Este pasaje del que afirman no existen testimonios, se lo reconocen al alcalde de Nueva York, Fiorello Henry la Guardia (de origen italiano y de religión judía, nació en 1882, falleció en 1947, su gestión incluyó tres periodos, de 1934 a 1945) era descendiente de inmigrantes, su primer empleo fue de interprete en la Isla de Ellis, donde llegaban los inmigrantes, la anécdota de referencia se realizó en una de las múltiples ocasiones en las que ofició casos de delitos menores de rutina.

Llegó al gobierno con cinco objetivos principales: 

Restaurar la salud financiera y liberarse del control de los banqueros.

Ampliar el programa de trabajo de alivio de fondos federales para los desempleados.

Acabar con la corrupción en el gobierno y el crimen organizado en sectores clave de la economía.

Una administración pública basada en el mérito, con alto prestigio.

Modernizar la infraestructura, especialmente de transporte y parques.

Sus admiradores le acreditan la restauración del sustento económico de la ciudad durante y después de la Gran Depresión, programas masivos de obras públicas y emplear a miles de votantes, realizó cabildeo permanente para atraer fondos federales que permitieron desarrollar su infraestructura económica.

Se invirtieron mil 100 millones de dólares en la ciudad entre 1934 y 1939 construyó carreteras, puentes y túneles, transformando el paisaje físico de la ciudad de Nueva York. La autopista del West Side, East River Drive, túnel Brooklyn Battery, Puente Triborough y dos aeropuertos (Floyd Bennett Field, y, más tarde, La Guardia Airport) fueron construidos durante su alcaldía.

Además desde el inicio de su gestión al frente de aquella ciudad, inició la persecución de los delincuentes, entre quienes destacaban algunos de origen italiano, y realizó una exitosa lucha en contra de actos de corrupción que se cometían en el ayuntamiento.

Los nombres de los delincuentes que fueron perseguidos y encarcelados por este servidor público han “disfrutado de mayores reflectores”  al preguntar sobre quién fue Lucky Luciano, la respuesta es sencilla, la mayoría sabe que se trató de una de las figuras centrales de la delincuencia durante la época de la prohibición de Estados Unidos, preguntar sobre Fiorello Henry La Guardia, algunos responderán por deducción que es el fundador del Aeropuerto de Nueva York, los detalles de su desempeño como servidor público no tienen la “trascendencia social” que provocan las conductas al margen de la ley.

Las grandes ciudades se construyeron para dar espacio a grandes sociedades y son construidas por grandes hombres, desde cualquier punto del planeta, y en cualquier momento, el mensaje central de esas acciones no son la obra física, que se convierte en protagonista y testimonio de los momentos que cedieron espacio para su realización, las lecciones que dejan aquellas obras no se asimilan y no trascienden porque el análisis de su desarrollo se realiza de forma superficial y marginal.

Otro ejemplo dramático, puede ser el que un morelense decidiera inscribirse en el proceso de selección del grupo de los primeros terrícolas que iniciarán, en 2025, un viaje al planeta Marte, en tanto cerca de dos millones observan sin involucrarse cómo se realizan de forma cotidiana actos al margen de la ley y de corrupción, y no los denuncian o buscan como beneficiarse de los mismos.

La obra del funcionario público norteamericano de los años treinta no es ni pretende ser el protagonista de este espacio, para poder entender uno más de los pendientes que tiene la democracia en México, hay que revisar la causa de la recolección y el destino del dinero en aquella corte.

47.50 DÓLARES

La mujer fue sorprendida robando comida en una ciudad donde una parte importante de la población no tenía comida en su mesa, quien la denunció, está cumpliendo con su función y estaba protegiendo su patrimonio o el que le fue confiado, actuó en consecuencia, el elemento policiaco que la trasladó ante la autoridad, recibió un salario porque se comprometía a “cuidar y proteger” a los pobladores de esa área de los delincuentes que pudieran pretender desprenderlos de sus bienes y de sus vidas.

La autoridad gubernamental que estableció la sanción administrativa, cumplió con el mandato de una ley que juró cumplir y hacer cumplir cuando rindió protesta para desempeñar el cargo público que le fue confiado, está acatando un mandato superior. La señora que pretendió apoderarse ilegalmente de una posesión que no era suya, actuó al margen de la ley, se hizo merecedora a la sanción correspondiente.

Es una cadena de cumplimiento de compromisos, mandatos y determinaciones legales, sin embargo no se impartió justicia, ya que al ser encarcelada la mujer, sus familiares que padecían hambre, se quedarían sin acceder a ningún alimento y hasta indefensos si la señora era encarcelada al no poder cumplir con el pago económico de la sanción, le sería cambiada por una pena corporal.

