La aparición de fosas clandestinas y las balaceras en las puertas de los centros de esparcimiento, y qué decir de la “angustia gubernamental” por proteger a los animales que son flagelados y castigados de manera inmisericorde en los circos, advierten el nivel de conciencia que han desarrollado las autoridades involucradas en la delicada tarea de proteger la integridad de los ciudadanos.
El interés de los pobladores por entender las causas, condiciones y consecuencias de estos acontecimientos, no es el que reflejan las respuestas gubernamentales ni el sensacionalismo y la revisión superficial que lo otorgan los medios de comunicación, cada habitante del área de influencia de los acontecimientos ve impactada su calidad de vida y la de su familia; observa sin un margen aceptable de maniobra, la descomposición del entorno económico y decide permanecer al margen de cualquier actividad partidista que le sea ofertada como solución, cuando “oculta” la partidización de el tema antes de la construcción de acuerdos para una solución.
El desempeño ineficiente, cínico y corrupto de gobernantes que arribaron a las responsabilidades, luego de establecer compromisos de transparencia y legalidad en el desempeño de sus funciones, como sucedió durante el cambio de milenio y durante la primer década de la nueva era, es la razón fundamental por la que un grupo de habitantes de una región se niega a evolucionar al nivel de ciudadanos y responsabilizarse directamente de reclamarle a las autoridades.
En agosto del 2011, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, realizaron la conferencia internacional sobre seguridad y justicia en democracia, cuando especialistas señalaron que “las políticas públicas de seguridad y justicia, y sus instrumentos de aplicación, están frecuentemente influenciadas por intereses de partido; la formulación de políticas o instrumentos no funcionan como puntos de encuentro; consenso y soporte de decisiones de estado. En lugar de promover una competencia productiva, los foros son capturados como recursos para la confrontación política donde se explota la sensibilidad del público para crear auditorios a favor de unos y en contra de otros, lo que a su vez fragmenta la sociedad; la confrontación entre partidos termina por reducir las posibilidades de acción colectiva que ya es urgente.
Las políticas de seguridad y justicia deben prevalecer frente a intereses partidistas, de lo contrario, seguirán, en buena medida, desacreditadas y apartadas del estado de derecho; todos los actores políticos e institucionales deben hacerse responsables de sumar sus proyectos de partido, a la construcción de una auténtica política pública de seguridad y justicia.
Es necesario mejorar los mecanismos formales que así lo garanticen. Pero nada será suficiente si no existe compromiso y voluntad de los actores. Este es el principal compromiso de toda la propuesta.
En 1997, luego de que el Congreso del estado de Morelos se integró a partir de un equilibrio de fuerzas, se instaló la primer mesa para la reforma del estado; entre los compromisos que establecieron, los dirigentes de los partidos políticos, los integrantes del congreso local y la representación del poder ejecutivo estatal, fue no partidizar los temas que en aquella mesa se debían revisar, nunca cumplieron aquel primer compromiso ni los subsecuentes; los “pírricos” avances que desde ahí se dieron, fueron más por controlar la incontrolable inconformidad social o por la sobrevivencia de la estructura gubernamental, en su anquilosado sistema.
Al inicio del actual gobierno, se anunció el establecimiento de una estructura dedicada a la construcción de “consensos para una sociedad de derechos”, la cual hoy perdió incluso el derecho a utilizar letras mayúsculas por su inexistencia, a ninguno de los involucrados les interesa provocar hoy que la “democracia” funcione y dé resultados, están involucrados ya en “seducir electores incautos, ignorantes y hambrientos” controlables con “circos sin animales” o despensas “institucionalizadas”.
RECUPERAR LA CONFIANZA
En 2013, Luis de la Barreda y un grupo de académicos de la UNAM a través del programa universitario de derechos humanos, dio a conocer una amplia investigación titulada “Hacia una nueva policía, diagnóstico y propuesta”, en la cual establecen lo que consideran que son los requisitos mínimos indispensables para contar con elementos en la diferentes corporaciones de seguridad y procuración de justicia, que recuperen la confianza de la sociedad.
