Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: Seréis libres?

Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo sí queda para siempre.

Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.

Sé que sois descendientes de Abraham; pero procuráis matarme, porque mi palabra no halla cabida en vosotros.

Yo hablo lo que he visto cerca del Padre; y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre”. Tomado de la Biblia Católica.

“Artículo 3o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, impartirán educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. 

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.  El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”. Tomado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Alejandro Chao Barona fue monje en el monasterio de nuestra señora de la resurrección de Gregorio de Lemercier hasta su clausura en 1967, licenciado en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1969, maestro a partir de 1998 y doctor en Filosofía de la Política a partir del 2000 por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Fue asesinado el 5 de mayo de 2014, junto con su esposa Sara Rebolledo, durante un asalto protagonizado por ex empleados.

El lunes 12 el gobernador Graco Ramírez dijo: “es por eso que hoy, como lo hago todos los días desde que asumí el cargo de gobernador de Morelos y respaldando la iniciativa del rector de la UAEM, convoco a los ayuntamientos y a los poderes Legislativo y Judicial para ponernos de acuerdo y junto con universidades, tecnológicos, intelectuales e investigadores, cámaras empresariales, organizaciones sindicales, organizaciones del campo, con el consejo interreligioso del estado de Morelos que representa a las iglesias, agrupaciones estudiantiles, agrupaciones de mujeres, comunidades artísticas y de promoción cultural y representantes de la sociedad civil a establecer una agenda que nos permita alcanzar acuerdos para lograr la reconciliación social, con voluntad, con compromiso, sin protagonismos y sí con generosidad, hagamos posible el Diálogo por Morelos”. 

“Es un buen momento hoy para reconocer lo que se está haciendo bien, evaluar lo que falta por hacer y corregir la estrategia para que juntos todos unidos podamos lograr un Morelos justo, seguro y en paz”.

“Vamos a construir con todos un gran acuerdo por nuestro estado, a través del diálogo por Morelos, que deberá ser una instancia donde todos, sin excepción, vayamos a participar, contribuir y sumar.  Porque hoy más que nunca el diálogo nos conducirá a lograr acuerdos”.

El martes 13 de mayo el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, confirmó que el diálogo convocado por el Consejo Universitario para el 15 de mayo, busca eliminar de la próxima contienda electoral a candidatos que tengan vínculos con actividades al margen de la ley.

No tiene más interés que el de la sociedad, “la convocatoria de la UAEM al diálogo político, con los distintos actores políticos de cara a la sociedad morelense, parte de una realidad, de la vivencia cotidiana del sufrimiento causado por la injusticia y la inseguridad”.

En este encuentro, se revisa la estrategia de seguridad del gobierno, ya pasa por un análisis de la realidad y del estado en que se encuentra la seguridad y después definir cómo se encuentran las instituciones y cómo se tienen que transformar y finalmente elaborar una agenda de participación ciudadana.

Sobre el diálogo al que convocó el gobernador Graco Ramírez, dijo que esperan conocer los objetivos, el formato y la fecha para estar presentes.

DEFINIR LA AGENDA

El hombre (ser humano, hombre o mujer) es único e irrepetible desde su creación, quienes profesan alguna religión o creencia, afirman que es “el ser superior”, como cada quien lo define, el que les concede esas características individuales y universales, por ello las leyes que crean los hombres cuando construyen las sociedades, tienden a garantizar un trato sin discriminaciones a todos los hombres, al margen de su creencias religiosas, su apariencia física, su nivel social, su patrimonio económico o su formación académica, o sus preferencias. “Todos somos iguales ante la ley”.

La Biblia estableció hace varios siglos que “la verdad os hará libres”, muchos rechazan profesar alguna fe porque consideran que es construirse ataduras que limitan sus libertades, aquel documento señala “que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado”.

Partir de estas premisas advierte la necesidad de definir el tipo de sociedad que se quiere construir desde los “escombros actuales”, una sociedad para los hombres libres o una sociedad segura para todos. 