La reflexión del alcalde en función de juez, que provocó la imposición en ese momento de una sanción económica individual de 50 centavos de dólar a todos los asistentes al proceso legal, dio paso a una “gran lección de impartición de justicia”, ya que los ahí presentes, estaban representando a una sociedad que permite suponer que tiene sus necesidades primarias satisfechas, ya que podían asistir a observar cómo se realizaban los procesos a quienes infringieron la ley.

“El pase del sombrero” para recolectar los recursos económicos y la expresión de que correspondía a una multa por vivir en una ciudad donde una mujer tiene que robar para satisfacer su hambre y la de los suyos, se convierte en ejemplo práctico de lo que es el concepto de justicia social y reparto equitativo de la riqueza.

Sin establecerlo como definitivo, se puede advertir que los asistentes a aquella sala bien podían cumplir con una sanción económica que les advertía de su inmovilidad ante las necesidades de quienes presionados por la ausencia de satisfactores materiales, podrían optar por actuar al margen de la ley y hacerse merecedores a una sanción, como consecuencia de la ausencia de una oportunidad como la que los asistentes como observadores a la corte seguramente sí tenían, un empleo o actividad para satisfacer sus necesidades.

Con aquellos 50 centavos bien podían empezar una “cadena de acciones” para evitar que algunos pretendieran actuar al margen de la ley, justificados en una necesidad y sobre todo en el reconocimiento de la incapacidad gubernamental para reprimir la realización de delitos premeditados y organizados por grupos que históricamente han enfrentado a la autoridad.

La visión de sociedad y estado que desde la óptica del funcionario público propone el alcalde de Nueva York, es revisable desde varias perspectivas, una puede ser advertir que aún frente a una crisis y cuando alguien actúa al margen de la ley, se puede imponer la legalidad y lograr impartir justicia, concediendo una “segunda oportunidad” a quien se le sorprendió violando la ley, más por una necesidad que por una intención de autosatisfacción o venganza.

Para llegar a la conclusión de que es un acto de justicia la recolección de monedas para protestar desde el gobierno por la inmovilidad social de una población que considera que la segregación y la simulación ante las necesidades de otros puede solucionar el problema. A casi 80 años de aquel acontecimiento, todavía quedó pendiente en descubrir cómo integrar al “manual de operaciones del buen gobernante”, la obligatoriedad de cumplir en cada acto con la “colecta y entrega de los 47.50 dólares”.

PROPUESTAS INDIVIDUALIZADAS

El Congreso del Estado de Morelos cumple con un periodo ordinario de sesiones, en donde las modificaciones que pretenda realizar deben buscar la recolección y entrega de aquellas monedas, en las primeras sesiones del actual año legislativo, se confirmó que antepondrán sus intereses individuales y de grupo a los de la entidad y sus habitantes.

Les urge modificar algunas leyes y comienzan con las que consideran pueden generarles un mayor número de votantes, ejemplo fue la ley “Anti Circo”, atienden temas que son indispensables, como el reconocimiento individual de los derechos universales, bajo la definición de “podemos ser diferentes porque así no hizo Dios, pero aquí todos debemos ser iguales ante la ley”.

Sin embargo, se han dejado los temas que podrían advertir que desde el Poder Legislativo se podrá ordenar al Ejecutivo “ejecute colectas de sanciones de 50 centavos de dólar”, que adviertan la humanización del ejercicio gubernamental, resulta ocioso la realización de ejercicios comparativos a partir de previsibles reacciones de gobernantes contemporáneos, señalar que Felipe Calderón y Marco Antonio Adame, al conocer de la captura de la señora que robo PAN, la considerarían parte de una “peligrosa organización de traficantes de harina y sus derivados ya procesados”.

Que López Obrador la convertiría en “cómplice de un complot” que desde el PRI pretende exhibir una “hambruna” que sería resuelta con los programas sociales de la “República Amorosa”, o que el PRI la inscribiría en alguno de los programas de Combate al Hambre y realizaría una campaña publicitaria con un gasto millonario muy superior a la entrega en algún recinto oficial de los 47.50 dólares recolectados, como sanción a los legisladores priistas que observaron el proceso.

Un dato importante es reconocer que al margen de la veracidad de la anécdota, el gobierno de La Guardia es considerado como uno de los más exitosos de la historia de aquella complicada ciudad y que permite reconocer que aún en una situación adversa los gobiernos pueden dar resultados aun cuando tienen adversidades si logran mantener la simpatía de los contribuyentes, votantes y ciudadanos. Aquel político logró dos reelecciones y declinó la tercera.

