La manifestación de ayer me indignó. Un organismo que sólo sirve para dar empleos y no tiene ninguna otra función sustantiva no debería existir.
Su representante dice atender los 33 municipios pero, por favor, que alguien nos diga en qué los atiende. Escuchar a las personas, o leer el periódico y levantar una queja "de oficio" ha servido para dos cosas, pero nada más.
La Comisión llegó a tener prestigio moral que sirvió para detener excesos de la autoridad, pero el verbo aplicable es ese, "llegó", en pasado.
Sergio Valdespín puso la primera piedra de la debacle, pero nadie desde entonces ha hecho algo por levantar un calidad moral que pudiera ayudar a contrarrestar las limitaciones legales.
"La comisión de derechos humanos más pobre del país" es una frase para dar lástima, cuando lo que se deben dar son resultados, que no se miden por lanzar recomendaciones por kilo, sino por defender con los recursos que existan, lo que se tenga a la mano, a la ciudadanía de los abusos de la autoridad.
Hasta ahora las recomendaciones, aunque sean aceptadas, no han resuelto absolutamente nada.
Ha habido suficiente tiempo para que la institución adoptara una postura que le permitiera contar con el respeto de las autoridades, los únicos entes que pueden violar los derechos humanos.
Pero eso no ha ocurrido. Y no pueden culpar a la falta de financiamiento de esa improductividad, sino que más bien obedece a una postura burocrática que con números pretende justificar un trabajo que en realidad tiene que ver con seres humanos, esos que se sienten desprotegidos y que se defienden como pueden de los excesos, principalmente de la Policía.