Ligados al gobierno, esos talleres mecánicos reconvertidos en algo más especializado lograron tener una legislación a modo, a fin de promover sus ganancias basadas en tener a los clientes cautivos, pues la obligatoriedad de revisar cada seis meses cada uno de los vehículos registrados en Morelos representó abultados ingresos durante años.
Sin embargo, la creatividad mexicana desborda cualquier regla y los sufridos propietarios de autos encontraron la manera de burlar ese negocio. Simplemente obtuvieron placas del estado de Guerrero, donde no existe la obligación de verificar, y entonces las leyes que favorecen a los centros de verificación se voltearon contra el fisco morelense, pues cientos de miles dejaron de tributar en la entidad.
Hoy se busca combatir eso con acuerdos que alcancen a todos los estados de la zona central del país. El caso es que nadie se escape sin pagar.
Si la medida fuera con fines ecológicos, el cobro sería muy reducido. Bastaría con eso para que todos los que se fueron a buscar placas guerrerense regresaran.
Pero el empeño por tratar de mantener el negocio hará que se mantengan las tarifas por una acción que podría ser necesaria si no fuera tan lucrativa para los concesionarios.
Ojalá y en lugar de tratar ese asunto como un buen negocio se maneje como un asunto de interés público y se cobre sólo lo justo. Es muy simple. Aunque, como dicen los gringos, business are business.