La reelección es uno de los temas que se analizarán en el Congreso morelense, para ver si se aplica en la entidad la modificación lograda en la reforma federal correspondiente.

Una revisión de los gobiernos de las últimas décadas, advierte que con o sin reelección los pobladores de Morelos sin alcanzar el reconocimiento legal y legítimo de contribuyentes, electores o ciudadanos, difícilmente otorgarían su confianza por segunda ocasión a ninguno de los anteriores gobernantes, aunque algunos “politólogos morelenses” pretendan defender la figura de Lauro Ortega Martínez, la opacidad financiera de su administración difícilmente podría remontar la críticas de una población “tan participativa” como el conglomerado morelense del Siglo XXI.

Por eso es necesario construir un escenario que garantice la viabilidad de la transparencia y el irrestricto cumplimiento de la ley como soportes de la realización de un proyecto de justicia social y recuperación de la paz, antes de pensar en la riesgosa posibilidad de reelegir a alguno de los actuales ediles o legisladores locales.

Procurar justicia a la población es uno de los compromisos más importantes que adquiere un gobierno con sus gobernados, garantizar que al ventilar las diferencias entre particulares y de los particulares con la autoridad, se realizará en estricto cumplimiento de la ley con la intención de procurar e impartir justicia, es fundamental para recuperar la confianza perdida a consecuencia de la partidización de todos los temas.

CAUSAS DEL FRACASO

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, permaneció atrapada en un paso “intermedio” durante más de 15 años, en que el Congreso dio cumplimiento parcial al improvisado proyecto del gobierno de la Reconciliación que encabezó el actual alcalde Jorge Morales Barud.

En el ocaso de la administración de Jorge Carrillo Olea se planteó la posibilidad de ciudadanizar a la Procuraduría, una de las intenciones finales fue que se otorgara total autonomía a esa dependencia, a un nivel tal, en el que incluso el propio gobernador fuera designado con la participación directa de la sociedad.

El primer congreso local, que no tenía mayoría absoluta de ningún partido, realizó la discusión y el análisis de las propuestas que le fueron entregadas y “consensuó” que al procurador se le entregaría el nombramiento a partir de una terna que enviara el gobernador en turno y que sería aprobada y revisada por los legisladores.

En la exposición de motivos de aquel proceso, se advirtió que era una medida temporal rumbo a la autonomía de la procuraduría, para atender la emergencia en esa área consecuencia de la violencia que se vivió a finales de los noventas en Morelos, la detención del comandante del grupo antisecuestros Armando Martínez Salgado en el Estado de Guerrero, cuando viajaba en la Autopista del Sol en una camioneta que llevaba oculto el cadáver de un delincuente, esto generó una alarma social que “apresuró” la partidización de la procuraduría.

El primer procurador que se eligió bajo ese método fue José Castillo Pombo, militante del Partido Revolucionario Institucional, quien presentó su solicitud de separación del cargo, para participar en la consulta interna del PRI para definir la candidatura a gobernador en el año 2000.

Su gestión no se recuerda cuando se vivió el proceso electoral el tema del secuestro “estaba controlado”, el gobernador interino entregó la gestión con un nivel aceptable de aprobación por la mesura que le caracterizó y porque garantizó la realización de un proceso electoral tranquilo en el que los votantes acudieron libremente a emitir su sufragio, quienes participaron recuerdan las filas de votantes vestidos de blanco y azul, quienes acudieron a sufragar. Fue un proceso sin incidentes.

La primera legislatura local del nuevo milenio que rindió protesta el primero de septiembre del año 2000, se integró con un 50 por ciento de legisladores militantes y simpatizantes del PAN y con un 50 por ciento de legisladores del PRI y el PRD, ellos recibieron la primera terna del primer mandatario no priista de la entidad, fueron procuradores en ese sexenio José Luis Urióstegui, Hugo Bello Ocampo, Guillermo Tenorio, Claudia Aponte Maysse, quien fue la primera procuradora del Estado.

José Luis Urióstegui se integró a las filas del Partido de la Revolución Democrática, fue candidato a la alcaldía en 2012, Hugo Bello Ocampo también fue luego de la procuraduría candidato a diputado federal por el PRD, Guillermo Tenorio retornó a su despacho, y no ha regresado al servicio público, Claudia Aponte no ha participado en procesos electorales.

Ninguno de éstos fue un procurador de la total confianza del gobernador.

En el sexenio 2006-2012, el ex procurador Francisco Coronato Rodríguez, quien fue también presidente de la Comisión de Derechos Humanos, es hoy diputado federal por el primer distrito por el Movimiento Ciudadano, uno de los tres partidos que apoyó la candidatura del actual gobernador; Pedro Luis Benítez Vélez dejó la Procuraduría de Morelos y se integró a la Procuraduría del Estado de México, en el actual gobierno fue funcionario de la Procuraduría General de la República y subprocurador federal del Consumidor, llegaron a la procuraduría más por el apoyo de los abogados y los partidos políticos que por su cercanía con Marco Antonio Adame Castillo.

