Para reflexionar acerca de lo que representa el Ejército Mexicano en la historia del país (texto reproducido del espacio publicado el día 8 de febrero de 2015).

El bueno

Transcurren los días del mes de septiembre, de años anteriores al 2007: una ligera llovizna acompaña en ocasiones la temprana mañana en Cuernavaca. En el centro de la ciudad, a las siete en punto, camiones militares transportan diariamente a los soldados para rendir honores a la bandera en la Plaza de Armas capitalina. Los niños que caminan junto a sus padres para dirigirse a la escuela, observan con admiración a los militares: sus uniformes, las armas que portan, los vehículos pintados en tonos de camuflaje. No es usual mirar a los soldados en las calles, y aprovechan la cercanía para observarlos.

Dicha ceremonia de izamiento de bandera se repetirá -cada mañana- hasta que llegue el día 15 del denominado “mes patrio”; posteriormente, el día 16 habrá un desfile que iniciará en “El Calvario” y llegará hasta el palacio de gobierno. En el Distrito Federal -Ciudad de México- también habrá un despliegue de fuerzas militares que lucirán sus mejores galas ante los miles de espectadores que acudirán al Zócalo de la ciudad de México. Y en ambos, tanto en la capital del país como en la de nuestro Estado, la gallardía será el común denominador de la que harán gala los militares.

Desde hace décadas, el Ejército ha sido la institución gubernamental de mayor prestigio en nuestro país. En el estudio “Confianza en juego: las Fuerzas Armadas Mexicanas en la opinión pública de la transición”, sus autores, ambos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), incluyen una tabla que muestra la confianza que en México se le ha tenido a las instituciones desde el 2000 hasta el 2013, medida a través de diversas encuestas. A lo largo de esos 14 años -excepto en el 2000, cuando empató con el Instituto Federal Electoral (IFE)- el Ejército ocupó el primer lugar: en el año 2000, el 66 por ciento de los mexicanos le tenía confianza; en el año 2013, el 69 por ciento del voto de confianza fue para el Ejército, seguido por el IFE, 50 por ciento; Presidencia y Gobierno Federal, 46 por ciento; Suprema Corte de Justicia; 42 por ciento; instituciones policiacas, 42 por ciento; Cámara de Diputados, 29 por ciento y partidos políticos, 25 por ciento.

El Ejército Mexicano también tiene implementados tres planes de estrategia: el DNI diseñado para enfrentar un país o fuerza extranjera enemiga que invadiera el país; el Plan DNII con el combate a las fuerzas internas que socaven la estabilidad de las instituciones, como en el momento actual y que ha aumentado drásticamente la presencia militar visible en varios estados del país al realizar labores policiales de forma rutinaria; y el DNIII, uno de los mayores recuerdos positivos que se tenía del ejército mexicano, relacionado con los protocolos de respuesta para el auxilio que se brinda a la población civil en casos de desastres naturales, como los huracanes, terremotos e inundaciones.

¿El malo?

Tradicionalmente, el Ejército Mexicano -que en el mes de febrero de 2013 cumplió un centenario de existencia- es apreciado y respetado como un legado de la Revolución Mexicana. Sin embargo, con el presidente Adolfo López Mateos se utilizó al ejército en gran escala para detener las movilizaciones laborales de petroleros, telegrafistas, maestros y otros sectores; diez años después, con el presidente Gustavo Díaz Ordaz, se le dio intervención durante el movimiento estudiantil de 1968 en México en la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco; en el período de Luis Echeverría Álvarez, el ejército asumió el peso de la lucha contra movimientos sociales-guerrillas rurales y en 1994, el Ejército Mexicano se enfrentó con el llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el estado de Chiapas.

Con la transición política en México -y sobre todo la guerra contra el narcotráfico- se llevó a las Fuerzas Armadas Mexicanas (FAM) a salir del cuartel -siendo el primer acto, el desplazamiento de 5 mil militares y agentes federales con el “Operativo Conjunto Michoacán”- y en cierto modo “exhibirse” ante la opinión pública, lo que llevó a un cambio en la forma en la que las FAM son percibidas.

Cuando las Fuerzas Armadas Mexicanas comenzaron a estar sobre-expuestas a la población civil, en el año 2007, ello generó, naturalmente, una mayor interacción y un aumento en la violación a los derechos humanos cometido por el Ejército y la Marina. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pusieron límites al uso del fuero militar, lo que derivó hacia la justicia civil todos los casos en los que una persona no perteneciente a las fuerzas armadas esté involucrado en un delito cometido por militares; dicho criterio de la SCJN proviene de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso “Rosendo Radilla Pacheco contra México” y los que le siguieron (“Valentina Rosendo”, “Inés Fernández”), relativos a abusos militares en contra de civiles.

Y el feo.

La teoría clásica de la guerra, cuyo máximo exponente es Karl von Clausewitz, parte de la premisa que al iniciar un conflicto resulta claro cuándo comienzan los enfrentamientos, pero es difícil saber cuál será su duración y ello dependerá de cómo se articulen tres variables: el espacio –territorio-, el tiempo y la fuerza que cada contendiente le imprime. El conflicto actual que vive México no es la excepción.

Además, como señala Roderic Ai Camp, “el ejemplo más contundente de una red cerrada es el Ejército mexicano, cuya organización de cúpula delimita el entorno en el que establecen los vínculos de las redes. Si bien los mentores siguen siendo cruciales en estos vínculos dentro del Ejército, éstos serán, casi exclusivamente, oficiales del Ejército”.
Ahora, el reto es complejo. Las autoridades civiles deberán mostrar capacidad y decisión en las investigaciones y juicios contra los militares; un complejo escenario sobre todo para los fiscales federales, a cuyo cargo quedarán en adelante las investigaciones y la formulación de las acusaciones que correspondan. La peor combinación sería un poder militar que no tenga la capacidad de sancionar a sus elementos, por carecer de competencia para hacerlo, agregado a las autoridades civiles carentes de preparación o susceptibles de corrupción para no realizar su encargo.

Lo cual se agrava si leemos y reflexionamos lo que resumió el reportero Jorge Carrasco Araizaga en el análisis “El Ejército y su laberinto”, en un párrafo: “El Ejército mexicano y sus 500 generales están siendo exhibidos ante el mundo (…) el despliegue de soldados ya ni siquiera es un factor de disuasión para muchos de los civiles armados que hace tiempo les quitaron el monopolio legal de la fuerza”.
   
Casos recientes deben ponernos en alerta y reflexionar respecto a lo que representan los soldados entregados a sus tareas en todo el territorio nacional, tomando en cuenta los matices de gris en la situación actual del Ejército mexicano.