Los abusos que en las últimas semanas cometen los policías estatales encuadrados bajo diferentes nombres (Mando Único, Acreditables, preventivos a secas) no han tenido una verdadera réplica de la abogada Lucero Benítez Villaseñor, quien se limita a decir que inicia investigaciones (o como se llame a lo que hace) de oficio ante cualquier nota periodística.
Pero pese a tanto señalamiento aún se niega a reconocer que debe gastar algo más que un poco de saliva para servir al pueblo que le paga su jugoso salario.
Un defensor del pueblo no puede estar sólo detrás de un escritorio, o en relejados ambientes en restaurantes, o en despachos palaciegos para hacerse sentir. Lo único que logra es que la vean y que salga en periódicos y noticieros. Pero -insisto- eso no ha inhibido los casos de violaciones a los derechos humanos de los morelenses.
Las personas que no han cometido ningún delito pero que fueron torturados por los policías arriba citados salen de la cárcel por falta de pruebas, pero no ha habido hasta ahora ningún agente sancionado, mucho menos cesado, por alguno de esos abusos.
Eso propicia que sigan con su actitud. Y que no enfrente a los delincuentes, porque esos sí responden.
Los morelenses gastan varios millones de pesos al año para que opere un organismo que en teoría tiene la labor de defenderlo de los abusos de la autoridad. Pero es un dinero tirado a la basura. Y en tiempo de escasez, todo eso resulta en un triste derroche.
Mientras, los ciudadanos deben cuidarse solos, sobre todo aquellos que cumplen con los estereotipos que los marcan como delincuentes en potencia según el profundo conocimiento policial: ser jóvenes, o tener el pelo largo, o la piel oscura, o vestir como pobres o todas esas características juntas.