“Tenemos un laudo en contra del Ayuntamiento, originado en la administración anterior, en el que un elemento de Seguridad Pública recurrió al Tribunal de lo Contencioso Administrativo al ser despedido tras una accidente en el año 2008. Hay ya una sentencia en donde condenan al Ayuntamiento a pagar 309 mil 986 pesos y ordenan la reinstalación de Óscar Bastida Zúñiga”, reconoció el alcalde. No obstante, aseguró que el policía fue reinstalado el día 11 de mayo del año pasado, pero dejó de presentarse.

Dijo que no pagará la cantidad que le piden porque el municipio no cuenta con recursos suficientes para hacerlo, pues representa mucho dinero que significaría dejar de hacer obras. “Conocemos los derechos laborales; sin embargo, esa cantidad es fuerte para Tlaquiltenango y en ese sentido estaríamos dispuestos a dialogar con la persona (y pagar), pero no esa cantidad… y si nos arrestan, que nos arresten; no tenemos ninguna objeción. Vamos a darle el seguimiento y eso no nos intimida por defender los intereses del municipio”.

Admitió que si la Secretaría estatal de Seguridad Pública lo arresta, estará haciendo lo que le manda la autoridad, por lo que “yo no voy a poner objeción absolutamente”.

Expuso que ya platicó con el ex trabajador y hay posibilidades de que lleguen a un buen arreglo, pero eso sí, no le pagarán lo que pide, pues en circunstancias similares han pagado alrededor de 30 mil pesos.

“Además, le hicimos la oferta de que se reinstalara a sus labores pero el propósito que tiene él es de pensionarse”.

Dijo que a la fecha el Ayuntamiento ha pagado en total más de un millón 800 mil pesos en indemnizaciones, pero en cantidades que van de los 10 a los 30 mil pesos, y “hay gente que se ha ido sin recibir nada a cambio, conciente que ya tuvo la oportunidad de colaborar, de servirse de la administración”.