Como se recordará, a principios del mes de enero de 2010, los hermanos Verónica y Mario (éste de doble nacionalidad) Bustamante Martínez acusaron que por un conflicto por la calle en donde vive el alcalde, éste hubo ordenado a la Policía municipal que los detuvieran y encarcelaran, torturándolos en el trayecto.

Los hermanos presentaron una denuncia ante el Ministerio Público por abuso de autoridad y otra ante la CDHEM.

El cinco de julio de 2011, la CDHEM emitió una resolución en la que recomendaba al edil ofrecer disculpas a los ciudadanos, iniciar procedimiento administrativo contra los 15 policías que participaron en los hechos, inscribir en su historial este incidente y pagar tanto el daño moral como de salud ocasionado a los ciudadanos –entre otras cosas--.

Sin embargo, el alcalde rechazó la resolución y anticipó que no la acataría, argumentando que “no están sustentadas”.

En declaraciones realizadas a este medio en agosto, el edil resaltó que no se puede medir el daño moral ni tampoco calcular los daños a la salud, además de que cuestionó los exámenes médicos practicados a la pareja de hermanos porque no provinieron de un médico legista, sino de uno particular.

Entrevistada ayer al respecto, la presidenta de la CDHEM, Lucero Benítez Villaseñor, de visita en San José durante un curso de capacitación a policías en materia de juicios orales, reveló que se ha emplazado al edil a responder por qué no acata la recomendación y si la respuesta es negativa, intervendría la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

“Vemos un desconocimiento total de los asesores del presidente municipal, porque inclusive impugnaron la recomendación, cuando es un derecho que sólo le asiste al quejoso; ya hablamos con las autoridades municipales porque es un caso sumamente delicado. Le hemos solicitado que en un plazo de diez días, antes de que la Comisión Nacional se pronuncie, --el alcalde-- acepte la recomendación y si no, se cite a comparecer al servidor público para que diga por qué y justifique los motivos por los cuáles no aceptó la recomendación”.

No recordó la fecha en que le hicieron llegar el documento, pero aseguró que ya transcurrió por lo menos la mitad del plazo señalado.

“Tendrán que resolver si aceptan la recomendación; si no, ya la (Comisión) Nacional hará el pronunciamiento y nosotros pediríamos que se cite a comparecer”.

Dijo que ahora las recomendaciones tienen más fuerza y son prueba plena ante cualquier juicio. “Debemos exigir a nuestros servidores que sean citados a comparecer al Congreso, para que den la cara a la sociedad y justifiquen los razonamientos por los cuales no aceptan una recomendación”.

Interrogada acerca de la objeción del edil de que no se tomaron en cuenta dictámenes de médicos oficiales, la funcionaria respondió que los expedientes son revisados por los abogados de ambas partes y es muy difícil que se dejen pasar pruebas de alguna de las partes. Además, el visitador tiene fe pública y con presencia del médico se puede comprobar que efectivamente se cometieron los actos de abuso de autoridad. “Y le dimos la oportunidad en igualdad de aportar pruebas”.