Jojutla, Morelos.- Con la reforma laboral, el pago de salarios caídos de un trabajador que demande laboralmente a algún ayuntamiento, no excederá los seis meses, lo que acaba con el negocio millonario de demandar, incluso repetidamente a las administraciones municipales, señaló María Reyna Valencia Reyes, procuradora estatal de la defensa del trabajo.
La funcionaria reconoció que hace falta cultura en los ayuntamientos para respetar los derechos de los trabajadores, pues puede indemnizar o cesar a un trabajador, pero muchas veces no lo hace.
“Los trabajadores al servicio del gobierno en cualquiera de sus tres niveles, tienen derechos, constitucionalmente están tutelándose sus derechos y hay que respetarlos, y si el gobierno va a prescindir de algún trabajador, lo mejor es que concilie con él para llegar a buenos términos y no se cree un conflicto que al final de cuentas le va a pegar a la sociedad y al presupuesto público”, dijo.
Expuso que con las modificaciones a la ley, ahora ya no hay reinstalación para los trabajadores de confianza y los salarios caídos no pueden ser de más de seis meses.
“Afortunadamente el tema de laudos dejará de ser un negocio, por decirlo así. La ley burocrática estatal establece un tope de los salarios caídos, que es por seis meses, y le impactó la reforma laboral del 2011, que estableció que los salarios caídos son de un año. Pero los colegiados en esta entidad establecieron el criterio de respetar lo que la legislatura local determinó, de que sean (los salarios caídos) de seis meses (aunque transcurra más tiempo sin que los paguen). Bajo ese esquema y con fundamento en ello, el trabajador tiene que ponderar si sigue realizando esa conducta asidua de demandar a uno, demandar a otro, para hacer como una vaquita o buscar algún lucro, porque son instituciones que no tienen ganancias. Eso no quiere decir que se haya inhibido totalmente esa conducta (de demandar y demandar), pero ya no van a ser cuentas millonarias”.
Destacó que los municipios -no obstante- siguen despidiendo personal, sin observar los derechos de los trabajadores.