En un documento de esa dependencia, entregado a La Unión de Morelos, se menciona que “únicamente en lo que se refiere al 2015, son 201 funcionarios de todos los niveles quienes enfrentan procesos legales, incluso de inhabilitación para trabajar en la administración pública, y multas, de acuerdo a las faltas cometidas”.
También se agrega que en este año se aplicaron unas 50 auditorías a dependencias del Poder Ejecutivo, organismos descentralizados e instancias cuyos recursos provienen de las arcas públicas locales, y se amenaza con más penalidades, como en el caso de algunas compras que presentan inconsistencias y cuyas dudas aún no se han solventado.
Y se aclara que “la función de la Contraloría no es persecutoria, y la mayoría de los casos antes referidos no han sido dados a conocer, hasta que sean cosa juzgada, de otra manera, los presuntos responsables podrían escapar al ejercicio de la aplicación (sic) de la justicia”.
INGRESO DE TRÁMITES POR MANIFESTACIÓN DE BIENES
Pero en otro documento por separado, la misma Contraloría anticipa que a partir del primer día hábil de enero –este lunes cuatro- comienza la recepción de documentos en torno a lo que tiene que ver con la manifestación de bienes patrimoniales de los servidores públicos.
Del mismo modo, se hace del conocimiento de los burócratas que esta es una obligación y deberán cumplirla durante el transcurso del mes, de otra manera, serán objeto de requerimiento y, de persistir la omisión, de sanciones que de acuerdo a su gravedad, podrían llegar hasta la inhabilitación o denuncias penales.
Bueno, incluso aclara que “aquellos que salieron recientemente del gobierno estatal por algún motivo y que son parte de quienes están obligados a transparentar sus bienes, tendrán que hacerlo y para ello existe un término legal”.
