El gobierno del Estado se vio obligado a convocar a un “Diálogo por Morelos”. No es la primera ocasión en la que la autoridad necesita relegitimarse anunciando una supuesta capacidad para escuchar las inconformidades de los gobernados. Quienes conocieron su evolución aseguran que uno de los procesos más importantes de las campañas presidenciales, eran los foros temáticos que organizo en su momento el Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (IEPES) del Partido Revolucionario Institucional, pues en ellos se escuchaba la percepción que tenia la sociedad de los temas que consideraba más relevantes.
Educación, empleo, salud, vivienda, agricultura, eran los temas que se consideraban de mayor intereses en la “dictadura perfecta”. El desarrollo político era cuestión menor, pues el crecimiento económico y la movilidad social, generaban satisfacción en un amplio sector social, superior al de los grupos inconformes. El tema de la seguridad se posicionó en los procesos electorales, luego de la “globalización del tráfico de sustancias tóxicas ilegales”, en la década de los ochenta.
Fue a partir de que Pablo Escobar irrumpió en los registros de los hombres más ricos del planeta que las autoridades norteamericana voltearon a ver las consecuencias de un fenómeno social del que algunos los responsabilizan.
Gustavo Díaz Ordaz, al reconocer que México era el trampolín de las drogas, les recordó que la alberca estaba en su territorio. En México aparecieron figuras como Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca y Miguel Angel Félix Gallardo. Las cifras del rancho El Búfalo en Chihuahua advertían la magnitud del descuido gubernamental, mas de tres mil hombres del campo con un sueldo superior al que ofrecía la agroindustria nacional, pagados para realizar las jornadas de siembra, cuidado y cultivo de sustancias tóxicas, fundamentalmente mariguana.
La exposición en los medios de comunicación norteamericanos sobre la corrupción policiaca, que arrojo como máximo exponente al “general” Arturo Durazo Moreno, “el negro”, sirvió de plataforma para exhibir los excesos que en el “desempeño de su función pública” cometían algunos elementos y autoridades de las diferentes instituciones involucradas en el tema de la seguridad y la justicia.
Realizar un recuento de los casos de corrupción y abuso de autoridad es irrelevante cuando la intención debe ser reconocer que tanta exposición mediática provoco la ligereza en las opiniones y las afirmaciones a un nivel tal, que ciudadanos involucrados en la denuncia de corrupción logran convertirse en autoridades policiacas sin contar con la capacitación y la formación profesional indispensable para atender esas funciones.
Un tema en la agenda de los “diálogos por Morelos” que trasladan lo urgente sobre lo indispensable, dejando para mejor ocasión la realización de una revisión seria y de fondo sobre la realización de una reforma del poder a través de los consensos para la sociedad de derechos, debe ser el cumplimiento de la responsabilidad de los diferentes protagonistas en el papel que la sociedad les asignó, ya que no puede construirse un encuentro de ideas congruente, en el entendido de que todos son “mil usos en la demagogia”. Las organizaciones gremiales deben retomar la agenda de los derechos de sus agremiados, los médicos deben reunirse con las autoridades para tratar temas de salud, no para “establecer estrategias para la protección de los profesionales de la medicina”. Los doctores retiraron los anuncios de sus consultorios porque los delincuentes empezaron a exigirles el pago de “protección” y la autoridad permaneció ajena a ese reclamo. Fue hasta que falleció algún profesionista víctima de algún delito de alto impacto, cuando la autoridad reaccionó y decidió nombrarlos “vigilantes honorarios”.
LA IMPROVISACIÓN Y LA INSEGURIDAD
La improvisación de los actores políticos ocasionó que el proyecto democrático nacional acabara en una burda demagogia, donde “quien tiene más saliva traga mas pinole”. Los medios de comunicación, que están a punto de convertirse por decisión propia en “estructuras de incomunicación”, han jugado un papel importante en la construcción de la figura del “mil usos demagógico”, la facilidad con la que le dan nivel de “voz autorizada” a expresiones y ocurrencias tiene como consecuencia la pérdida de la credibilidad que hoy mantiene a las estructuras informativas en niveles de confianza inferiores a las redes sociales.Los comunicadores, desplazaron el papel del reportero, que históricamente fue el encargado de reportar los acontecimientos. Hoy se comunican expresiones sin advertir el sustento que las mismas tienen
Ahí está otra de las razones del imperio de la demagogia.
