Con la presencia de representantes de la Embajada de Estados Unidos en México, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Secretaría de Gobernación (Segob), en la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), arrancó la “Apertura del Tribunal de Adicciones” y este mismo lunes, en las salas de juicios orales, se llevó a cabo la audiencia de elegibilidad en la que un joven, identificado como Francisco Javier -detenido por posesión de marihuana- fue calificado como adicto y sentenciado a un año y medio de tratamiento médico para revertir su adicción, el cual estaría bajo supervisión de las autoridades.

Guillermo Tenorio Antiga, director de Participación Ciudadana de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob, detalló que de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) el robo, en cualquiera de sus modalidades, la violencia familiar y lesiones, representan el 60 por ciento de los delitos de bajo impacto en el 2013, de los cuales una porción está vinculada al consumo de sustancia legales e ilegales.

Afirmó que el encarcelamiento por delitos menores y el aumento de penas contra delitos relacionados con drogas, no han servido para disminuir los índices de violencia y criminalidad.

“El encarcelamiento por delitos menores produce efectos negativos para el individuo y para sus familias, ya que dificulta la incorporación de los sujetos al mercado laboral, rompe el lazo familiar al dejar los hogares sin un padre o sin una madre, generando factores de riesgo que pueden incidir en los miembros de la familia y se expone al individuo que puede ser rescatado de un ambiente criminógeno.

Por otro lado y como una reacción al fenómeno de las drogas, se han fijado penas rigorosas para el consumo y delitos conexos, que ha dado lugar el encarcelamiento de un gran número de mexicanos sin que ello haya tenido una repercusión importante en el tráfico y consumo de drogas, por lo que ha sido necesario adoptar medidas nuevas para combatir este problema”, precisó.

En tanto la secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, María de los Ángeles Fromow Rangel, destacó que una encuesta en centros penitenciarios, reveló que el 56 por ciento de los internos reconoció haber consumido estupefacientes, horas antes de cometer un ilícito.

Destacó que la implementación del Tribunal de Adicciones, ayudará a despresurizar los penales y los tribunales, así como dar tratamiento médico a quien consume drogas.

El representante de la OEA en México, Aníbal Enrique Quiñónez, señaló que este modelo de justicia alternativa y tratamiento se expande a 15 naciones latinoamericanas, con miras a disminuir el consumo de sustancias legales e ilegales y la violencia.

Finalmente, Tommy Bradley, quien acudió al acto en representación de la Embajada de Estados Unidos en México, señaló que con éxito en su país, se implementan desde hace 25 años los tribunales de adicciones que suman más de dos mil 500, con los cuales se ha visto una reducción efectiva de la violencia y el consumo de drogas.

Dijo que a través de la Iniciativa Mérida, el gobierno norteamericano ha invertido en México  35 millones de dólares para coadyuvar en el combate a las adicciones.

No obstante, señaló que este modelo de tribunal no es estático y recomendó que los estados que lo implementen, que lo adapten a sus condiciones actuales y lo permitan evolucionar según sean las situaciones futuras.