Jojutla.- Los municipios de Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Puente de Ixtla y Amacuzac han violentado sistemáticamente el derecho de petición de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), a la que no le ha concedido una audiencia en meses, aseguró el presidente del organismo camaral Emanuel Parra Fuentes.

En conferencia de prensa, el dirigente aseguró que estos cuatro municipios ignoran el artículo octavo constitucional, que obliga a las autoridades a contestar cualquier solicitud de audiencia y a la brevedad posible.

Refirió que desde el año pasado han buscado el acercamiento con los cuatro ayuntamientos mencionados, sin que a la fecha hayan recibido respuesta, para tratar el pago de las licencias de funcionamiento municipales, que cada municipio cobra indebidamente.

Aseguró que lo más reciente fue hace un mes, cuando otra vez enviaron oficios a sendos municipios para pedir una reunión con cada alcalde, para proponer un convenio que reduzca el cobro por este concepto y aún siguen esperando respuesta.

“Llevamos lo que va del trienio, solicitando la reunión para la firma de los convenios, con ninguno de estos cuatro nos hemos podido sentar a platicar sobre el tema”.

Destacó que en el caso de Tlaltizapán, el año pasado el gobierno le anticipó a la cámara que no firmaría ese convenio, pues no quiere reducir el pago de licencias comerciales.

“Le dimos números al gobierno, de que aquí la captación no es significativa y nosotros lo vemos más bien como una lucha de ego, de que yo (el presidente) soy el cacique que manda y que decide cómo se hacen las cosas”.

En el caso de Tlaquiltenango, refirió que ese municipio también quiere cambiar algunas cosas del convenio propuesto. En Amacuzac, quien los atendió una vez no sabía ni para qué servía la cámara de comercio y en Puente de Ixtla, después de varias peticiones, nunca han encontrado a la presidenta municipal.

Fuentes Parra destacó que los municipios no están facultados para cobrar, y los negocios no están obligados a pagar, la única obligación que tienen es la de inscribirse en un padrón comercial o industrial, pero pese a ello, quieren convenir en el pago de una cuota simbólica, sin embargo, los ayuntamientos no se conforman.

“El asunto es que legalmente no pueden obligar a ningún comercio establecido a pagar el refrendo, pero implementan el terrorismo municipal, le dicen a los comerciantes que les van a cerrar, para atemorizarlos y paguen”.

Finalmente, dijo que si los ayuntamientos no atienden su petición, buscarán ante el Congreso de la unión, que se obligue a los ayuntamientos a la firma del convenio o bien a que se omita la obligación de la firma en la licencia.