El movimiento estudiantil de 1968 en México marcó a quienes hoy toman las “grandes decisiones” desde los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En aquella época las necesidades primarias de la sociedad rural que se integró a la vida urbana eran satisfechas gracias al esfuerzo individual de los involucrados. En lo político Mario Vargas Llosa sentenció: “México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo. No es la URSS. No es Fidel Castro. La dictadura perfecta es México, es la dictadura camuflada. Tiene las características de la dictadura, la permanencia, no de un hombre, pero sí de un partido. Y de un partido que es inamovible".

Eso que se expresó en la vigencia del artículo del Código Penal que reconoció la existencia del delito de disolución social, como la reunión de varios individuos para cuestionar el desempeño gubernamental, fue lo que buscaron cambiar en aquel movimiento . Las condiciones económicas del país eran “sólidas”, los índices de inflación, el incremento de los salarios, la movilidad social, el crecimiento de las actividades económicas, el incremento en los servicios educativos, de salud la creación de un proyecto de seguridad social, reconocido internacionalmente advertían el adecuado aprovechamiento de los recursos financieros. La corrupción existió, sin llegar a los niveles de las últimas dos administraciones federales o estatales.

Existían oportunidades económicas que hoy se extinguieron en gran medida por la concentración de la riqueza, pero sobre todo por la elevada corrupción de los gobiernos subsecuentes, esa vigencia de “libertades sin oportunidades”, es una causa no revisada de la violencia que hoy somete a una sociedad confundida, que puede llegar al extremo de sacrificar su capacidad de decidir por la posibilidad de conservar los bienes que ha podido acumular en los últimos años.

LA INSEGURIDAD ES UNA CONSECUENCIA

Realizar un foro más en relación a la inseguridad pensando en cómo combatirla, sin incluir sus causas originales, no llevará a nada, se corre el riesgo de arribar a una “lluvia de monólogos entre sordos”, propia de los “debates de candidatos” como los realizados en los últimos procesos electorales. Deben recordar que de todo lo expresado en el debate presidencial, lo que más recuerdan los votantes y quienes se abstuvieron de sufragar es la presencia de la “edecán de vestido blanco” y como detalle cultural la mirada del candidato del Partido Nueva Alianza, Gabriel Quadri.

En el estado de Morelos se anunció a finales de los años ochentas del siglo pasado que el penal de Atlacomulco estaba sobrepoblado, que ya no cumplía con los objetivos para los cuales fue construido y que siguiendo una tendencia nacional, se construiría uno nuevo que cumpliera con los retos de los años siguientes en materia de readaptación social de quienes actuaran al margen de la ley.

Durante casi una década que integró a los dos últimos gobiernos priistas de Morelos, se disminuyó considerablemente la inversión en mantenimiento y construcción de planteles educativos en toda la entidad, se cumplió con el compromiso de construir un centro penitenciario que se anunció en algún momento podía ser de “máxima seguridad”. Fue inaugurado al inicio del primer gobierno panista, a finales del año 2000. Antes de que concluyera el primer mes de aquella administración se evadieron algunos presos, lo que provocó el cambio de los funcionarios encargados del área.

“Se construyó una cárcel para castigar a una generación a la que no se le dio la oportunidad de educarse”. A finales de los noventas vivían en Morelos 250 mil pobladores entre los 15 y los 25 años; de éstos sólo 50 mil estaban matriculados en alguna institución educativa, los 200 mil restantes por diversas causas integraban la generación de los “ninis”, aportaban su fuerza laboral y escasa preparación profesional o académica a la economía informal y en contados casos a la formal, migraron fuera del territorio estatal y nacional, desarrollaron adicciones a sustancias legales o ilegales y se vincularon a actividades al margen de la ley.

