Ningún profesionista con los méritos suficientes para ocupar determinados cargos públicos ha sido tomado en cuenta para ser magistrado del Poder Judicial, consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, o del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, o en su momento del Sistema Morelense de Radio y TV, o cualquier otro cargo que requiera el aval de los diputados.
En todos los casos los ciudadanos hemos sido víctimas de grotescas burlas cuando se trata de justificar cada nombramiento.
Claro, los que han tenido méritos e ingenuidad para concursar por ese tipo de cargos públicos han sido víctimas de ese cruel humor negro.
La posibilidad de nombrar a varios magistrados para llenar futuras vacantes ha disparado de nuevo la ambición de quienes consideran que pueden ejercer un derecho que casi es de pernada en las instituciones.
El problema es que la justicia, el derecho al acceso a la información pública, la defensa de los derechos humanos y muchas otras cosas más han resentido de manera dura la llegada de gente inadecuada.
Para colmo, todos esos favoritos cobran una millonada por hacer nada, excepto disimular de vez en cuando. Y con poco éxito.