En conferencia de prensa, Ernesto Monter Monter, a nombre de la agrupación, dio lectura a la posición de este grupo empresarial, en un documento de nueve puntos, en el que destaca: “la redacción del mencionado citatorio carece de toda legalidad, ya que el mismo, pretende producir consecuencias jurídicas a sus destinatarios, sin contar con elementos esenciales y de validez del supuesto acto jurídico”.

Añade que el gobierno municipal pretende cobrar dicho impuesto a los negocios sin que estén actualmente construyendo o cambiando el uso del suelo, por lo que se violenta el artículo 14 constitucional, que a la letra dice: “a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”.

“En términos generales, deberá quedar claro para la autoridad municipal, que si lo que pretende es ingresar activos a la hacienda pública, deberá encontrar para ellos una verdadera contribución, pues requerirlas a título caprichoso y sin fundamento, constituye un exceso de autoridad”, precisó.

AGES sugiere que atender el comunicado que entrega el ayuntamiento es “ocioso”, por carecer de fundamento y motivación, por lo que manifestó “su enérgico desacuerdo con la emisión de tales citatorios y exhortamos a la autoridad municipal a que reflexione sobre la incongruencia del contenido de sus documentos y que se ajuste al principio de legalidad”.

Juan David Suayfeta, presidente de AGES, deploró que la manera más fácil de hacerse llegar recursos es creando impuestos, cargándole la contribución a los ciudadanos, por lo que consideró que el gobierno debe poner orden y aplicar los impuestos que ya existen. Y también vigilar la correcta aplicación de los recursos que recibe para hacerlos rendir.