Tiene más vigencia hoy aquella expresión de que “una mentira repetida mil veces termina siendo verdad”. Nada se confirma y se dan como ciertas las leyendas urbanas; los ejemplos empezaron a construirse en la década pasada y hoy forman parte del “debate social”.
Algunas organizaciones que dejaron sus grandes decisiones en manos de improvisados, hoy enfrentan las consecuencias. Un ejemplo lo es el ex gobernador Marco Antonio Adame Castillo, quien fue un legítimo “político ciudadano o ciudadano político”. En 1997 apareció en el escenario “nacional” como el único diputado federal panista plurinominal por el estado de Morelos. Acompañó en la representación federal a otro “político ciudadano o ciudadano político” el senador de primera minoría del PAN por Morelos, Javier Alvarado Ibarez.
Ese partido transitó de forma testimonial sus primeras décadas. Fue hasta finales de los noventa cuando irrumpió en el escenario electoral, cuando logro la mayor votación en los municipios de Cuernavaca y Zapata en 1997, con otros ciudadanos políticos o políticos ciudadanos: Sergio Estrada Cajigal y Rodolfo Esquivel Landa.
La dirigencia de la organización la tenía Adrián Rivera Pérez, quien fue diputado local en la última legislatura de la hegemonía priista, la de 1994 a 1997.
Marco Antonio Adame nunca perdió su “perfil ciudadano”, se mantuvo cercano a las organizaciones sociales que lo impulsaron durante su inclusión en la lista plurinominal federal de 1997, sobre todo con el grupo de laicos católicos “testimonio y esperanza”, del que surgieron algunos de los que fueron sus colaboradores durante su gestión 2006-2012.
Fue antes de integrarse a la candidatura al Senado cuando ingresó formalmente a las filas del Partido Accion Nacional.
Y fue durante éste gobierno ciudadano cuando se consolidaron los “mil usos de la demagogia”. Un ejemplo son los titulares del sector educativo: ahí se nombró a ex dirigentes estatales de la Unión Nacional de Padres de Familia, representación “ciudadana” de los jefes de familia que tienen a sus hijos inscritos es escuelas privadas, como los fueron Ramón Tallabs durante el gobierno de Sergio Estrada y José Luis Rodríguez Martínez durante el gobierno de Marco Antonio Adame Castillo. Ninguno de los dos tenía mayores antecedentes académicos a los de haber dirigido la organización de padres de familia.
Esta improvisación provocó el rompimiento de los maestros del estado de Morelos con el entonces gobernador Marco Antonio Adame Castillo. Tuvieron bloqueado el zócalo de la capital del estado durante varios meses y durante el proceso electoral intermedio de 2009, desde la Sección XIX del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se organizaron “jornadas electorales” bajo la consigna de “ni un voto al PAN” como cobro de factura por los agravios cometidos en contra de los educadores, entre los que destacaron que se nombrara en la titularidad de la SEP a jefes de organizaciones de padres de familia sobre los maestros de carrera, ya que se les consideró por aquel gobierno como con mayores merecimientos por su carácter ciudadano.
En la Procuraduría, Marco Adame impulso la designación de un ex presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el doctor en derecho Francisco Coronato Rodríguez, que tiene como antecedente en esa dependencia el de ser coordinador de asesores en 2005. Previo a ese periodo no advierte en su trayectoria otro periodo dentro de la institución.
Fue durante su gestión que en la entidad se incrementó la presencia de grupos, entre los que destacaron los hermanos Beltrán Leyva.
A ese gestión le toco también observar la detención de los Secretarios de Seguridad Pública del Estado, Luis Angel Cabeza de Vaca y de Cuernavaca Francisco Sanchez, por supuestos vínculos con aquellas familias.
Francisco Coronato dejó la Procuraduría del Estado en 2009 y en 2012 fue registrado por el Partido del Movimiento Ciudadano, como candidato a diputado federal por el primer distrito, que integra a la capital de la entidad.
