Esa es la razón por la que está rezagado el asunto de las “pensiones doradas” aprobadas por la anterior legislatura, plantea Tania Valentina Rodríguez Ruiz.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del estado, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, se quejó por la falta de recursos humanos y materiales para realizar su trabajo. Afirmó que por esa causa no ha cumplido con el compromiso de cancelar las "pensiones doradas" a exfuncionarios de la administración pública que encabezó Graco Ramírez. 
En entrevista, la también presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social refirió que el rezago que enfrenta dicho órgano es mayor a mil 300 solicitudes de jubilaciones, aunado a la investigación que inició para cancelar las pensiones onerosas que se autorizaron a exfuncionarios, esposas y allegados de los exdiputados que integraron la LIII Legislatura. 
"Un secretario técnico y cuatro sindicalizados tienen que sacar mil 300 jubilaciones, y de estas doradas hay que hacer una investigación. Yo presto mi vehículo... No hay vehículo, no hay investigadores, no hay dictaminadores y en una rueda de prensa los voy a presentar, que la ciudadanía vea que es muy padre exigir, pero si no tienes las herramientas, es muy difícil cumplir", declaró. 
Dijo que espera que con la aprobación del Paquete Económico 2019 se asigne un mayor presupuesto al Congreso y se contrate más personal y equipo para que los legisladores puedan hacer su trabajo. 
"Parte de ese presupuesto es para que haya 10 dictaminadores, seis abogados, dos investigadores, un vehículo, aunque sea viejito, una computadora e internet, porque no tenemos internet en las oficinas de la Comisión del Trabajo", añadió. 
Reiteró que sigue en investigación la aprobación de las llamadas "pensiones doradas", y en los próximos días dará a conocer los avances. 

 

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Existen consensos para que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del gobierno del estado se desahogue este mismo viernes, afirma la legisladora Rosalina Mazari Espín.

Los diputados locales podrían aprobar esta semana el Paquete Económico 2019, que se integrará de la propuesta inicial que presentó el Poder Ejecutivo y no del decreto que autorizó un grupo de 15 legisladores.
De acuerdo con la diputada priista Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, existen consensos para que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del gobierno del estado se desahogue este mismo viernes, una vez que se haya integrado un dictamen de mayoría. 
"Vamos a analizar el presupuesto legal, el que no está observado... el Ejecutivo presentó una propuesta y cinco integrantes de la Comisión de Hacienda trabajaron, quitamos y pusimos y en base a ese", explicó. 
Mazari Espín explicó que para lograr la aprobación del Paquete Económico en consenso, y de manera legal este jueves, se convocó desde la tarde de ayer a mesas de trabajo con los legisladores. 
Adelantó que existen consensos para avanzar en el programa de reemplacamiento, incrementar el presupuesto al Instituto de la Mujer, para el pago de la prima de antigüedad de maestros y otros rubros que así lo requieren. 
Sin embargo, insistió en que el dictamen que se logre aprobar estará basado en la propuesta inicial que presentó el Poder Ejecutivo para la aprobación del Paquete Económico, y no en el decreto que tuvo observaciones por parte del gobernador del estado Cuauhtémoc Blanco, tras haberse aprobado fuera de la legalidad por un grupo de 15 legisladores el pasado 9 de enero. 
La legisladora priista informó que posterior al Paquete Económico, los legisladores buscarán aprobar 25 leyes de ingresos municipales, cuyos dictámenes se integrarán de las reuniones que iniciaron este lunes y concluirán este miércoles con autoridades municipales, a fin de que puedan atender a las observaciones que realizó la Comisión de Hacienda, para evitar altos costos en servicios, derechos e impuestos. 

 

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Diputados locales realizaron observaciones a 15 de las 25 iniciativas de Leyes de Ingresos Municipales para el ejercicio fiscal 2019 que presentaron los alcaldes ante el Congreso del estado, por contemplar incrementos en el cobro de derechos, impuestos y servicios municipales.
Durante la sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, la mayoría de las legisladoras que la integran revisaron las propuestas que presentaron los cabildos municipales y detectaron abusos en un gran número de las propuestas. 
"De los municipios que llama la atención es el municipio de Puente de Ixtla que quiere 192 millones de pesos, cuando tiene desagregada la comunidad de Xoxocotla... Realmente es desproporcional, porque teniendo a la comunidad de Xoxocotla se llegó a proyectar a 172 millones de pesos y ahora Xoxocotla tiene su ley aprobada de 80 millones de pesos y el alcalde propone 192 millones, con muchos impuestos nuevos, hasta por respirar, por poner un ejemplo", explicó la diputada Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda. 
Sin embargo, la legisladora priista informó que el próximo lunes fueron citados los alcaldes y tesoreros para revisar las observaciones que hicieron a las iniciativas, a fin de que reconsideren en algunos conceptos. 
Otros ajustes que se tendrán que hacer a algunas leyes de ingresos municipales, son referentes a un mal cálculo de ingresos, por encima de lo que les corresponde a cada ayuntamiento, de acuerdo a lo que señala la Ley de Coordinación Hacendaria. 
No obstante, refirió que ningún cabildo solicitó la autorización del Congreso para contratar deuda pública, a diferencia de lo que ha sucedido al inicio de otras administraciones municipales. 