Entre las recomendaciones con que culmina esa propuesta, figuran las siguientes:
Generar en las instituciones de policía y procuración de justicia, políticas de reclutamiento, formación y promoción desde un enfoque multidisciplinario, además de contar con condiciones laborales adecuadas y sistemas de supervisión, evaluación, indicadores del desempeño y mecanismos de rendición de cuentas eficaces y eficientes. Hacer realidad la carrera civil en ambas instituciones.
Favorecer la reinserción social de la figura del policía, propiciando su acercamiento con los ciudadanos en particular y con la comunidad en general.
Tales recomendaciones coinciden con la exasperada demanda de una solución de fondo, propiamente histórica, a la baja calidad de las instituciones de procuración de justicia y seguridad pública
En este estudio se pretende especificar los pasos que han de darse para cumplir esas recomendaciones respecto de las instituciones policíacas, con lo cual podría conseguirse un objetivo sumamente ambicioso: contar en todo el país con policías altamente profesionales, eficaces y confiables.
La policía tiene asignada una función de enorme relevancia: el mantenimiento de la seguridad y el orden público, el cumplimiento de la ley y el respeto de los derechos de todos los miembros de la comunidad.
Para que la policía cumpla satisfactoriamente con su cometido, es imprescindible que sus elementos tengan una óptima formación, que los diferentes cuerpos policiales actúen coordinadamente, que dispongan de los recursos y las tecnologías más avanzadas, que se retribuya justamente su trabajo y que la sociedad los valore debidamente.
La policía debe respetar irrestrictamente los derechos humanos de los gobernados, y las instituciones policiales y el conjunto de la sociedad deben respetar igualmente los derechos de los policías.
Si unas instituciones policiales, con esas características, son indispensables en cualquier sociedad, en una situación de crisis de la seguridad pública como la que estamos padeciendo, la necesidad de contar con tales instituciones es apremiante.
En México, la sociedad exige mucho de sus policías pero rara vez se preocupa de su situación laboral y de la valoración social de que aquellas son objeto. Se conforma así un círculo vicioso: como no contamos con policías de calidad aceptable, la retribución y el reconocimiento a su labor son escasos, y a la vez, en consecuencia, ese poco aprecio se traduce en un desempeño policíaco deplorable.
Además de atender los factores sociales que propician la criminalidad, México requiere con urgencia de policías bien formadas, bien coordinadas, bien supervisadas y con todos los recursos de punta que exige su tarea para hacer frente a un fenómeno de inseguridad y violencia que amenaza las bases mismas de nuestra convivencia civilizada.
PREVENCIÓN SOCIAL DE LA DELINCUENCIA
En febrero de 2013 el presidente, Enrique Peña Nieto, presentó el programa nacional para la prevención social de la violencia y la delincuencia que busca unificar y dar dirección al esfuerzo de las secretarías de estado, hacia un objetivo: prevenir el delito.
Éstas, son las tareas ordenadas:
Secretaría de Gobernación. Vigilará la correcta instrumentación del programa; articulará las acciones preventivas al interior de la comisión intersecretarial y promoverá la participación ciudadana, así como una cultura social de legalidad y tolerancia.
Secretaría de Desarrollo Social. Fortalecerá sus acciones a favor del capital social y deberá enfocar el combate de la pobreza y desigualdad en las comunidades con mayor incidencia delictiva, y entre los grupos más vulnerables.
Secretaría de Salud. Garantizará una atención médica oportuna en esas comunidades, y diseñará y pondrá en marcha una campaña nacional de concientización y prevención integral de adicciones.
Secretaría de Educación Pública. Reforzará la enseñanza de los valores cívicos y éticos; ampliará el programa de Escuelas de Tiempo Completo, lo mismo que el acceso de los jóvenes a bachillerato y la universidad, y fortalecerá la promoción de la cultura y deporte escolar.
