La Comisión de Derechos Humanos (CDHEM) descartó que en Morelos haya explotación de jornaleros en los campos de cultivo, pero sostuvo que aún viven en condiciones inadecuadas y no tienen acceso a los servicios básicos.

Tras el rescate de indígenas explotados en campos de Baja California y Colima, además de las protestas para mejorar sus condiciones laborales, la titular del organismo, Lucero Benítez Villaseñor, afirmó que en la entidad no se tienen documentados casos de explotación laboral, pese a que el año pasado hubo polémica por la detención y posterior liberación de dos personas en las galeras del poblado de Cocoyoc, acusadas de presunta trata de personas.

Refirió que recientemente el organismo realizó visitas en los albergues, donde los jornaleros agrícolas, la mayoría de origen indígena y provenientes de entidades como Guerrero, residen por temporadas y no se detectó casos de trata de personas o explotación laboral.

Lo que sí se constató, dijo, es que los trabajadores del campo viven en situaciones precarias y todavía no tienen acceso a servicios básicos como salud y educación.

“Nosotros hicimos un señalamiento de políticas públicas de mejorar para que se les pueda dar derecho a la educación, ellos son una población flotante, a donde viajan no se les da derecho a seguir sus estudios, sus alimentos, las condiciones higiénicas donde viven, médicas, porque (no tienen) atención ni seguridad social”, dijo.

Expresó que el organismo ha insistido a las autoridades federales y estatales, través de gestiones y recomendaciones, para que los jornaleros y sus familias puedan tener acceso a servicios básicos que les permitan mejorar su calidad de vida.

Desde el 2008 la CDHEM ha realizado diagnósticos, informes regulares y recomendaciones sobre la situación de los jornaleros agrícolas en el estado de Morelos.

En estos informes se ha documentado que los trabajadores laboran más de 12 horas al día, la remuneración que perciben no es asequible a sus necesidades básicas, la mayoría no cuenta con prestaciones de seguridad social ni capacitación y las galeras en las que se albergan en algunos casos ni siquiera cuentan con servicios públicos.

A decir del organismo, aun cuando se han realizado algunas acciones para atender a esta población flotante, estas no han sido suficientes para mejorar su calidad de vida sustancialmente.