El asesor vitalicio de esa organización, José Salgado Patiño, impulsor de la iniciativa, indicó que “no podemos continuar en estas condiciones, además la Constitución en su artículo sexto es suficientemente clara, cualquier manifestación es un derecho ciudadano, siempre y cuando no afecte el derecho de terceros y a eso nos referimos”.
Luego agregó que “es inconcebible que sin consecuencia alguna, seamos permanentemente rehenes de todo tipo de expresiones, que quizás con razón en sus quejas se adueñan de la vía pública y generan todo tipo de desmanes, eso es vivir en un estado sin ley”.
Y destacó que es difícil cuantificar el daño que los bloqueos a la vialidad generan a la planta productiva, sobre todo el comercio y la prestación de servicios, “pero hablamos de cientos de millones de pesos en un año y ya con lo difícil que está la situación financiera es suficiente”.
Salgado Patiño recordó que ya en algunos estados de la república, como en el caso de Chiapas, se dispone de un instrumento legal que regula esa clase de expresiones, “porque en efecto, el derecho de los demás termina donde comienza el nuestro, esa es una regla general de sana convivencia”.
PIDEN ALCALDES A CONGRESO RESCATE FINANCIERO
En otro tema, algunos alcaldes que enfrentan serios problemas presupuestales y en particular derivados de laudos laborales vencidos, hacen un llamado al Congreso local a fin de que acelere la aprobación de créditos para posibilitar el rescate financiero, ante el riesgo de destitución en el cargo.
Jorge Miranda Abarca, alcalde de Amacuzac, admitió que como muchos otros de sus homólogos, se encuentra “al filo de la navaja”, con la amenaza de la separación del cargo, porque tiene que cumplir con el pago de más de cuatro millones de pesos de laudos en el corto plazo y la única posibilidad de evitarlo es la obtención de recursos frescos.
Otro que igualmente se dice en peligro es el edil de Emiliano Zapata, Fernando Aguilar Palma, quien dijo que su deuda heredada es mucho más grande y ya algunos grupos andan amenazando con solicitar su remoción debido al incumplimiento en la materia.
Sobre este caso en particular, el asesor legal de un grupo de ex trabajadores que fueron despedidos, Juan Juárez Rivas, advirtió: “Nosotros ya vamos a demandar la remoción del presidente municipal porque el Cabildo nos está engañando. Simularon pagar a la gente, pero nos dieron cheques sin fondos y ese es además un fraude”.
