Todos esos ciudadanos que se han hecho profesionales de la venta del voto son los culpables de la mitad de las desgracias que padecemos los mexicanos. Un partido político ya no necesita convencer a los electores de sus propuestas. Ni siquiera tiene que tener propuestas, le basta con disponer de suficientes acarreados para que el día de la elección, a cambio de diversas prebendas, entregan su decisión individual y hagan ganar a cualquier personaje sin méritos, y, sobre todo, sin preparación para ocupar el cargo al que finalmente llega.
La ley debería castigar con cárcel al que vende su voto, pero como los que hacen las leyes se benefician de esa práctica, pues nunca sucederá.
Por lo anterior no me queda más que desearle suerte, constancia y congruencia a la consejera electoral.
Mientras tanto, no queda más que ver con enorme preocupación los hechos violentos en Iguala, tan cerca de Morelos, donde la Policía fue usada, como ya lo dije, para matar impunemente estudiantes.
Ahora que todo el mundo se desgarró ayer las vestiduras en el recuerdo del asesinato de cientos de personas en Tlatelolco hace 46 años, estoy seguro que el tema es más actual que nunca.
La consigna de que el 2 de octubre no se olvida resultó falsa. Los que recordamos somos pocos, muy pocos, y se olvida a partir del 3 del mismo mes hasta que a finales de septiembre la memoria comienza a despertar.
Por ese olvido es que pasan las cosas que pasan, con una violencia institucional cada vez más incontrolable.
Mientras no seamos ciudadanos, mientras decidamos no ser ciudadanos porque es más cómodo ser espectadores o consumidores, no podremos salir del atolladero, de una crisis que comenzó cuando era niño y que desde entonces no se quiere ir.