María Aurelia Sáenz, presidenta de la junta, enumeró una serie de hechos que mantienen azoladas a más de mil familias que radican en diversos asentamientos humanos enclavados en el interior de la zona boscosa aledaña a la cabecera municipal y ante cuyas denuncias la Fiscalía General de Justicia del estado ha hecho caso omiso.
La señora, quien se hizo acompañar por otras vecinas, dijo: “estamos viviendo en medio del terror, en su oportunidad, presuntos delincuentes se llevaron a un matrimonio, violaron a la señora y a pesar de que el suceso se denunció, jamás se realizó la investigación”.
Pero agregó que “a mediados de enero llegaron comuneros o mafiosos y amenazaron a otro matrimonio, después les impidieron el paso a su casa y los golpearon. No se puede ya ni dar empleo a gente del lugar porque no sabemos qué mañas traigan, la verdad es que tenemos mucho miedo”.
Dirigen una misiva al presidente de la república Enrique Peña Nieto, a quien le piden apoyo para expropiar esos espacios, ya que dijeron, “los compramos a los comuneros, ahora dicen que no son vendibles, pero recibieron el dinero, nos cobran todo tipo de derechos cada año, pero no nos ofrecen garantías ni seguridad sobre lo nuestro”. Calcularon que un 25% de quienes tienen inmuebles en la región, han optado por salirse debido al clima de inseguridad que priva.
COMPROMETE GOBIERNO APOYO A CAMPESINOS
Luego de protestas y toma de oficinas públicas de parte de agrupaciones adheridas al Congreso Agrario Permanente, el subsecretario de gobierno Ricardo Robledo dijo que se viene llegando a acuerdos, “hay algunos retrasos en la entrega de recursos, pero el gobierno federal los comenzará a liberar en unos días, serán apoyados”.
Negó que se tratara de una estrategia pensada en función de intereses electorales, “pareciera que es coincidencia porque es hasta marzo o abril cuando los programas comienzan a aplicarse, sin embargo, nada tiene que ver con el proceso, su manejo obedece a cuestiones meramente sociales y de interés de las organizaciones”, sostuvo.
POR ACTOS DE CORRUPCIÓN CLAUSURAN VERIFICENTROS
Por su parte, el secretario de Desarrollo Sustentable, Topiltzin Contreras McBeath, declaró que esa dependencia a su cargo ha tenido que clausurar cuatro centros de verificación por actos de corrupción, es decir el incumplimiento cabal de las normas en la realización de pruebas a los automóviles.
El funcionario reconoció que todavía subsisten actitudes deshonestas por parte de algunos empresarios del ramo y advirtió que se endurecerán las políticas al respecto, de entrada, se hará una minuciosa revisión del resto de este tipo de instalaciones, a fin de conocer su funcionamiento y garantizar un trabajo apegado a las normas.