 

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Corresponde a lo realizado de octubre a enero.

El gobernador del estado Cuauhtémoc Blanco Bravo envió este viernes su primer informe de gobierno al Congreso del estado. Diputados locales informaron que la próxima semana fijarán las fechas de las comparecencias de los secretarios de despacho para integrar la glosa.
Horas antes de que se venciera el término para que el mandatario estatal cumpliera con dicha obligación constitucional, a la 13:21 horas de la tarde de ayer un representante del Poder Ejecutivo acudió ante la presidencia de la Mesa Directiva y entregaron un tomo y 20 discos compactos para cada uno de los legisladores. 
El primer informe del gobernador Blanco Bravo corresponde a las acciones de gobierno del período de octubre del 2018 a enero del presente año, de acuerdo a lo que marca el artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Morelos. 
Mientras tanto, la coordinadora del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, informó que la próxima semana definirán en la Junta Política y de Gobierno las fechas en las que comparecerán los secretarios de despacho para integrar la glosa del informe. 
Refirió que posiblemente no sean citados todos los secretarios, sino los que determinen la mayoría de legisladores como de sus intereses, para cuestionarlos sobre los avances en los primeros cuatro meses de la administración pública estatal. 

 

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Cinco organismos independientes solicitan ampliar su concesión.

El Congreso del estado analiza concesionar por 10 años el servicio de agua potable a organismos independientes de Jiutepec, tras una solicitud que presentó la administración municipal que encabezó Manuel Agüero Tovar. 
Durante la sesión de las Comisiones Unidas de Planeación para el Desarrollo Social, Metropolitano, Zonas Conurbadas y Asentamientos Humanos y de Medio Ambiente, Agua y Recursos Naturales, autoridades municipales, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los legisladores, se escucharon las propuestas de ciudadanos de cinco organismos para renovar sus títulos de concesión y mantener el control de la extracción y distribución del vital líquido por organismos independientes. 
La propuesta para renovar las concesiones se presentó ante el Congreso local desde la administración municipal pasada; sin embargo, el ayuntamiento llevará a cabo mesas de trabajo con los vecinos. 

A la par, el gobierno de Rafael Reyes Reyes presentará un dictamen ante el Poder Legislativo en el que expondrá elementos jurídicos, técnicos y socioeconómicos respecto a la operación de los sistemas de agua potable independientes, que significan una fuga de recursos financieros para el municipio y, a la larga, problemas sociales, como el que prevalece en Tejalpa, donde hay cortes del suministro del agua potable que el ayuntamiento debe atender. 
Los organismos que buscan ampliar su concesión son el Pedregal de las Fuentes, Residencial Sumiya 2, Progreso, Sierra Montenegro y Hacienda San José. 
El tema será analizado en los primeros días de marzo por las comisiones legislativas antes citadas para su dictaminación, a fin de que el asunto sea votado por el Pleno y se determine su posible aprobación. 

 

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El próximo 22 de marzo se termina la gestión del actual titular.

El Congreso del estado emitirá la convocatoria para elegir al próximo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), ya que el próximo 22 de marzo se vence el período de Jorge Arturo Olivares Brito.
En sesión de la Junta Política y de Gobierno, las coordinadoras de los grupos y fracciones parlamentarias acordaron emitir hoy la convocatoria, para el registro de los aspirantes a presidir el organismo público autónomo por un período de tres años.
En la misma convocatoria se permitirá el registro para los aspirantes a representar el Consejo Consultivo que supervisa el trabajo de la CDHEM, que está integrado por seis abogados y es un cargo honorífico. 
Una vez que se haya concretado el registro, que durará cerca de una semana, la Junta Política y de Gobierno recibirá a los aspirantes y validará si cumplen con los requisitos que marca la Constitución Política del Estado. 
Posteriormente, y una vez que la Junta Política y de Gobierno haya validado la lista de los aspirantes que cumplieron con los requisitos, se someterá a consideración del Pleno la elección del presidente y los consejeros de la CDHEM, para lo que se requerirá del voto aprobatorio de las dos terceras partes de los miembros del Congreso. 
La presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, confirmó que Jorge Arturo Olivares Brito presentó ante el Congreso del estado su solicitud para ser ratificado en dicha representación por un período más de tres años. 

 

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La crisis de operatividad del Legislativo estatal tiene su origen en los malos manejos financieros de la anterior legislatura, denuncian.

Luego de la contingencia permanente que vive el Congreso por la falta de recursos, trabajadores del Poder Legislativo pidieron a los actuales directivos del mismo que se obligue a los exdiputados Francisco Moreno Merino, Beatriz Vicera Alatriste y Hortencia Figueroa Peralta a devolver el dinero que desfalcaron mientras encabezaron a los diputados locales.

“No es justo que se haya tenido que pedir dinero prestado para pagar los aguinaldos 2018 si ya estaban presupuestados”, señalaron algunos de los inconformes, que pidieron el anonimato.