Secretaría de Economía. Impulsará las competencias laborales, el emprendedurismo y el autoempleo, a fin de crear nuevas opciones de ingreso, y deberá dar un renovado apoyo a la creación de empresas sociales.
Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ampliará las oportunidades de capacitación y vinculación laboral, así como el empleo formal.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Tendrá bajo su responsabilidad establecer la infraestructura física y tecnológica para incrementar la seguridad en carreteras y autopistas del país, así como ofrecer oportunidades de empleo temporal en zonas de alta vulnerabilidad social o afectadas por desastres naturales.
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Junto con la ciudadanía, realizará acciones para recuperar espacios públicos.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Agilizará y vigilará un ejercicio transparente y eficiente de los recursos públicos destinados al programa.
En su momento, los integrantes de los tres poderes y las autoridades municipales, así como los partidos políticos, externaron su aprobación a dicho plan que cumple un año de haber sido implementado; en Morelos, se instaló su versión local a finales del mismo mes.
El compromiso federal y su versión morelense, establecen “un compromiso” en el que aceptan involucrarse quienes mediáticamente lo consideraron el “instrumento adecuado”, para romper con los seis años previos de la “guerra contra el crimen organizado, desde un estado desorganizado”.
Las estadísticas gubernamentales, al margen de que sean o no “maquilladas”, y que fueran elaboradas por gobiernos que para “mover los números”, incluso llegó a “sacar a votar a los difuntos”, externan una disminución “perceptible” en los eventos vinculados a los llamados delitos de “alto impacto”, secuestro, robo con violencia y abuso contra mujeres, ancianos, niños y ciudadanos con capacidades especiales; la sobreexposición de cada evento, deja en el ánimo a los pobladores (que no merecen el calificativo de ciudadanos por su permanente apatía).
Sin embargo, la percepción social sigue siendo que la delincuencia continúa superando la capacidad de respuesta del estado, sin diferencias, gobierno federal, estatal o municipal; un tema que no se ha revisado es la estructura que se ha beneficiado de la inseguridad sin “actuar fuera de la ley”.
DERECHOS DE LOS POLICÍAS
Como lo señala Ernesto López Portillo, “tenemos una paradoja absurda: pedimos a la policía que haga valer los derechos de terceros y no le damos a los policías los derechos propios de un ciudadano”.
Ha sido tradición en las corporaciones que los jefes traten a los policías, especialmente a los de tropa, con excesiva dureza y aún con abuso. Castigos, arrestos y ceses impuestos sin el debido procedimiento; empleo de los policías en labores ajenas a la función policial, exacciones, compulsión a cometer actos de corrupción y otros excesos similares son frecuentes por parte de los jefes hacia sus subordinados.
El desprecio de los particulares a los policías, efecto comprensible de la ineficacia, la impunidad y la corrupción, suele llegar a extremos inaceptables como los insultos o la oposición violenta cuando alguno intenta legítimamente cumplir con su deber de detener a algún transgresor.
Además, cuando un policía es detenido como presunto responsable de la comisión de algún delito, suele suceder que, en los medios de difusión, en la opinión pública, e incluso en el sentir del agente del Ministerio Público o del juez, predomine automáticamente el prejuicio de que es culpable; no podemos pedir a los policías que respeten los derechos de los particulares, si éstos y el gobierno no respetan los suyos.
Es preciso asignar ya a los policías, sueldos y condiciones laborales decorosas, y garantizarles un trato humano, justo e imparcial por parte de sus jefes, y debidos procesos legales cuando sean imputados de la comisión de faltas, infracciones o delitos. Asimismo, aquellos policías que se encuentren en prisión preventiva o por cumplimiento de condena, deben ser rigurosamente separados del resto de la población penitenciaria, a fin de garantizar su seguridad. Habrá que establecer todo lo anterior, expresamente en los ordenamientos legales correspondientes y hacer de ello una poderosa campaña de difusión pública y entre todos los policías del país.
