Zona sur.- Los presidentes municipales podrían recurrir a la controversia constitucional para no pagar por lo menos 90 días de salario mínimo mensual a los ayudantes municipales, que ahora obliga la ley orgánica municipal, reconoció la diputada local Hortencia Figueroa Peralta.

La legisladora recordó que la iniciativa de reforma a la citada ley, para que los ayudantes municipales de todo el estado reciban no menos de 90 días de salario mínimo mensuales para desempeñar su labor, se presentó en diciembre de 2016, pero se publicó apenas el pasado 18 de enero 2017, por lo que ya está en vigor.

Defendió que si bien los ayudantes municipales no son empleados del municipio, fueron electos en sus respectivas comunidades por los ciudadanos, por lo que necesitan un ingreso mínimo  para desplazarse o realizar gestiones.

“Una justificación que hubo para que hayamos tomado esta decisión es que los ayudantes emanan de un proceso electoral, a diferencia de aquellos que se incorporan a un ayuntamiento a prestar un servicio como coordinadores, o directores, incluso sin perfil, sólo porque son gente de confianza del presidente o del cabildo”.

Dijo que cada municipio debe asignar un presupuesto anual para los ayudantes, pero con un mínimo de 90 días de salario mínimo, porque en Emiliano Zapata les otorgan 15 mil pesos mensuales.

También mencionó que hay municipios como Jojutla, que apoya con casi tres mil pesos a los ayudantes, mientras que otros, les dan mil o mil 500 pesos, que son los que tendrán que incrementar sustancialmente el apoyo.

“Los presidentes municipales, lamentablemente, piensan que castigando a los ayudantes, neutralizan la participación de los ciudadanos, pero en realidad, castigan a todos los ciudadanos que están detrás”.

No obstante, reconoció que ya hay inconformidad de los presidentes municipales, que han declarado que acudirán a la controversia constitucional, porque violenta la autonomía municipal.

“Si bien la ley ha reconocido la autonomía presupuestal y financiera a los ayuntamientos, tenemos el caso de las pensiones, hay reglas que tienen que cubrirse para poderse pagar y en el caso de las pensiones, se establece un mínimo. Si bien los municipios tienen la libertad, también se establecen criterios para el pago de las prestaciones”.

Interrogada acerca de si esta disposición se publica después de que ya se hicieron los presupuestos de todos los municipios, respondió que “cuando hay voluntad política, no es tarde” y los ayuntamientos están a tiempo de tomar medidas administrativas para garantizar el cumplimiento de esta reforma.