Ayer, la Secretaria del Trabajo, Gabriela Gómez Orihuela, debió encabezar una reunión para conminar a las partes a buscar coincidencias para evitar mayores dificultades a unos días de la transición de poderes, pero a decir del asesor legal de los afectados, Juan Juárez Rivas, aquello parecía imposible de resolver.
“Ya no podemos confiar en la palabra de las autoridades, hace semanas con la presencia de la presidenta municipal y el edil electo, Fernando Aguilar Palma, se firmaron 93 convenios de igual número de despedidos, quedamos que se les pagaría gradualmente las quincenas que se les debía, incluyendo aguinaldos atrasados y desde luego el que viene, jamás se cumplió”.
Y agregó que “por el contrario, acaban de dar de baja a más de cien, o sea, que con seguridad llegaremos a final del mes con unos 400 echados a la calle sin misericordia y sin pagarles un solo peso, eso es ingratitud, por eso las cosas se van a poner muy feas”. Gómez Orihuela hasta el final del día continuaba luchando por acercar a las partes en controversia.
POR CORRUPCIÓN, CLAUSURA DE VERIFICENTROS
Y donde no parece haber manera de acabar con la corrupción es en los centros de verificación, a opinión de voceros del centro Mario Molina, el fenómeno no es privativo de Morelos, las cosas andan así en todo el país, pero se invitó a las autoridades competentes a obligar a la corrección.
Y al respecto, el Secretario de Desarrollo Sustentable, Topiltzin Contreras McBeath, dijo que en efecto, en el caso de la entidad se ha tenido que aplicar fuertes multas y hasta clausuras de centros, por denuncias de actos ilícitos en los procesos de verificación de las unidades.
Son, abundó, 42 verificentros, pero actualmente hay tres en proceso de clausura por distintas irregularidades, independientemente de que a otros tres ya se les quitó la licencia de funcionamiento, precisamente por no cumplir con las normas en la materia. Recordó que por término de administraciones municipales se tendrá que esperar el arribo de los nuevos alcaldes, a fin de firmar los convenios de colaboración para que las policías de tránsito sean los que apliquen las multas a quienes no tengan sus autos verificados, con el atractivo de que el 80 por ciento de las mismas serán para ellos.
