Un total de diez abogados de oficio fueron dados de baja por restricciones presupuestales para este ejercicio fiscal, y en los casos de quienes cubrían los requisitos establecidos en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos se les respetó el derecho a una pensión por jubilación.

La titular del instituto, Mirtha Sagrario Gómez, detalló que estas diez plazas quedarán congeladas por lo que resta del año, pero existe posibilidad de que en el 2016 no sólo se reactiven, sino que se abran nuevos espacios para ampliar la plantilla de defensores públicos.

Indicó que el planteamiento es abrir al menos 20 plazas más, lo que significaría que el siguiente año podrían estar disponibles un total de 30 plazas para atender la demanda de orientación, asesoría y defensoría legal pública.

Agregó que la idea es hacer el año próximo una convocatoria para que los aspirantes a ocupar una de estas plazas, sean sometidos a un concurso de oposición, para garantizar que los nuevos abogados de oficio sean competentes.

Mientras tanto, señaló que se ha hecho reorganización del personal para que los asuntos en curso o nuevos sean atendidos debidamente y las personas que requieren de este servicio tengan defensa adecuada y eficiente.