Los requisitos para dar legalidad a las candidaturas ciudadanas hará casi imposible que los partidos tengan competencia, por lo que las cosas seguirán como hasta ahora.
Y por supuesto, nunca se hará una ley que castigue quienes venden su voto, porque allí está el secreto del control ciudadano: desalentar a las mayorías, a fin de que no acudan a las urnas, y dejar que un grupito de ignorantes marquen el rumbo por los siguientes tres o seis años.
Los funcionarios públicos no hacen frente a sus responsabilidades, excepto que ocurra un tragedia.
Antes de eso, se conducen como si los bienes que les toca administrar por el mandato de las urnas fueran de ellos.
Cuesta trabajo pensar que exista un país así, pero existe. Y es el nuestro. O lo que queda de él.