En Morelos, al inicio del actual gobierno, se implementaron algunos programas que generaron reconocimiento social; destacó aquel evento en el que el propio gobernador, Graco Ramírez Garrido Abreu, anunció el inicio de una serie de acciones tendientes a apoyar la calidad de vida de los trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública, entre los que destacó por primera vez la entrega de créditos para la adquisición de viviendas para un importante número de elementos.
A los policías de Morelos, que no son ni más ni menos corruptos, abusivos y transgresores de los derechos humanos que el resto de los elementos de las corporaciones de todo el país, se les ha “pulverizado su imagen”, existe un importante número de elementos que realizan dignamente su labor y cumplen con vocación de servicio sus responsabilidades.
Sin embargo, las nuevas generaciones y un importante número de nuevos funcionarios, ven a esos elementos al nivel de “perversidad” del “temido comandante Agustín Montiel”, o con niveles de corrupción como los que le fueron señalados al secretario de Seguridad Pública, Luis Ángel Cabeza de Vaca.
Lo que ha quedado demostrado en la primer década del nuevo milenio y desde que fue encarcelado el “también temido comandante anti secuestros”, Armando Martínez Salgado, es que los derechos de los policías no logran el nivel de seguridad laboral y jurídica que debe atribuirse a un trabajador de la Secretaría de Seguridad Pública, se han mejorado sus condiciones laborales, pero su imagen pública no se rescató.
Lejos está Morelos de pretender dar cumplimiento a alguna de las propuestas que realizan los investigadores universitarios, como parte fundamental de la propuesta que cualquier gobierno pretenda implementar en materia de seguridad pública y prevención del delito.
EL NEGOCIO DE LA INSEGURIDAD
El estado de Morelos cuenta con cerca de dos millones de habitantes, difícilmente el gobierno logra reunir bajo su mando la cantidad mínima indispensable de policías para pensar en establecer las condiciones básicas de seguridad pública, para la mayoría de los pobladores; la estructura policíaca estatal se “pulverizó” a finales del siglo pasado por presión de los partidos políticos y debilidad de un gobierno, que enfrentó dos conflictos, el más importante su distanciamiento del todavía “plenipotenciario” presidente de México, y por el otro lado el desencanto de una sociedad, que ni lo vio, ni los escuchó ni logró un contacto con él.
En aquel proceso de “transición y alternancia”, se registraron dos eventos que hoy son parte de las razones por las cuales el estado “está atado de manos”, para elevar los índices de seguridad hacia la población.
El primer evento y que desde que se aplicó, demostró su pérdida de control absoluto, fue el haber entregado al Congreso la responsabilidad de nombrar al procurador de Justicia del estado, a 15 años de que se nombró a José Castillo Pombo, primer fiscal que surgió de la terna que envió el gobernador, Jorge Morales Barud, hasta el nombramiento de Rodrigo Dorantes; ningún fiscal puede ser considerado el “idóneo” del gobernador.
El “tormentoso” proceso para designar al actual responsable de la procuraduría, advierte la urgencia de reintegrar al poder ejecutivo estatal la absoluta facultad y responsabilidad de nombrar procurador, y así respetar el principio de que sea el mandatario estatal el directamente responsable de la procuración de justicia; ningún mandatario en los últimos 15 años fue el total responsable del desempeño de una procuraduría que fue partidizada desde el 2000.
Otro tema pendiente es “la municipalización” de las fuerzas policíacas, que se inició a finales del siglo pasado, y que hoy es la “manzana de la discordia” en el asunto más relevante hasta el momento para el actual gobierno; reintegrar en un solo mando y bajo una sola estructura administrativa, a todas las fuerzas policíacas de la entidad.
Cuando se entregó a los presidentes municipales el control de los elementos de Seguridad Pública de su localidad, el control de la nómina, permaneció en la estructura estatal; el primer tropiezo fue que los mandos policíacos de los 33 municipios, estaban más bajo las órdenes de las autoridades estatales que de las municipales.