De aquellos jóvenes, los que ya contaban con credencial para votar y determinaron hacer uso de aquel derecho, sufragaron por candidatos ajenos a los del partido gobernante en aquella ocasión, fueron definitivos en el triunfo que logró el Partido Acción Nacional. Algunos estudiosos de aquella contienda establecen que fue importante la edad de los candidatos: el panista Sergio Estrada tenía menos de 40 años, Juan Salgado del PRI y Raúl Iragorri del PRD estaban ya cerca de los 60. 

En 1989 el gobierno federal le entregó a Elba Esther Gordillo la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), desde ahí el control casi absoluto del destino de la educación pública del país. Fueron 25 años de excesos, el deterioro mayor de la educación no está en el desvío de los recursos, que provocó la investigación sobre delitos financieros por los que fue consignada. La pérdida incuantificable de una parte importante de una generación de educandos es tal, que no se califica como delito, porque el sistema gubernamental no calculó la posibilidad de entregar a una sola persona el poder suficiente para realizar ese daño y tener que castigarlo. Ese daño queda impune.

El artículo tercero de la Constitución  no se cumplió y no hay condiciones para que hoy se cumpla. Uno de los temas fundamentales de ese diálogo estatal debe reconocer que el estado no puede seguir pretendiendo castigar a quienes no supo educar como lo hicieron las administraciones anteriores, en la perspectiva que de la educación tenga el acuerdo que se construya luego de ese diálogo, se podrá establecer si la intención del proyecto que surja será el de construir una sociedad que se integre por hombres libres a través de su propia verdad o quedará limitada a la aprobación de una serie de normas jurídicas incumplibles que pretendan establecer un “sociedad segura”.

SEÑALAR CULPABLES

“Los debates y los foros”, en México, difícilmente cumplen con esas definiciones cuando las participaciones de los involucrados se desarrollan más como documentos “epistolares” con destinatario definido que para revisar las causas condiciones y consecuencias de un tema determinado, a consecuencia de la ligereza con la que “intelectuales y líderes de opinión” revisan los temas, el mensaje principal se limita a descubrir culpabilidades inexistentes.

Durante una plática con uno de los cercanos colaboradores de Jorge Carrillo Olea, a semanas de la presentación de su solicitud de licencia, el ya ex funcionario cuestionó: “ustedes los comunicadores creen en verdad que un gobernador tiene la intención de secuestrar o de involucrarse con los narcotraficantes como objetivo central de su administración, creen que para eso se involucraron en política desde el principio de su carrera profesional, es complicado de asegurar”.

Esa pregunta todavía se advierte en los análisis que se han realizado en torno al desempeño que los gobiernos de las últimas dos décadas han arrojado desde la perspectiva mediática. Las expresiones de algunos de los involucrados parecen “sentenciar” a los gobernantes como parte de los grupos que actúan al margen de la ley, está confirmado que algunos sí lo hicieron, como es el caso del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva.

Iniciar un “diálogo, encuentro o debate” descalificando a alguno de los involucrados, advierte la inutilidad práctica de la reunión, sin lugar a duda que la omisión es una responsabilidad que los servidores públicos deben enfrentar, sin embargo sancionar al responsable sin iniciar un proyecto que pretenda solucionar la causa de la omisión, es igualmente ocioso sobre todo cuando las consecuencias de esas omisiones ya afectaron de manera definitiva la calidad de vida de un importante número de pobladores de la entidad, donde el servidor dejó de prestar la atención indispensable a las causas y consecuencias del tema que se está analizando.

El encuentro que se plantea dentro del Diálogo por Morelos debe establecer también como parte del lenguaje a través del cual se realizarán los encuentros el modificar la búsqueda de culpables por el reconocimiento de las responsabilidades, aquí si caben todos los involucrados. Una revisión rápida de quienes están invitados establece: “el que esté limpio de culpa puede arrojar la primera piedra”.

La representante de la Secretaría de la Mujer en Guerrero, Rosario Herrera, establece que son prófugas de la justicia en aquella entidad las 45 mil mujeres guerrerenses que se han practicado por diversas causas un aborto en la clandestinidad, al defender la propuesta de que aquella ley se modifique, desde esa misma óptica.

