Una de las incongruencias que se observan en el proceso para elegir ministros, magistrados y jueces de Distrito, es que quienes tienen carrera judicial, y que se supone son los más preparados, serán los que menos oportunidades tendrán de ser electos, pues la línea que ha marcado desde el principio la llamada “cuarta transformación”, es que -con excepción de la ministra Lenia Batres- todos los demás servidores públicos deberán ser ajenos al Poder Judicial que encabeza la satanizada Norma Piña.
Y esos que no tienen carrera judicial, y que sólo necesitan un 8.0 de calificación en la carrera de Derecho, tampoco tienen dinero para pagar su campaña, por lo que no vemos cómo puedan darse a conocer y obtener los votos necesarios el próximo primero de junio.
Suponemos que el día de las elecciones, a través de WhatsApp o algún otro medio de comunicación, la maquinaria del partido en el poder (la misma que llena el zócalo de la CDMX cada vez que lo requiere el presidente o la presidenta de la República), hará que los votantes -cual auténticos zombis- acudan a las urnas a votar por los nombres que les indiquen.
Es decir, ya se tienen los ganadores, sólo falta la elección.
Sin embargo, algunos servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, incluso algunos férreos críticos de la llamada reforma judicial, hoy están tratando de obtener el voto de la población.
Y es válido. El hecho de que no estén de acuerdo con las reglas no significa que van a renunciar a la posibilidad de alcanzar los cargos a los que siempre han aspirado, sobre todo porque no fue fácil llegar hasta donde están. Recuérdese que había que llenar una serie de requisitos y después tener la suerte de salir sorteados en las famosas tómbolas.
Como ocurre en todos los procesos que se llevan a cabo por primera vez, no se tiene la certeza de qué hacer y qué no hacer. Por ejemplo, todos esos funcionarios del Poder Judicial Federal, que eran auténticos “ratones de biblioteca” (dicho con todo respeto), hoy no solamente tienen que saber de derecho, sino que también necesitan tener ciertas características: carisma, popularidad, buen dominio de la expresión oral, e incluso buena presencia.
El pasado sábado los alumnos de la Universidad de Ciencias Jurídicas tuvieron la visita de tres personajes: Araceli Lobera, Aldo Salazar y Viridiana Rosales, quienes se presentaron como integrantes del Poder Judicial Federal y explicaron el funcionamiento de los diferentes órganos jurisdiccionales.
Ellos son aspirantes a jueces de Distrito, pero como las campañas inician propiamente hasta el 31 de marzo, no pueden pedir el voto ciudadano, de ahí que sólo puedan hacer este tipo de pláticas que, al no ser difundidas por ningún medio de comunicación, no transgreden la normatividad electoral.
Como lo mencionábamos en una columna anterior, son muchos los candados que está imponiendo la ley para estas elecciones sin precedentes. No pueden aparecer en espectaculares, tampoco en eventos convocados por partidos políticos, ni contratar publicidad en radio o televisión. Sólo pueden publicitarse en redes sociales, pero sin pagar la reproducción automática, es decir, a pura compartida orgánica.
En teoría, la única forma de invitar al voto es con recorridos casa por casa entregando folletos (biodegradables) y haciendo “Facebook Live”. Todo lo demás está prohibido.
No faltan los vivillos que están ofreciendo asesoría a candidatos del Poder Judicial Federal. Excélsior documentó que, por ejemplo, despachos y consultoras especializadas en marketing político ofrecen desde cinco mil pesos más IVA cursos básicos en línea que enseñan las reglas del proceso, sus plazos, el papel de las autoridades y cómo construir una propuesta.
También hay talleres para crear una imagen física, visual y no verbal, además de capacitación para aprender storytelling o construir una base social de apoyo.
Un poco más, siete mil 500 pesos, cuestan las consultorías para elaborar el manual de identidad gráfica y, si se quiere una asesoría en estrategia, los candidatos deben desembolsar 17 mil 400 pesos por dos horas. Otros talleres de planeación, con cuatro horas de duración, cuestan 45 mil pesos.
Esta semana, el INE se alista a aprobar nuevos topes de campaña para la elección judicial, que irían desde 220 mil pesos para un aspirante a juez de distrito hasta 1.4 millones de pesos para quien busca un lugar en la Suprema Corte.
Los únicos que están en posibilidades de tener esas cantidades de dinero son los secretarios de acuerdos de tribunales federales cuyos sueldos son bastante altos en comparación con los estatales (y que por eso los quisieron desaparecer, por onerosos).
Por ejemplo, Lenia Batres ahora sí ya gana lo suficiente para emprender una campaña en busca de un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras que nuestro candidato (y digo nuestro porque es morelense) Antonio Sorela Castillo, anda “de mochilazo” recorriendo universidades de todo el país para darse a conocer. Entonces no hay piso parejo.
Veremos en qué acaba este “experimento social” que se le ocurrió al presidente Andrés Manuel López Obrador, después de que la presidenta de la SCJN, Norma Piña, no quiso levantarse de su asiento en una ceremonia oficial.
CAMBIO EN LA DELEGACIÓN DE MIGRACIÓN. - El Instituto Nacional de Migración (INM) a cargo del comisionado Francisco Garduño Yáñez, designó a Nelly Campos Quiroz como nueva titular de la Oficina de Representación del INM en Cuernavaca, Morelos. La ceremonia de toma de protesta de la Lic. Nelly Campos Quiroz estuvo encabezada por el Dr. Héctor Martínez Castuera, director general de Coordinación de las Oficinas de Representación del INM en el país.
La nueva responsable de Migración en Morelos es licenciada en Derecho y viene de las oficinas centrales del INM donde se desempeñaba como directora de supervisión y evaluación regional.
HASTA MAÑANA.
