Entrevistado ayer, durante su visita a este lugar, el directivo refirió que la asesoría jurídica se creó apenas en abril de este año, tiene su sede en el Distrito Federal y existen 15 delegaciones en 14 estados de la República.

“En Morelos tenemos una delegación compuesta por asesores jurídicos, por trabajadores sociales, psicólogos y médicos que presta atención a todas las víctimas de delitos del fuero federal y en algunas ocasiones, del fuero común”.

Señaló que una de las tareas de la comisión ejecutiva de atención a víctimas, es que el Ministerio Público informe efectivamente a las víctimas, que tienen el derecho de contar con un asesor jurídico.

“Los códigos procesales y el código nacional, señalan que todas la víctimas de los delitos deben contar durante el procedimiento con un asesor jurídico”.

Reconoció que en la gran mayoría de casos, no se otorga esta asesoría a las víctimas, que es necesaria durante los procedimientos. “Si el Ministerio Público no realiza ciertas diligencias, o si está actuando negligentemente o de forma lenta, el asesor jurídico tiene la obligación de hacer valer el derecho de la víctima; a que todo eso sea rápido, a que dentro del proceso, se incorporen todos los elementos de prueba”.

Ahora que se aplique el código nacional de procedimientos jurídicos, prosiguió, tambièn en Morelos, no habrá modo de hacerse a un lado, Ministerio Público y los jueces, deben decirle a la víctima que tiene derecho a contar con un asesor jurídico privado o bien a un asesor público, y que si no pude pagar uno privado, hay una institución del estado de asesoría jurídica federal o bien asesorías jurídicas locales que tienen que garantizar ese derecho. 

Vasconcelos reconoció a la entidad,“como un lugar donde hay un índice delictivo importante” y que también debe reforzar su atención a víctimas.

“En todo el país, y específicamente en Morelos, hay que reforzar la atención a víctimas. Aquí se aprobó una ley que tiende a eso, a reforzar la atención a víctimas, lo que hay que vigilar muy de cerca es, creo, dos cosas: primero el tipo de órganos que se han creado en la ley para atender a las víctimas, y segundo, que la atención sea integral, es decir, que no sea ni superficial ni orientada a un solo objetivo”.