Hoy está integrado a la lista de pre candidatos a la presidencia municipal de Cuernavaca por ese mismo partido.
Los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional tenían como característica el nombrar a funcionarios de alto nivel con antecedentes previos en las áreas a las que eran asignados. En contadas ocasiones se daban ejemplos de improvisación y nepotismo, el rechazo por motivos partidistas generó el rompimiento de esos requisitos. Por ser el administrador gubernamental con mas trayectoria, (70 años ininterrumpidos al frente del gobierno), en el PRI están los empleados gubernamentales que han logrado mayor experiencia.
En Morelos es la primera vez que el gobierno surge de una propuesta de partidos de izquierda, y el nivel de ciudadanos en la función pública es elevado.
Un pendiente que tiene la libertad de expresión con la sociedad es aprender como transmisor y como receptor a darle el nivel que le corresponde a las expresiones que se transmiten. Están en todo su derecho, los activistas sociales, a emitir sus opiniones en torno a todos los temas. Corresponde a los transmisores establecer desde donde surge aquella expresión y al receptor reconocerle el rango.
LA DIGNIDAD DE LOS MOVIMIENTOS
Rosario Ibarra de Piedra nació en Saltillo, Coahuila, en 1927. Su esposo fue integrante del Partido Comunista Mexicano y presidente de la sociedad de alumnos socialistas de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Su actividad política inició en 1973, cuando su hijo Jesús Piedra Ibarra es acusado de pertenecer a la Liga 23 de Septiembre y desaparece en 1974, tras el asesinato del policía Guillermo Villareal Valdez.
La lucha social que encabeza Javier Sicilia Zardain, tiene un lugar en la historia, el movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que surgió el 26 de abril de 2011, tras el asesinato de su hijo Juan Francisco, forma parte de las causas por las cuales hoy tienen una oportunidad sólida la sociedad y el gobierno encontrarse para atender temas indispensables y urgentes, entre los que destaca la inseguridad.
La historia profesional de Javier Sicilia Zardain señala que nació en la ciudad de México el 31 de mayo de 1956 es un activista, poeta, ensayista, novelista y periodista mexicano. Es colaborador de diversos medios impresos como La Jornada y Proceso. Fue fundador y director de El Telar, coordinador de varios talleres literarios, guionista de cine y televisión, jefe de redacción de la revista Poesía, miembro del consejo de redacción de Los Universitarios y Cartapacios, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde 1995, profesor de literatura, estética y guionismo en la Universidad La Salle de Cuernavaca y fue director de la extinta revista Ixtus. Ahora dirige la revista Conspiratio.
Heredó su vocación por la literatura y la poesía de su padre, quien también fue poeta. Ávido lector de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y Concepción Cabrera de Armida, Sicilia es un poeta cuyos temas están vinculados con el catolicismo y la mística cristiana, como marcos para la elaboración poética.
El 28 de marzo de 2011 durante el gobierno del panista Marco Antonio Adame Castillo, cobró notoriedad, al margen de su condición de escritor y poeta de renombre, al morir su hijo Juan Francisco, junto con otros seis jóvenes, asesinados por el crimen organizado en la población de Temixco, Morelos, en México.
Como consecuencia, el poeta abandonó la poesía. Bajo el lema "estamos hasta la madre", ha encabezado distintas manifestaciones en el país, exigiendo un alto al "clima" de violencia de México.
