Sobre el tema, el presidente de la asociación, Antonio Vázquez Quezada, consideró injusta la posición de algunas autoridades, ya que aseguró que “nos han venido amenazando con aplicarnos procedimientos administrativos si subimos los precios, cuando ellos perfectamente saben que hay razones sobradas para ello y que nos hemos mantenido así desde hace cinco años”.
Pero sostuvo además que “a través del programa Promasa, la Federación nos ayuda con un subsidio, que este año fue de unos 35 millones de pesos, del que sólo nos entregaron unos ocho millones equivalente a un 20%, lo más seguro es que ya el resto lo desviaron, simplemente no se vale”.
Vázquez Quezada recuerda que en diciembre pasado, la tonelada de maíz costaba tres mil 800 pesos, hoy la compran en cinco mil 500, la diferencia es grande y se sigue absorbiendo, pero las condiciones que enfrentan las dos mil 800 tortillerías y 280 molinos afiliados son difíciles.
Bueno, agregó que sobre todo en la región sur del estado, estos negocios no han escapado al embate de la delincuencia, ya el crimen organizado ha sacrificado a dos o tres empresarios del ramo y vienen cobrando el derecho de piso, con todo eso se tiene que seguir trabajando.
LOGRAR JUSTICIA, UN CALVARIO: ELENA DE FLORENCIA
En otro asunto, la delincuencia no distingue, le pega a todos por igual y Elena de Florencia, una luchadora social de muchos años, no ha escapado a ello y revela el calvario que le ha tocado padecer durante más de ocho años, por la sustracción de uno de sus nietos, que recuerda, “se lo llevaron cuando tenía cuatro años, hoy anda en los 12 años”.
Pero tras aceptar que “éste es sólo un caso, desafortunadamente hay miles más en el estado y ante los cuales la justicia o las instancias competentes en la materia no hacen nada”. Señala que un día de marzo del 2008, su nieto Gabriel Rangel Sánchez fue separado de su padre Rodolfo Rangel de Florencia, por parte de su madre Daniela Sánchez de la Garza, y a pesar de las denuncias correspondientes en todas las instancias competentes, jamás se ha podido obtener una respuesta.
La petición de ayuda ya pasó por la Procuraduría de la Defensa del Menor, por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, por el Tribunal Superior de Justicia o la Fiscalía del estado, y no obstante que existe la orden de su presentación, subsiste el desacato y ninguna sanción al respecto se ha dictado.
Y mire que ella conoce a muchas autoridades que se entiende, pueden influir en ello, pero asegura que “algunas de ellas, tras comprometerse, ya ni me reciben la llamada, el mensaje es claro, no hay voluntad para hacer justicia en Morelos”.
