de que estaba preñada, acudieron al Ministerio Público a denunciar los hechos, pero sin la posibilidad de que María pueda interrumpir la gestación porque en Morelos está legalmente prohibido.

La representante del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa” lamentó que el marco jurídico en Morelos restrinja el derecho a decidir y que se ponga en riesgo de la vida no sólo una menor, sino de decenas de mujeres.

Detalló que María ha expresado a su familia el deseo de no continuar con el embarazo producto de la violación; además que los pronósticos médicos indican que es muy difícil que la niña pueda culminar con la gestación y ella podría –al igual que el producto- morir debido a que su estado físico y anímico es delicado.

Incluso, destacó que María tiene una talla de una niña de apenas 9 o 10 años y “dado que es producto de una violación, tampoco pudiera y debiera la autoridad imponerle a esta pequeña, que tuviéramos un caso como Paulina, obligarla a que tuviera el embarazo”.

Por ello, Susana Díaz Pineda hizo un llamado urgente a los diputados (principalmente emanados de los partidos de izquierda que prometieron abrir el debate del tema) y a las organizaciones para que impulsen la armonización de la legislación estatal con la reformas de la Constitución federal en materia de derechos humanos y que protegen los derechos de las mujeres

“Es básico que aquí en Morelos que en los Servicios de Salud se le brinde la oportunidad a las mujeres de decidir de manera plenamente informada qué es lo que quiere y cuando hay situaciones como el caso de esta niña, es urgente que puedan contar las mujeres con servicios de salud que les garanticen la vida”, dijo.

Indicó que debido a que la vida de María corre peligro y que tiene ocho semanas de gestación, se está pidiendo el apoyo del Gobierno del Distrito Federal y de las organizaciones de mujeres para que la menor pueda ser trasladada a la capital del país, donde es legal la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas, para que pueda ser atendida en uno de los hospitales capitalinos, además para reunir los fondos para que reciba el tratamiento médico y psicológico necesario, en virtud de que la familia es de muy escasos recursos.

“Ninguna autoridad en Morelos nos brindará el apoyo para la suspensión del embarazo porque sería ilegal y entonces lo que estamos tratando de hacer, es que la autoridad que tiene en sus manos la investigación termine la carpeta, para que podamos recurrir a instancias en el Distrito Federal o en algún otro lado donde sí están garantizados los derechos de las mujeres para que ella pueda decidir”, recalcó.

Asimismo, recalcó la petición a organizaciones de mujeres y a los nuevos diputados para que el caso de María no sólo sea un precedente sino que se cambien las leyes, se proteja la vida y la salud de las niñas y las mujeres.