Los funcionarios del sector educativo incluidas las autoridades universitarias, los legisladores, los líderes sociales y empresariales, también podrían, junto con todos los funcionarios señalados, ser declarados “prófugos de la justicia”.

Esta sentencia es desproporcionada y sobre todo no abona a la solución del tema que está a discusión: cómo disminuir los niveles de inseguridad en la entidad. No es buscando culpables entre los policías y los servidores o los actores públicos, como decía un priista “si los encarcelan a todos ¿quién cierra la puerta?".

Una perspectiva diferente es que los legisladores acudan como representantes populares y como integrantes del Poder Legislativo, a reconocer que ellos y la institución que representan no está a la altura de la responsabilidad que les fue conferida, desde el Congreso se han partidizado temas fundamentales para la solución inmediata de la inseguridad, como es la composición de la fiscalía desde que se les entregó la facultad de nombrar procurador, las exigencias que ellos en la actualidad y sus antecesores le plantearon a los responsables de la procuración de justicia en la entidad para favorecer a sus recomendados.

El Poder Judicial está partidizado, han tenido la posibilidad de modificar esa composición y por conveniencia personal y de grupo manifiestan una lealtad “financiera” al Poder Ejecutivo, lo que los aleja de su compromiso con la impartición del justicia, la designación de los integrantes y la determinación de quien preside se ha sometido a los “intereses” de quienes han logrado influir en su composición, hoy es un poder “fracturado”, tiene también una responsabilidad que solventar en las causas por las cuales se incrementaron los niveles de inseguridad.

Las instituciones educativas tienen un nivel de responsabilidad en las causas por las cuales las edades de quienes participan en actos delictivos de alto impacto han disminuido, la ausencia de oportunidades, la falta de profesionalismo de los catedráticos y la carencia de una planeación adecuada, son algunos de los temas que autoridades y sindicatos deben resolver en su interior y luego exponer los planteamientos para solucionar la inseguridad.

Los catedráticos universitarios son profesionistas en diversas actividades, médicos, abogados, etcétera. Estos gremios también se han visto impactados por la inseguridad, los doctores han retirado los letreros de sus consultorios, por el “cobro de piso” que en los últimos años les impusieron algunos delincuentes. Los abogados han perdido colegas en hechos violentos en el interior de sus despachos, hoy difícilmente se puede ubicar algún sector de la sociedad que no sea víctima de algún hecho delictivo.

Reconocer y enfrentar los retos como responsabilidades al margen de que los culpables sean juzgados con todo el peso de la ley, puede establecer rutas viables para la realización de un diálogo que revele un proyecto viable y multidisciplinario permita solucionar el tema de la inseguridad y sus causas.

LA RECONCILIACIÓN SOCIAL

“Si el rico le roba al pobre es negocio, si el pobre le roba al rico es justicia social”, esa expresión apareció en un negocio dedicado a la gastronomía de la avenida Morelos de Cuernavaca y sintetiza la visión que desde la sociedad se construye en relación a las razones por las cuales, las diferencias justifican el establecimiento de distancias complejas de remontar para lograr la consolidación de un tejido social, armónico, en donde cada quien cumpla con la función que eligió o que le fue asignada.

Es complejo desarrollar un proceso de reconciliación cuando las causas del rompimiento no son superadas, las distancia entre quienes con exceso satisfacen sus necesidades y de quienes carecen de los indispensable, se ha incrementado desde que se aprobó el tratado de libre comercio, en 1994 también se elevó el resentimiento y la desconfianza en esos extremos.

Hoy el empleado observa con desconfianza al empleador y el empleador ve con desconfianza al empleado, se rompió el acuerdo o sociedad que en el marco de la “nueva cultura laboral” signaron cámaras empresariales y organizaciones sindicales, luego de los pactos económicos del gobierno de Miguel de la Madrid.

