Esa dos situaciones (la ilegalidad al haber vencido el tiempo de su gestión y su no oculta afinidad partidista) han dejado al organismo que en teoría agrupa a los padres de familia con hijos en escuelas públicas sin ningún tipo de influencia.

Si ella ha rendido cuentas de los recursos que maneja lo ignoro. Y muchos de sus supuestos representados también.

Esa va a ser una de las herencias que dejarán los encargados de la educación pública en los dos gobiernos panistas. Así como muchas “escuelas gallineros”, como las bautizó Sergio Estrada Cajigal cuando dijo que acabaría con ellas.

Y 500 profesores en la nómina del gobierno del estado, porque su salario no lo paga el gobierno federal, como debería ser.

Y muchas cosas más, en lo que será una cuenta muy larga, con lastres como la citada dirigente, mejor dicho, representante que, por pura dignidad, debería dejar el cargo para que el gobierno convoque a elecciones.