El Gobierno de Graco Ramírez enfrentó un proceso complicado para la designación del procurador Rodrigo Dorantes, ya que se integró a la terna luego de que ternas anteriores fueron rechazadas por los legisladores del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, este proceso se contaminó incluso del Pacto por México, que durante 2013 demandó “negociaciones delicadas con todas las fuerzas políticas” para consensuar las reformas que se aprobaron en el Congreso de la Unión, entre las que destacan la posibilidad de la reelección y la creación de la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía General y la Fiscalía contra Delitos Electorales.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos fracasó a consecuencia de la partidización de sus titulares, las subprocuradurías y las áreas más importantes de su estructura, siempre estuvieron en manos de simpatizantes y militantes de las diversas fuerzas políticas, uno de los objetivos en la creación de la Fiscalía debe ser su despartidización, ya que a la necesidad de eliminar la corrupción que provocó que fuera modificada la estructura para otorgar el nombramiento, prevalece y se consolida con la intromisión de quienes controlan a la burocracia de los partidos políticos.

Uno de los reclamos más constantes por parte de victimas y afectados por la comisión de delitos, sobre todo los de alto impacto, es que las consignaciones de los presuntos delincuentes no están integradas de forma tal que le garanticen a la sociedad que el responsable cumplirá una sentencia acorde con el daño que hizo a la sociedad.

La estructura del Poder Judicial encargado de revisar esos procesos, los jueces y magistrados funcionan bajo la presión de los partidos políticos y de quienes litigan más en los medios de comunicación que en los tribunales, y que desde ahí logran impactar en las resoluciones y sentencias, es uno de los temas que deberá solucionar la institución que sustituya a la inoperante procuraduría.

CREAN FISCALÍA

La responsabilidad de aprobar la creación de una institución que evoque, los principios bajo los cuales el alcalde de la ciudad que tiene como símbolo a la Estatua de la Libertad, y que los impulsaron a recolectar los 47.50 dólares, está en manos de los legisladores y de los regidores a partir de la propuesta que entregó el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu el pasado 1 de febrero.

El pasado miércoles, el Poder Legislativo local aprobó la creación de la Fiscalía General del Estado, toca al Constituyente de Morelos, integrado por los 33 ayuntamientos, pronunciarse a favor o en contra de la reforma en un plazo máximo de un mes.

Este proceso involucra también a todos los partidos políticos y los “pulveriza”, ya que en cada uno de los 33 municipios la participación de regidores integrantes de todas las fuerzas políticas es distinto por lo que requerirá de un trabajo individual, hasta lograr la aprobación en el número de municipios mínimo indispensable para considerar realizada la reforma constitucional correspondiente.
El nuevo órgano tendrá patrimonio y personalidad jurídica propias, así como autonomía de gestión, técnica y de ejercicio, y aplicación del gasto público que le asigne el Congreso del Estado el titular será el Fiscal General del Estado".

Para acceder al cargo de fiscal general, los aspirantes deberán cumplir entre los requisitos el de ser ciudadano morelense o ciudadano mexicano, en éste último caso, con una residencia de tres años inmediatos anteriores en el Estado; contar con 35 años de edad y no mayor de 75 años a la fecha de su designación.
Deberá poseer título y cédula profesional de Licenciatura en Derecho, con antigüedad de cinco años previos a la fecha de su designación; no haber sido sentenciado a pena privativa de libertad por delito doloso; y no haber sido inhabilitado para el ejercicio de cargos, empleos o comisiones públicas.

Los legisladores y regidores que representan a los partidos políticos en los cabildos y en el Congreso, no advierten tener la intención de invocar la actitud de aplicación de la ley y cumplimiento de la justicia que expone la anécdota de los 47.50 dólares, en Morelos las cifras de pobreza y hambre obligan a reflexionar que la democracia conserva su imagen de no generar consecuencias en función de los resultados partidizados que arroja la “agenda parlamentaria”, quedan pendientes en torno a la estructura judicial, la revisión de la Secretaría de Seguridad Pública, donde hoy está al frente un encargado de despacho que no cumple con los requisitos legales para ser nombrado titular.

Ambas modificaciones están sometidas a los intereses individuales y de grupo que imponen los partidos políticos a través de sus representantes en el Congreso y los cabildos.

Si les confían los 47.50 dólares, seguramente los sustraen y nunca darían con los responsables.