Agregó que “para completar el cuadro, se ha optado por la centralización de los tribunales, cosa que multiplica las dificultades y el rezago anda ya por arriba de los 20 mil expedientes en la junta local, aspecto que nos aleja cada día más del cumplimiento constitucional en los términos de ley para desarrollar un juicio”.
Y no se niega que exista cierta voluntad de parte de la secretaria del Trabajo, Gabriela Gómez Orihuela, a fin de mejorar las condiciones generales en ese ámbito de su competencia. “Sin embargo, los litigantes en la materia seguimos enfrentando todo tipo de inconveniencias en el desarrollo de nuestras actividades y en el compromiso con los asesorados, porque no hay manera de superar ciertas deficiencias”, dijo.
La cosa, destacó, es que todo eso representa un elevado costo para los factores de la producción, con mayor afectación a los trabajadores, que viven de su salario, porque un juicio largo elevará irremediablemente el nivel de indemnización de la parte patronal, mientras que el demandante tendrá que buscar de dónde vivir en tanto le cubren sus derechos reclamados.
ABOGADOS ADMITEN DEFICIENCIA PROFESIONAL
Por su parte, en sesión, miembros del Consejo Estatal de Abogados admitieron graves deficiencias profesionales, sobre todo en lo que tiene que ver con el nuevo sistema de justicia oral. Una de las asistentes dijo a la concurrencia, “es indispensable comenzar a trabajar en la impartición de cursos y talleres de actualización, es realmente penoso que ya a muchos compañeros y de la vieja guardia, los hayan sacado de los juicios orales por desconocimiento en la materia”.
Otros profesionales del Derecho, como Jaime Serna, Jesús Antonio Tallabs o Marco Antonio Salgado, admitieron que no ha sido fácil para un buen porcentaje de sus compañeros, estar el día en lo que se refiere al nuevo código federal que entro en vigencia desde inicio de marzo pasado.
Pero en la sesión del consejo también se tomaron otros acuerdos, como el de invitar a los aspirantes a cargos de elección popular, sobre todo los que buscan la alcaldía capitalina, a fin de que éstos expongan sus propuestas y el foro contribuya con aquello que tiene que ver con el área legal y jurídica. “Claro, que sean los aspirantes quienes paguen el costo del consumo de alimentos, finalmente son los que buscan un beneficio”, dijo uno de ellos.
También acordaron una serie de eventos en relación a la próxima celebración del Día del Abogado, como una caminata, y también insistir en la creación del Centro de Investigación en Materia Jurídica, porque recordaron que “Morelos y otras cuatro entidades son las únicas en la república que no cuentan con él”.