La diputada priista señala que no permitirán injerencias externas a la hora de elegir ombusdman y titular del  ESAF.

El Congreso del estado no permitirá imposiciones de actores políticos externos para la designación del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y del próximo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), afirmó la diputada priista Rosalina Mazari Espín.
Ante los rumores de que desde el Senado de la República se pretende incidir en el nombramiento de la ESAF, la legisladora sostuvo que el nombramiento es una facultad solo del Congreso local.
"Se dice mucho eso, pero creo que nosotros debemos ser responsables para que las decisiones de las diputadas y de los diputados las tomen las diputadas y los diputados de este Congreso. Somos un poder y tenemos como tal actuar con responsabilidad y no permitir que gente externa o de otras (...) recomendaciones que sí, pudieran ser tomadas en cuenta como una recomendación más, no una imposición, eso sí debe quedar claro", manifestó Mazari Espín. 
La coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) manifestó su confianza en que la próxima semana el Congreso del estado pueda definir al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que debió designarse desde el 21 de marzo pasado y para el que 23 ciudadanos se registraron como aspirantes ante el Poder Legislativo. 
Inmediatamente, refirió, se iniciará el proceso para nombrar al titular del órgano auditor, cargo que está acéfalo desde diciembre del año pasado. 

 

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El Congreso ordena iniciar procesos contra funcionarios estatales o municipales que otorgaron las constancias que sirvieron para aprobar indebidamente esos pagos hoy anulados.

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Además, Tania Valentina Rodríguez aseguró que ya iniciaron las investigaciones en contra de quienes resulten responsables.

Cuautla.- A fin de dar a conocer a la ciudadanía de la región oriente del estado, la situación que se vive en torno a la aprobación de las “pensiones doradas”, la diputada local Tania Valentina Rodríguez Ruiz señaló que al menos 24 ya fueron derogadas y que se iniciaron investigaciones en contra de quienes resulten responsables a niveles local y estatal.

Refirió que al tratar de manera específica este tema con la ciudadanía, “se cumple con la población morelense”, ya que atender ese asunto era un encargo expreso de la población, pues desde el 12 de octubre de 2018, en el Pleno del Congreso, la sesión mandató a la comisión del trabajo que representa la diputada local poner en marcha de manera inmediata una investigación exhaustiva a cada uno de los 73 decretos jubilatorios que presentó y aprobó la legislatura anterior, en las que se detectaron irregularidades en el monto de las mismas, considerándolas altas.

“Éstas no son jubilaciones como un trabajador morelense promedio, que son de tres a ocho mil pesos, y si han trabajado muchos años en un estatus regular, de unos 15 mil, sino que son jubilaciones muy altas a la que los propios ciudadanos comenzaron a llamar ‘jubilaciones doradas’”, dijo la diputada.

Subrayó que tras la sesión del 12 de octubre de 2018, el Pleno del Congreso mandató a la comisión del trabajo que procediera a dicha investigación. Por lo que se ubicaron los expedientes, los cuales no estaban en el área donde debían estar.

Refirió que las jubilaciones no fueron dictaminadas en la comisión del trabajo, sino en otra parte del Congreso; de ahí fueron directamente al Pleno, donde no hay números de registro ni obra, además de que no existen en el libro de gobierno de la comisión del trabajo.

“Ya tenemos los expedientes; los analizamos y con lo que decidimos con cada expediente, se manda la investigación. Esto significa que se mandan oficios y se cita a las dependencias que fueron el soporte de los años laborales para verificar si es verdad o no que trabajaron”, dijo la diputada local.

Asimismo, refirió que la tardanza en dar respuesta a la ciudadanía sobre este tema fue que los ayuntamientos y otros entes contestaron al Congreso del estado hace aproximadamente un mes. Por tal motivo, apenas se brinda la información a la ciudadanía.

La legisladora señaló que en la investigación realizada se encontraron dos grupos de personas con diversos estatus de jubilación. En uno están quienes cumplen con los años necesarios para jubilarse, pero violentaron el procedimiento que se debe tener para una jubilación y ése es motivo para derogar un decreto, pero pueden iniciar nuevamente su trámite en la comisión del trabajo del Congreso local o irse a tribunales para que un juez ordene al Congreso acatar dicha orden.

