Una parte de los internos en el penal es inocente (ignoro qué porcentaje, pero de que los hay, lo hay) y muchos más tienen delitos adicionales a esos que los tienen tras las rejas.

Antes, la mayor parte de quienes llegaban a “la grande” habían cometido delitos patrimoniales. Hoy el balance es otro, como efecto de la descomposición de la delincuencia organizada en innumerables facciones.

Sin embargo, no hay ningún político ni funcionario público allí. Si acaso alguno relacionado con hechos de sangre, pero no por su labor en la administración pública.

Y todos conocemos al menos a uno de esa especie que ha robado.

Parte de la situación actual de la sociedad morelense estriba en eso: todos los principales ladrones están libres, ni siquiera sufren el acoso de la ley.

Sus colegas que usan métodos violentos si están presos. Pero los que roban desde un escritorio lo pueden hacer impunemente.

De ese tamaño es la complicidad de aquellos que se supone deben vigilar que el dinero público esté a salvo.

Y eso, por supuesto, tiene que cambiar. No por revanchismo, sino porque así dice la ley, aunque sea letra muerta.