En 1990 le entregaronn el Premio Ariel a mejor argumento original por "Goitia, un dios para sí mismo" (1989); en 1993 el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares por El Bautista, en 2009 el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes por Tríptico del desierto; en 2011 el Premio Global Exchange People's Choice Award en Derechos Humanos, en 2011 la Presea Corazón de león, otorgada por la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara; en 2011 fue nombrado Persona del año de Time; como parte de la selección en reconocimiento a "El manifestante", en 2012 recibe el XX Premio Nacional de Derechos Humanos"Don Sergio Méndez Arceo", categoría individual; el Premio Voz de los Sin Voz, otorgado por Casa Anunciación en El Paso, Texas; el premio La lucha sigue, otorgado por El Congreso Norteamericano para América Latina (NACLA) en Nueva York; el Premio Personaje del Año (sección Internacional), nombrado por el diario boliviano El Deber. En 2013 el reconocimiento-homenaje La palabra que busca la paz, otorgado por y en el marco de la XXIV Feria Nacional del Libro de León, en León, Guanajuato, México; el reconocimiento del Ayuntamiento de Los Ángeles por "su labor humanitaria en favor de las víctimas del crimen organizado en México y Estados Unidos", en Los Ángeles
De su poesía destacan: permanencia en los puertos (1982), La presencia desierta (1985), Oro (1990), Trinidad (1992), Vigilias (1994), Resurrección (1995), Pascua (2000), Lectio (2004)
Tríptico del Desierto (2009), Vestigios (2013).
Sus novelas: El bautista (1991), El reflejo de lo oscuro F.C.E (1998), Viajeros en la noche (1999), A través del silencio (2002), La confesión (2008), El fondo de la noche (2012).
Ensayos: Cariátide a destiempo y otros escombros (1980), Poesía y espíritu (1998).
Biografías: Concepción Cabrera de Armida, la amante de Cristo (2001), Félix de Jesús Rougier, la seducción de la Virgen (2007), Artículos de análisis político: La voz y las sombras (2009)
Estamos hasta la madre (2011). Entre otros.
Rosario Ibarra, Javier Sicilia y otros han logrado a partir de un sólido liderazgo social, que el gobierno y la sociedad hablen de temas que existieron y públicamente no se reconocieron: en los años sesenta y setenta en México fueron las desapariciones forzosas, en el principio del tercer milenio son las víctimas colaterales de una lucha fallida en contra del “crimen organizado", desde una sociedad desorganizada. No son ni deben ser presentados a través de las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales como especialistas en temas de seguridad pública. Por la complejidad de sus causas actuales hoy no existen individuos que en los personal puedan convertirse en “rambos”, supermán, o cualquier personaje de ciencia ficción que puedan exponer y aplicar “soluciones mágicas”.
Existen aún dos vías visibles para enfrentar el reto de la inseguridad colectiva, dejar que gobierno imponga un “toque de queda” como el que pretendieron imponer los panistas, o construir un acuerdo social a partir de un dialogo que involucre a todas los protagonistas.
El presidente Gustavo Díaz Ordaz tiene un lugar especial en la historia por la represión estudiantil del 2 de octubre de 1968, 11 días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos en México. Su intención pudo ser garantizar la tranquilidad social para los mexicanos y los visitantes durante aquella justa deportiva, pero la ausencia de un diálogo para satisfacer los seis puntos del pliego petitorio y la libertad de actuar desde el poder sin límites por la inexistencia de una estructura democrática, generaron las condiciones para el enfrentamiento que se dio aquella tarde en la Plaza de las tres culturas de Tlatelolco. Se reunieron en una tarde, la construcciones prehispánicas, las coloniales y las modernas, con la barbarie y el autoritarismo de los gobiernos de esas tres etapas.
La democracia sin consecuencias del inoperante sistema político mexicano no advierte un margen para que se imponga la “paz social desde la represión gubernamental” como ocurrió durante aquellas “Tres Culturas”. El arribo al estadio de la participación ciudadana remontó limitantes que la generación que votará por primera vez en 2015 no conoció.
EL ESTADO FALLIDO
En medios de comunicación y en la conversación pública, el concepto “Estado fallido” ha sido usado para contextualizar y explicar fenómenos tan complejos como la ineficacia gubernamental, vacíos de poder local, violencia regional y falta de resultados en el sistema político mexicano, señala Raúl Zepeda Gil, estudiante de la maestría de ciencia política en el Colegio de México y miembro del PRD y de la corriente democrática deliberada.
En el concepto de Estado fallido se contemplan los sucesos políticamente más comprometedores como guerras civiles, inoperancia absoluta del gobierno, guerras con el exterior, existencia de guerrillas que disputan el control territorial y la ausencia absoluta del estado de derecho.
El problema es que el concepto de “Estado fallido” está rodeado de mitos, por lo cual no es comprendido y se menciona sin tener fundamento en las discusiones públicas, por lo cual se hace un uso desinformado que genera exageraciones y desinformación.