El otro grupo que se detectó no solamente violentó todo el procedimiento, sino que además se emitieron documentos falsos, específicamente provenientes de los municipios de Puente de Ixtla, Cuautla y Jiutepec, indicando que son los municipios que más dieron soporte para realizar la entrega de documentos con información falsa, y corresponde a las administraciones municipales 2016-2018, que se encuentran bajo proceso de investigación por dicha situación.

“Quien pidió y entregó la información falsa, desde el presidente municipal que da la autorización y el director de Recursos Humanos, todos deberán tener investigaciones y denuncias penales que ya están en camino. Porque creemos que es necesario que haya un castigo a aquellos que quieren vivir del erario público (sic), lastimando a todos los morelenses; pero, además, sin el derecho de jubilarse porque no tenían ni los años trabajados ni la cantidad que habían dicho que ganaban. No podemos seguir ayudando y apoyando al compadrazgo que se vive en Morelos”, concluyó Rodríguez Ruiz.

 

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El Congreso podría iniciar un nuevo proceso de destitución en contra del fiscal general: Sotelo Martínez.

El Congreso del estado podría iniciar un nuevo proceso de destitución en contra del fiscal general, Uriel Carmona Gándara, afirmó el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, si no logra dar resultados en el caso registrado en un restaurante de Cuautla, donde dos familias fueron atacadas.
El legislador local refirió, en entrevista, que la próxima semana llevará el tema a los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a fin de que se evalúe el desempeño del fiscal.
Lamentó que el trabajo de Carmona Gándara sea cuestionable y que el funcionario sostenga que su encargo es por nueve años. "Los funcionarios no tendrían que conducirse de esa manera, no tendrían que generar ese tipo de especulaciones. Los funcionarios estamos sujetos a una temporalidad del encargo", manifestó. 
Sostuvo que el Poder Legislativo puede iniciar un proceso de remoción en contra de Carmona Gándara, sin que exista una solicitud directa del Poder Ejecutivo, por lo que reiteró que se revisará el trabajo del fiscal, y si cumple con la responsabilidad por la que la LIII Legislatura lo designó por nueve años. 
"El tema es hacer ese ejercicio de manera consciente y ver si hay condiciones para poder aprobar el trabajo de la Fiscalía. Yo creo que el fiscal debería estar preocupado por la funcionalidad, por dar resultados y porque nos podamos sentir confiados en la procuración de justicia", manifestó Sotelo Martínez. 

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Empresarios están preocupados por el destino de 150 millones de pesos del Fitur y del Fidecomp.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, informó que se revisará el destino que el gobierno que encabezó Graco Ramírez dio a los recursos financieros que pertenecían a los Fideicomisos para la Promoción Turística (Fitur) y el de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp) en el periodo de enero a septiembre del 2018.
Durante una reunión que la coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) sostuvo con empresarios del estado, éstos le manifestaron su incertidumbre por los más de 150 millones de pesos que desaparecieron el año pasado, cuando la LIII Legislatura determinó desactivar los fideicomisos antes mencionados. 
Rodríguez Ruiz informó que esta semana presentará ante la Secretaría de Hacienda del estado un informe sobre los fondos de los fideicomisos y en qué se usaron, pues se trata de recursos que se obtuvieron del pago que realizan los empresarios de los impuestos sobre la nómina y sobre el hospedaje. 
Dentro de la solicitud, la legisladora dijo que también pedirá un informe a Hacienda del monto recaudado en lo que va de este año por el cobro de dichos impuestos. 
"Solicitarle información al secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, que informe cuánto se recaudó, cuánto se está recaudando en este primer bimestre, no solamente de las aportaciones de la parte empresarial, sino también nómina, de balnearios y hoteles... Queremos saber cuánto se ha recaudado y en qué se ha utilizado. Creemos importante esta información y que se conozca en la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del Estado e informar a los grupos empresariales", agregó. 
La diputada apuntó que las reuniones con empresarios continuarán, a fin de trabajar en reformas de ley que requiera la iniciativa privada. Es que de acuerdo con Rodríguez Ruiz, empresarios de la industria textil manifestaron su inquietud por la falta de apoyos financieros. 

 

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El secretario de Hacienda señala que al pago de pensiones se destinan 600 millones de pesos por año y que en otras legislaturas hubo aprobaciones indebidas.