El “enriquecimiento explicable” de las últimas “generaciones” de empleados públicos, cuyo cinismo e impunidad está al margen de los partidos en los que militan, frustran la posibilidad  de recuperar la confianza entre el elector y el elegido, cuando se pregunta a los votantes por qué tomaron alguna determinación, llegan incluso a afirmar “elegimos al menos peor”. Ya desde la presentación los aspirantes a los puestos de elección popular, arriban con la desconfianza social consecuencia de los excesos de sus antecesores, tema que involucra incluso al amplio sector de “reciclados” que aparecen en los procesos electorales de forma constante, intermitente o permanente. “Vivir fuera del presupuesto, es vivir en el error”, afirmaron en la década de los setentas.

LAS REDES SOCIALES Y LA RECONCILIACIÓN

La inclusión de las redes sociales en los procesos electorales y en la transmisión de la información, integró un elemento que genera efectos aún no determinados, algunos consideran que la percepción sobre la inseguridad y la violencia se incrementa como consecuencia de la repetición constante de un mismo acontecimiento, antes los delitos de alto impacto se difundían desde algunos medios de comunicación, hasta mediados del Siglo XX en México los periódicos integraban la información de ese tema en una página interior de su sección principal, donde se reconocía al delincuente como delincuente y al servidor público como servidor público.

Los estudios de la evolución de los medios de comunicación en México, advierten que fue a partir de la difusión del caso de las “Poquianchis” en “Casos de Alarma” cuando se “reveló” el impacto que el sensacionalismo tendría en el ánimo de los lectores de habla hispana en América, esa publicación circuló en todo el continente, en los años sesentas y setentas del siglo pasado, dicen que tenía un tiraje semanal de 2.5 millones de ejemplares.

Hoy esa cifra es “mínima” si se revisa el número de visitas y repeticiones que genera la transmisión en las redes sociales de cualquier delito de alto impacto, con diferentes orígenes, cualquier acontecimiento aparece “n” número de ocasiones en las pantallas de los equipos digitales con acceso a la red

La generación de morelenses que nacieron después de la elección de 1994 no conoció las elecciones  “administradas” desde la dictadura perfecta, no supieron lo que era aceptar sin cuestionar resultados electorales prefabricados.

Consideran a la democracia un espectáculo sin consecuencias que distrae la energía gubernamental en confrontaciones intestinas que están posponiendo la solución a grandes temas que su generación ya enfrenta y entre los que destaca la inseguridad.

El deterioro de los recursos naturales, la ausencia de un proyecto de nación y sobre todo la falta de oportunidades de educación y de un empleo digno que los aleje de la intención-tentación de involucrarse en actos al margen de la ley, son temas indispensables.

La inseguridad es de urgente atención, sin embargo no puede controlar la agenda de un diálogo entre la mayoría de los actores sociales, están pendientes el cumplimiento de la ley por parte de todos sin distingo, las oportunidades de educación, alimentación y cuidado de la salud para todos, la inseguridad puede controlarse más entendiendo desde el poder, la importancia que tiene construir más espacios educativos y menos espacios carcelarios, dejando que sea la sociedad la que impulse el motor del desarrollo y retornando a la autoridad la obligación de consolidar el estado de derecho para que la sociedad libremente determine el proyecto que pretende seguir, impulsar su propia libertad o aceptar volcarse a buscar la seguridad.

“Lo realmente bueno es luchar con determinación, abrazar la vida y vivirla con pasión, perder con clase y atreverse a ganar porque el mundo pertenece a quienes se atreven a vivir, la vida vale demasiado como para ser insignificante”. Charles Chaplin.

Los gobiernos del Partido Acción Nacional involucraron al país en un proyecto de “guerra contra la delincuencia”, las secuelas aún se expresan. El diálogo con el actual gobierno obliga a desechar aquella cultura del miedo y recuperar un proyecto que construya una sociedad libre y democrática.