El concepto “Estado fallido” significa el fallo del Estado para asegurar su función principal, que es -en el concepto clásico de Max Weber- mantener el monopolio legítimo de la violencia política (Esty, D. C. 1995). Noam Chomsky (2008) ofreció un concepto de Estado fallido más amplio al categorizar no solo el monopolio de la violencia como motivo del fallo, también incluyó los objetivos del Estado.
En el caso de Estado débil, Susan Rice, Stewart Patrick (2008) y Francis Fukuyama (2004) lo definen como un nivel de falta de estatalidad y como nivel de falta de funciones para actuar en el territorio. La estatalidad en los autores es la medida en la cual cumple el Estado con sus funciones jurídicas y de seguridad básicas, y de funcionalidad, como la capacidad del Estado en interceder en la vida cotidiana en el país.
Es decir, un Estado débil puede verse en cómo el Estado asegura la seguridad nacional y humana, además de cómo actúa en asuntos del país. Un Estado con baja estatalidad sería uno que tiene impunidad y violencia regional. Un país con baja funcionalidad es uno donde tiene bajos niveles regulatorios.
En el nuevo milenio se tienen elementos y herramientas que no estaban al alcance de la sociedad. La sociedad le reclamó al gobierno un espacio para ser escuchado, el gobierno ya reconoció su responsabilidad y hoy presenta una agenda de cinco puntos para iniciar un encuentro ordenado de expresiones de inconformidad y de propuestas para remontar las diferencias, a través de “los diálogos por Morelos”: Poder ciudadano y gestión gubernamental para la seguridad, prevención social del delito en territorios de paz y reconciliación social, nuevo modelo policiaco con mando único y coordinado, nuevo sistema de procuración de justicia y Hacia la reinserción social y la no criminalización de jóvenes y adolescentes con adicción.
La convocatoria incluye a los sectores más significativos de la sociedad, entre ellos la ciudadanía, la UAEM, universidades privadas y centros de investigación, universidades tecnológicas y politécnicas, dependencias de la administración pública estatal, Tribunal Superior de Justicia, Congreso del estado, gobiernos municipales, autoridades auxiliares y delegados, partidos políticos, dependencias y organismos del gobierno federal, expertos y especialistas nacionales e internacionales, organizaciones de la sociedad organizada, asociaciones religiosas, medios de comunicación, transportistas, organizaciones campesinas, comisarios ejidales empresarios y sindicatos.
La agenda pretende realizar actividades durante los próximos seis meses. En junio será el primer encuentro del acuerdo por Morelos entre sociedad y Estado
En septiembre se propone integrar un documento para el Congreso del estado, del presupuesto participativo para la seguridad y la justicia, y en diciembre cumplir con la primer evaluación de la implementación de las políticas públicas, estrategias y líneas de acción.
El crecimiento exponencial de las estadísticas que reflejan el número de delitos de alto impacto y su consecuente impunidad, así como las manifestaciones ciudadanas para reclamar la atención pronta del problema, ya cumplieron -y con creces- su objetivo, provocar la reacción de la autoridad.
Ahora debe la propia sociedad cumplir con una responsabilidad que por diversas causas le confió al propio gobierno, y que es vigilar en todo el proceso el puntual cumplimiento de los objetivos acordados por parte del gobierno y de la propia sociedad.
Alberto Capella expresó en una reunión esta semana en el sur de la entidad, que el gobierno sin la sociedad no puede. También debe reconocer que la sociedad sin el gobierno tampoco puede con las causas condiciones y consecuencias de la actual inseguridad pública. La democracia no podrá tener consecuencias en tanto la relación pueblo gobierno sea monotemática y disminuida al tema de la inseguridad. Los grandes pendientes están aún a la espera de respuestas desde la democracia, sin autoritarismos y sin la imposición o reconocimiento de un Estado fallido o débil. Debe ser un Estado que cumpla y haga cumplir la ley que democráticamente aprobó el pueblo, a partir del reconocimiento de responsabilidades y derechos de cada sector y ciudadano involucrado e interesado.
