Ayer el periódico Reforma narraba que el gobierno panista acaba de dar su último zarpazo al lograr la hazaña de tener en quiebra a la mismísma Lotería Nacional, que de contribuir al combate a la pobreza hoy requiere del presupuesto federal para vivir, al igual que Pemex, la CFE, el IMSS, el ISSSTE y cualquier cosa que quepa en una sigla pero que tiene una característica común basada en la contratación de jefes al por mayor -con buenos sueldos, por supuesto- y poco personal operativo y experimentado.

Por supuesto, el PRD ha hecho lo mismo en casi todos los lugares donde ha conseguido gobernar, y en general el resto de los partidos.

Y no porque los mexicanos seamos corruptos por naturaleza, sino porque quienes propician y se aprovechan de la corrupción se han cuidado de que las leyes sean lo suficientemente malas como para que los castiguen.

Con leyes claras y de simple aplicación en contra de los excesos de quienes administran el dinero público, otro gallo nos cantaría, lo mismo a nivel federal que local. De hecho, los gringos, que manejan a su antojo al actual gobierno federal, centran parte de su “ayuda” en crear un sistema de justicia confiable y eficiente. Aunque les cuesta trabajo.

Pero el secreto está allí: leyes claras para castigar el latrocinio, sistemas expeditos de aplicación de la ley y jueces y agentes del Ministerio Público que sepan hacer su tarea y la hagan bien. Lo que hoy es imposible, tanto en Morelos como en el resto del país, porque aunque debería ser una prioridad, no lo es para quienes gobiernan. Se entiende por qué.