Tlaquiltenango.- Además de contratar a abogados, los integrantes del cabildo de este lugar -denunciado penalmente por el gobierno del estado por oponerse al Mando Único- tramitan un amparo, confirmó el regidor Pedro Aragón Michaca.

“Estamos analizando con los abogados las estrategias que vamos a seguir, estamos viendo de lo que nos están demandando, que es según por abuso de autoridad, por despojo  y por creo faltas que no estamos desarrollando. Estamos llevando a cabo también lo de un amparo, por cualquier cosa, para estar preparados pero sí, ya estamos preparándonos para comparecer el 16 de febrero”, declaró el concejal.

Dijo desconocer porqué se denunció sólo a algunos integrantes del cabildo, quizá “fue por sorteo”, o quién sabe, porque sí íbamos todos los integrantes del cabildo (en la manifestación donde tomaron las instalaciones de seguridad pública)”.

Externó que no tienen ningún tipo de temor, porque consideró que no han actuado indebidamente. “Mi conciencia está tranquila en el aspecto de que estamos haciendo lo que el pueblo nos manda, lo que están sufriendo ellos, y nosotros como representantes de ellos, tenemos que darles respuestas”.

Reconoció que ya contrataron a por lo menos dos abogados que  se integraron con el bufete jurídico del ayuntamiento, pero dijo desconocer sus nombres y si les pagarán con recursos públicos. “No lo hemos aclarado. Ahorita lo que estamos viendo (es) la manera de salir bien librados de este proceso”.

Precisó que nunca han estado en contra del Mando Único, sino de sus acciones. “Estamos en contra de las directrices que están tomando, los abusos, los atropellos que está sufriendo la población de Tlaquiltenango; pero que digamos que estamos en contra del Mando Único, que queremos desterrarlo, eso es una mentira”.

El pasado 18 de enero del presente año, los integrantes del cabildo encabezaron una marcha y la posterior toma de las instalaciones de la dirección de seguridad pública municipal, echando del lugar al director del Mando Único, Margarito Rosales Vergara.

El 28 de enero, el gobierno del estado, a través del propio Rosales Vergara, denunció penalmente al presidente municipal Enrique Alonso Plascencia, a los regidores Pedro Aragón Michaca y Eder Alan Campos Domínguez, a la secretaria municipal Paola Chávez y a dos personas más, por abuso de autoridad, incumplimiento de funciones públicas y despojo, por lo que deberán comparecer el próximo 16 de febrero en la ciudad judicial de Jojutla, para ser notificados de la formulación de imputación.