Indicaron que las condiciones en las que se trabaja actualmente en el Congreso son “poco honorables”, pues la falta de dinero ha afectado la operatividad, “pero eso afecta a los ciudadanos en general de alguna forma, sin embargo, a nosotros los trabajadores sí nos daña de manera directa, mientras esos tres sinvergüenzas siguen allí, como si nada”, indicó otra persona que labora en el Poder legislativo.

“Nos dejaron sin nada y todo comenzó desde la administración de Francisco Moreno, que no sólo es prepotente sino también un ratero, como sus compañeros”, indicaron quienes exigen que los tres mencionados, sean obligados a devolver el dinero desviado de las arcas del Congreso para hacer frente a la mala situación actual.

 

 

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El presidente de la Mesa Directiva confirma que se catearon las viviendas de varios ex legisladores.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que el cateo a domicilios de ex integrantes de la LIII Legislatura se realizó por el presunto saqueo que se cometió a las oficinas del Poder Legislativo, antes de septiembre del año pasado.
En entrevista, el legislador del Partido Encuentro Social (PES) dijo que las revisiones a las casas de los ex diputados se realizaron a raíz de las denuncias que promovieron como LIV Legislatura en su contra ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.
Sotelo Martínez dijo que se presume el saqueo de las oficinas del Congreso del estado, pues no coincide el mobiliario que recibieron, con el inventario que la LIII Legislatura presentó como parte del proceso de entrega-recepción.
Además de muebles, cuadros y aparatos, los diputados reportaron la falta de documentación en cada una de las comisiones que integran y que sustentarían el trabajo que realizó la pasada legislatura.
Sotelo Martínez dijo que aportarán la información necesaria, para que se castigue a los responsables del presunto desfalco y saqueo que se cometió al Poder Legislativo.
"Se está avanzando, que bueno que se está avanzando, sobre todo en diligencias de esta índole y habremos de esperar a que sea la Fiscalía la que nos dé los resultados", agregó.

 

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En próximos días se instalarán mesas de trabajo para discutir la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del año que transcurre.

El Jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, manifestó que se encuentra todo listo para que los secretarios de despacho del Gobierno de Morelos comparezcan ante los integrantes de la LIV Legislatura estatal para analizar detalladamente el presupuesto del Paquete Económico 2019.
“Ya estamos en contacto con el Congreso del estado y yo creo que la siguiente semana se instalarán las mesas de trabajo con todos los diputados”, refirió el funcionario estatal.
Confirmó que estas reuniones entre secretarios y diputados estarán desarrollando un trabajo técnico específico para revisar y solventar dudas sobre las propuestas de programas y acciones, las cuales se ejercerán durante el año que transcurre.
Se espera que al concluir estas mesas se pueda autorizar en la brevedad posible el paquete económico completo, el cual incluye las propuestas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos presentadas por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.
La Secretaría de Hacienda, dependencia que coordina estos trabajos con el legislativo estatal, indicó que dicho análisis partirá desde la propuesta presentada por el Ejecutivo estatal, la cual fue ajustada con base en el dictamen que realizó la Comisión de Hacienda del Congreso de Morelos.
Los principales temas que se abordarán en las comparecencias serán el reemplacamiento vehicular, las participaciones destinadas a los organismos auxiliares del Gobierno de Morelos y los recursos de programas federales que destinará al estado el Gobierno de México.
Sanz Rivera manifestó que hay confianza para que pronto se apruebe en consenso la propuesta, ya que se percibe voluntad política de ambas partes para que este tema pueda caminar por buen rumbo y, sobre todo, atender las principales necesidades de la ciudadanía.
La propuesta de Paquete Económico 2019 presentada por el Ejecutivo busca privilegiar principalmente áreas que contribuyan al desarrollo social, tales como educación, salud, cultura, deporte, agricultura y obra pública, con el fin de fortalecer el desarrollo económico y disminuir los índices de inseguridad en la entidad.

 

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Se mantiene la deuda del Legislativo con el Instituto de Crédito.

Trabajadores sindicalizados del Poder Legislativo pedirán un incremento al salario del 10 por ciento en las negociaciones del contrato colectivo 2019 que iniciarán a finales del presente mes. 
El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, Erick Alejandro Reyes Chávez, informó que se acordó con los diputados iniciar las negociaciones laborales en los próximos días, una vez que se haya desahogado el Paquete Económico 2019.
Refirió que la propuesta será del 10 por ciento de incremento al salario de cada uno de los 146 sindicalizados, sin embargo, el resto de las prestaciones sólo tendrán un ajuste en base al incremento salarial de este año.
Reyes Chávez manifestó su confianza en que en este año se logre un convenio de manera inmediata y no suceda como el año pasado, cuando el contrato se logró hasta el mes de agosto, días antes de que terminara la LIII Legislatura.
Refirió que a la fecha, la Mesa Directiva del Congreso del estado logró liquidar los adeudos que heredaron los exlegisladores en el tema de prestaciones laborales. Sin embargo, permanece la deuda con el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, ya que por más de un año "congeló" sus derechos ante dicho organismo. 

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