Los diputados locales deberán investigar un "sinnúmero" de "jubilaciones doradas" que fueron autorizadas de manera irregular en legislaturas pasadas y que causan un grave daño al erario público, afirmó el secretario de Hacienda estatal Alejandro Villareal Gasca. 
De acuerdo con el funcionario estatal, el gobierno del estado asume el costo de un gran número de jubilaciones que se aprobaron en la ilegalidad, además de las que aprobó la LIII Legislatura para favorecer, principalmente, a ex funcionarios de la administración que encabezó el ex gobernador Graco Ramírez. 
“Hay jubilaciones, no sólo las aprobadas en la última legislatura, es un tema que hay que resaltar, hay administraciones municipales que otorgaron documentos apócrifos en el sentido de autorización de plazas, montos y tiempos de trabajo. Es un tema que también estamos revisando. Es un sinnúmero que, insisto, no sólo se aprobaron por la legislatura anterior sino la de otros años", dijo el secretario. 
Villarreal Gasca comentó también que la LIV Legislatura debe investigar sobre esas pensiones onerosas, ya que también fueron autorizadas con documentos falsos, que otorgaron administraciones municipales pasadas y mediante un proceso legislativo irregular. 
“Uno de los principales municipios fue Huitzilac, tenemos registrado un sinnúmero de documentos autorizados por administraciones anteriores, donde se decía que había trabajado, pero también en la zona sur tenemos otros más”, agregó. 
Explicó que para el pago de las jubilaciones a trabajadores en retiro, el estado destina 600 millones de pesos de su presupuesto anual, lo que significa una grave carga. 
“Es un golpe a los recursos de los ciudadanos, esto no puede prevalecer. Tenemos la información de que la Secretaría de la Contraloría está haciendo algunas revisiones", agregó. 
En otro tema, refirió que se prevé una recaudación de 320 millones de pesos con la aplicación del programa vehicular, recursos que se destinarán al pago de deuda heredada por otras administraciones públicas estatales. 

 

 

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Ayer instituyeron más de 15 figuras en materia de participación ciudadana.

Diputados locales reformaron el artículo 19-bis de la Constitución Política del Estado de Morelos e instituyeron más de 15 figuras en materia de participación ciudadana, sin embargo, una vez más no se incluyó la revocación de mandato. 
Durante la sesión ordinaria que se desarrolló este jueves, los legisladores locales establecieron como figuras de participación ciudadana para el estado de Morelos las siguientes: plebiscito, referéndum, iniciativa popular, consulta ciudadana, colaboración ciudadana, rendición de cuentas, audiencia pública, cabildo abierto, congreso abierto, asamblea ciudadana, presupuesto participativo, difusión pública, red de contraloría y gobierno abierto. 
Aunque estaba contemplada dentro del dictamen la figura de revocación de mandato, quedó fuera de la reforma constitucional. 
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, el diputado morenista Javier García Chávez, pidió a sus homólogos aprobar una "reserva" en el único artículo a reformarse, el 19-Bis, a fin de no integrar la figura de revocación. 
Expuso que el tema aún es analizado y discutido por el Senado de la República, por lo que propuso esperar a que se apruebe en el Congreso de la Unión la revocación de mandato, para luego armonizar la legislación federal con la local. 
La reforma constitucional deberá someterse a consideración del Constituyente Permanente, a fin de que los 36 cabildos municipales la aprueben o rechacen. 
De avanzar, los legisladores deberán crear una nueva ley de participación ciudadana, con la colaboración del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac). 
Para la aplicación de los 15 mecanismos de participación ciudadana que se crearon, la reforma constitucional estableció que "los mecanismos de participación ciudadana pueden tener origen popular o provenir de autoridad pública, según sean promovidos o presentados directamente mediante solicitud avalada por firmas ciudadanas o por una autoridad, en los términos de la normativa aplicable". 

 

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Viernes, 12 Abril 2019 05:14

Acaba Congreso con privilegio de fiscales

Los diputados reformaron la Ley Orgánica de la Fiscalía General  para quitar pensión vitalicia y otras medidas contempladas para el titular y otros altos cargos; eliminan la obligación de otorgar el siete por ciento del presupuesto estatal al organismo.

