Si me equivoco: dígame usted cuál de los aspirantes a cargos de elección viaja en transporte colectivo.
¿Verdad que ninguno?
Muy pocos tienen a sus hijos en escuelas públicas, pero ninguno de ellos -una afirmación absoluta- vive de otra cosa que no sea dinero público.
Todos tienen chamba en alguna esfera de gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, y ganan más de lo que gana en promedio un ciudadano morelense. Y por supuesto, no se diga de sus prestaciones.
Si acaso los que no tienen trabajo es porque lo acaban de dejar intencionadamente, pero tienen sus ahorritos que no proceden de un trabajo como el suyo, amable lector, amable lectora.
Y un alto porcentaje tiene al menos a un pariente en la nómina oficial que llegó no precisamente por sus habilidades o su talento.
Sin embargo, todos ellos buscan ser candidatos de algo, lo que sea, y hoy aparecen sonrientes y se ensucian los zapatos en colonias de la periferia de las ciudades morelenses.
Lo más curioso es que los que tienen menos poder y capacidad de decisión se indignan y piden "piso parejo" a sus partidos, sabedores de que si ellos tuvieran el control de esos organismos, favorecerían sólo sus propios intereses y los de sus amigos.
A pesar de la terrible crisis de credibilidad que enfrenta el sistema de gobierno, acrecentada por los terribles y cercanos hechos de Ayotzinapa, los hombres y las mujeres que acaparan los cargos públicos y lo quieren seguir haciendo actúan como si los ciudadanos no existiéramos o tuviéramos limitaciones mentales graves que nos llevaran a votarlos de nuevo.
Si ganan, es por la falta de dignidad de una parte pequeñita de la sociedad que acude a vender su voto.
Que los órganos electorales no puedan impedir esa modalidad de fraude es el gane de nuestros políticos, esperanzados en mantener sus jugosos ingresos por lo menos hasta el 2018.