Abordamos el tema porque algunos integrantes de barras y colegios de abogados analizando el serio problema de corrupción que muestra el régimen de Graco Ramírez, se preguntaban ayer: “¿y alguien sabe del fiscal anticorrupción?”, la respuesta, incluso de los comunicadores, fue negativa.
Pero además, querían saber dónde está instalado y despachando, pero tampoco hubo respuesta correcta. En conclusión, que el recientemente nombrado fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez no aparece por ninguna parte, mientras algunas figuras gubernamentales dan rienda suelta a sus apetitos económicos.
Mucho se cuestionó el nombramiento de Núñez, porque venía de ser el consejero jurídico de la propia administración estatal, es decir, subalterno de Ramírez Garrido. Ahora iría a encabezar una dependencia, cuya responsabilidad era cuidarle las manos a sus ex compañeros de gabinete. ¿Era realmente correcto que alguien así ocupara tal cargo?, desde luego que no y lo estamos viendo, el personaje está de decoración y cuando se requiera aparecerá para servir de tapete al jefe.
CARTA DE ANTECEDENTES PENALES VIOLA DERECHOS HUMANOS
Y los que ahora exigen a las instancias competentes, sobre todo a la Fiscalía General del Estado que cancele algunos requisitos que se siguen pidiendo para aquellos que buscan trabajo, como la carta de antecedentes penales, son los de la asociación de abogados laboralistas.
Juan Juárez Rivas dijo al respecto: “A partir del 2011, cuando se reformó el artículo primero constitucional definiendo que los derechos constitucionales son derechos humanos, este tipo de pedimentos violan ya los preceptos legales”. Luego agregó que “con el nuevo sistema de justicia penal adversarial, todos tenemos el derecho de presunción de inocencia a menos que se demuestre lo contrario, por eso pediremos a la secretaria del trabajo que elimine esos requisitos”.