Con 14 votos a favor, el Congreso del estado reformó la Ley Orgánica de la Fiscalía General y eliminó la pensión vitalicia de la que gozarían los fiscales general, antisecuestros y anticorrupción a su retiro.
En la sesión ordinaria de este jueves, los diputados locales dieron marcha atrás a la reforma que aprobó antes de irse la LIII Legislatura, y que también garantizaba seguridad de por vida a los tres fiscales. 
Dentro de la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado se estableció que la dependencia gozará de autonomía financiera y administrativa, sin embargo, ya no dispondrá del 7 por ciento del presupuesto total del gobierno del estado, sino que sus egresos no podrán ser menores al del año anterior. Es decir, la FGE no podrá recibir menos de 730 millones de pesos para el 2019, que fue el presupuesto que recibió en este 2018.
De igual forma, los legisladores eliminaron el "candado" que puso la LIII Legislatura para evitar que la Ley Orgánica de la Fiscalía General fuera reformada por el Congreso, al crear una "Comisión de reformas" facultada para ese tema. 
Con la multicitada reforma, el Poder Legislativo dispuso que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia regresará como dependencia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Morelos. 
El dictamen con proyecto de decreto será enviado por el Congreso del estado al Poder Ejecutivo para su promulgación. 

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Corresponden a exfuncionarios, esposas, familiares y amigos del gobierno de Graco Ramírez y de la anterior legislatura.

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Después de cuatro años de retraso, imputable a anteriores administraciones, se entregarán nombramientos a consejeros, anuncia.

Los consejeros ciudadanos contarán con el respaldo del Congreso.

Después de que en el año 2015 se desconoció -por el gobierno anterior- a quienes integrarían el Consejo Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, este jueves, o a más tardar la próxima semana, durante la sesión del Pleno, el Congreso de Morelos entregará los nombramientos a quienes resultaron seleccionados por el comité ciudadano que integró la anterior legislatura, y que fueron ratificados después de la revisión que realizaron los diputados integrantes de la actual comisión de transparencia de este Parlamento.

“A mí, como coordinadora parlamentaria del Partido del Trabajo –dijo la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz- me congratula esta acción, pues mientras en la mayor parte del país este sistema ya tiene plena vigencia, Morelos se veía rezagado en esta materia, y confío en que con esta acción se pondrá sin dilación un sistema donde participan el fiscal anticorrupción, el titular de la Secretaría de la Contraloría, el titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), el del IMIPE y un magistrado de justicia administrativa, que le urge al estado, pues no está exento del cáncer de la corrupción”.

Al ser cuestionada la diputada (quien también es presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso), sobre la razón fundamental por la que este sistema anticorrupción estaba parado, precisó que la razón principal fue porque quien preside el sistema es un consejero ciudadano, es decir, que por primera vez, una institución pública del Estado estará presidida por un ciudadano, y servidores públicos de alto nivel serán -de cierto modo- supervisados por ciudadanos; y, mientras estos no fueran electos y reconocidos por el Comité y el Congreso, no podía avanzar este sistema.

La lista de los cinco ciudadanos a los que les será entregado el nombramiento y se les tomará la protesta de ley, serán: Roberto Coranguez Esquivel (para un año de duración en el cargo); Eva Penélope Picazo (dos años); Edgar López Betanzos (tres años); María Juana Damiana Herrera Mota (cuatro años), y Alejandro Enríquez Hermida (cinco años).

Ellos ejercerán el cargo de presidente de forma anual y rotativa, en el orden de prelación en el que fueron electos. 

Al ser interrogada sobre los recursos públicos que se deben destinar a los consejeros, la diputada Tania Valentina Rodríguez aclaró que de ninguna forma esta Legislatura fue omisa en ese aspecto, ya que otorgó plenas facultades al Poder Ejecutivo cuando aprobó el presupuesto de egresos 2019, para que ajuste, aumente o disminuya las partidas presupuestales que sean necesarias para atender contingencias como esta.

Agregó que el proceder del Congreso está fundado en la Ley de Disciplina Financiera, que obliga a todos los entes públicos a entregar a la Secretaría de Hacienda del Estado su anteproyecto de presupuesto medio año antes de que el Ejecutivo envíe su proyecto al Congreso, y era, por tanto, imposible que se remitiera éste, cuando el sistema no tenía vigencia.

 

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