Deudores alimentarios, agresores sexuales o golpeadores de mujeres son candidatos o están en equipos de campaña de aspirantes a cargos en el presente proceso de elecciones. Es una realidad denunciada por organizaciones y que muestra no sólo inquietantes grados de violencia en razón de género en nuestra sociedad, sino lagunas también alarmantes en los filtros para seleccionar candidaturas.
La circunstancia evidencia todavía más (si no estaba probado ya) que la rectitud no es requisito en los partidos políticos para las postulaciones. Simplemente esas instituciones no conocen mecanismos para conocer la integridad de sus cuadros.
La autoridad electoral también falla en el aval de esas candidaturas, en una cadena de infortunios que en la política premia a criminales.