Cuando se entregó el control de la nómina a los municipios, surgió la diferencia en trato y salario a los elementos policíacos en los 33 municipios, durante el primer gobierno panista, incluso los policías de Cuernavaca tenían más salario y mayores prestaciones que los policías del estado y del resto de los municipios, esta condición se modificó en los años siguientes.
Hoy, los policías de Cuernavaca se sumaron a las condiciones laborales “atípicas” del resto de los elementos municipales en toda la entidad, y también fueron afectados por el incumplimiento de las condiciones laborales, al igual que fueron afectados con el pago posterior de una parte o la totalidad de su aguinaldo.
A más de 15 años de que los municipios recibieron el control nominal y de mando de los elementos policíacos, la resistencia a integrar a sus elementos a un mando estatal, está contaminado por los intereses partidistas y económicos del ediles y sus funcionarios, ya que los “negocios” al margen de la ley en torno a los proyectos y programas de seguridad pública municipal, se incrementaron considerablemente.
El ejemplo más cercano es la policía de Cuernavaca, durante el último gobierno realizado por el Partido Acción Nacional, el desvío de recursos municipales, estatales y federales destinados supuestamente a apoyar la seguridad o combatir la inseguridad, fueron desviados impunemente según declararon quienes revisaron los ejercicios presupuestales de 2006 a 2009, la siguiente administración también “malversó” recursos, cuya aplicación se integra a la prevención del delito.
La adquisición de “luminarias” para dotar de alumbrado público los espacios donde por la obscuridad se registraba un importante número de delitos, provocó al municipio un quebranto que todavía está en litigio en los tribunales, pero que fue considerado como extraordinario.
La mayoría de los ediles que no pueden controlar a sus jefes policíacos porque la parte “gruesa” de su ingreso la cubren quienes en la localidad actúan al margen de la ley, o que han realizado “acuerdos privados” con los proveedores de equipos y uniformes para “apoyar a sus elementos policíacos” en el cumplimiento de sus funciones y los que consideran que sería una muestra de debilidad política que puede dejarlos al margen de participar en la siguiente contienda electoral, son los responsables de que en el futuro inmediato no se le puedan exigir cuentas a las autoridades estatales en torno a un tema que debe ser de su directa responsabilidad, generar las condiciones para la reconstrucción del tejido social.
A los municipios, por la cercanía con el problema en lo territorial, les corresponde implementar proyecto con recursos propios del estado y de la federación, para reprimir la intención de los pobladores de involucrarse en actos delictivos incluidos los de alto impacto, como son los robos violentos o los secuestros, su participación en el rescate de espacios públicos y de propuestas deportivas y culturales o deportivas dentro de otros, es el nivel de su responsabilidad.
Un delincuente puede transitar “libremente” por los 33 municipios de la entidad y aún en todo el país, en tanto no se compruebe su responsabilidad, tiene todo el derecho de movilizarse; los elementos policíacos de un municipio no pueden acudir a inhibir la intención de la comisión de un delito en flagrancia, porque estarían actuando fuera de su área de responsabilidad.
Una revisión seria sobre las ventajas y desventajas de permanecer con el Mando Único “fraccionado”, advierte que en mucho, el privilegiar “negocios propios o la partidización del tema”, son “razones de peso” para no reintegrar a la entidad el mando de todos los elementos policíacos.
Al reintegrar al gobierno estatal el control absoluto de los policías y hacerlos responsables de su desempeño, colocará al PRI y al PAN en una “cómoda posición” de reclamo, si esa posibilidad no arroja los resultados esperados; hoy el éxito de la delincuencia en Cuernavaca es culpa de Enrique Peña Nieto, de Graco Ramírez y de Jorge Morales Barud, ya que los tres tienen bajo su “mando” a estructuras de prevención del delito, pulverizadas, incapaces de contener las embestidas de la delincuencia organizada.
