Hace dos o tres legislaturas, los burócratas estatales y municipales se movilizaron para bloquear con éxito la propuesta de crear un instituto de pensiones que se hiciera cargo de cubrir el pago a todos aquellos de sus colegas que se jubilaran o pensionaran.
El simple paso del tiempo amenaza con cobrarles la factura, pues los recursos necesarios para cubrir ese rubro cada vez crecen más sin que haya una solución práctica que impida la insolvencia de las arcas públicas.
Políticamente se logró un triunfo que sin embargo tendrá enormes costos para la operatividad del aparato gubernamental si no se pone un remedio drástico y adecuado.
La simulación y la complicidad que llevaron a la situación actual ya no pueden prolongarse, pues ejemplos de lo que puede pasar sobran con universidades públicas y organismos paraestatales del gobierno federal que enfrentan fenomenales pasivos por esta causa.
