La Independencia se dio porque algunos sectores de la sociedad estaban inconformes con la entrega de recursos a la corona española, sin disfrutar de una retribución por los mismos; los propios integrantes de la “clase acomodada”, actuaron en complicidad con el pueblo y lograron regionalizar la toma de decisiones.
Cien años después, la Revolución Mexicana se organiza a través de la coordinación de inconformidades que se dan entre sectores, que se sintieron lastimados por las decisiones políticas y económicas que impuso el gabinete de Porfirio Díaz a los pobladores.
La alternancia se logró por la vía “pacífica” por el temor gubernamental de una “revuelta más”, cuando el sistema político que gobernó durante los 70 años más importantes del siglo XX, cumplió su ciclo; se pretendió imponer un sistema de partidos que menospreció la madurez social y hoy los ciudadanos le “voltean la espalda” a esos supuestos organismos de interés público, que no se desempeñan con dignidad en los procesos electorales y tampoco logran consensar un proyecto de nación que pueda ser revisable por los electores.
La inmovilidad y el conformismo gubernamental ocasionan la movilización popular, el acceso a las tecnologías digitales multiplica en efecto que sobre el ánimo gubernamental tienen las expresiones sociales que cuestionan el desempeño de los empleados del pueblo.
Pueblo como gobernado, y autoridad como gobernante, olvidaron que el pacto que signaron en México para reconocer y para impulsar un proyecto de nación quedó redactado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se promulgó el 5 de febrero de 1917 y que la búsqueda de su perfeccionamiento y de su cumplimiento, pueden ser la vía para la reconciliación de ambas partes como principio para la recuperación de la paz social.
Por ello, es importante reconocer que:
“La Constitución da sustento y testimonio de nuestra evolución como nación.
A lo largo de su articulado se define un modelo de vida que exige el cumplimiento de obligaciones públicas y mayor injerencia ciudadana para alcanzar los fines del Estado. En este sentido no basta con poseer un marco constitucional de vanguardia, es necesario alinear nuestro diario actuar con este proyecto de Nación, esforzarse para lograr un mejor país. (Secretaría de Gobernación, Marzo 2014)”.
Un principio que pueden revisar los involucrados en la construcción de un encuentro entre partes distanciadas a través de un “Diálogo por Morelos”, es la revisión de los artículos primero y segundo de la Carta Magna:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS
ARTÍCULO 1.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos.
Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
ARTÍCULO 2.- La Nación Mexicana es única e indivisible.
La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.
El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.
EL FENÓMENO DE LA INSEGURIDAD Y SUS CONSECUENCIAS
El presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Javier Oliva Posada, presentó el pasado 15 de mayo un documento titulado “Aproximación conceptual y delimitación de las condiciones que determinan y exacerban el fenómeno de la inseguridad y sus consecuencias”.
Ahí establece que: el problema de la inseguridad debe explicarse en relación con las condiciones de miseria y marginación, que han excluido a millones de personas de los beneficios del “desarrollo”.
El problema no es el neoliberalismo, el problema es que, para el neoliberalismo, son muchos los seres humanos que sobran.
En estados-nación siempre han existido sectores sociales sin opciones para satisfacer sus necesidades más esenciales, por no ajustarse a las exigencias del desarrollo impuesto por sectores hegemónicos de una determinada sociedad.
El fenómeno de la exclusión se generaliza en la mayoría de las sociedades nacionales, con la expansión del capitalismo en su acepción más radical a mediados del siglo pasado. Este movimiento introdujo una perspectiva desarrollista para definir y orientar la práctica económica, mediante categorías tales como: riqueza, evolución, progreso y crecimiento.
En su acepción capitalista, el desarrollo es, para la mayoría de los expertos con una orientación tecnócrata, la expresión más elocuente del proceso natural que las sociedades requieren para alcanzar un óptimo crecimiento económico que permita el bienestar, el cual, ha de ajustarse sin excepción a las siguientes condiciones: inversión, tecnificación, optimización y modernización.
A partir de la década de los ochenta del siglo pasado, se ha absolutizado el mito del crecimiento económico, sin imponerle restricciones de ninguna naturaleza, reeditando así en el caso mexicano la absurda consigna del llamado “desarrollo estabilizador”: primero crecer, para luego repartir.
Esta postura totalizante de la dimensión económica, se justifica mediante un sistema de valores que convierte al crecimiento económico en la condición suprema para garantizar el bienestar, el cual se hace operativo por conducto de las siguientes medidas:
Restringir los mecanismos que tienden a regular la actividad económica para garantizar la igualdad en las relaciones comerciales.
Limitar o contener los programas de asistencia que proporcionen oportunidades de bienestar y desarrollo a sectores debilitados.
Privatizar las empresas del sector público, con la finalidad de limitar la gestión de los gobiernos.
Eliminar las fronteras que protegen a pequeños productores para facilitar el tránsito de capitales y mercancías de grandes empresas.
Recortar la inversión en materia social para destinar la mayor parte de los recursos al pago de la deuda externa.
Subordinar la complejidad de la hacienda pública a variables globales de la política económica, como equilibrar el presupuesto y reducir la inflación.
Incentivar la inversión de sectores privados, eliminando las medidas que protegen a los obreros.
Liberar de impuestos y obligaciones ambientales a sectores poderosos que contribuyan a la industrialización.
Con las medidas expuestas, se debilita al estado-nación para generar sin límites un crecimiento económico que eleve el nivel del ingreso per cápita, condición supuesta para resolver la situación de los sectores más rezagados.
Sin embargo, el crecimiento alcanzado no ha contribuido al bienestar de los sectores populares, por el contrario, en la mayoría de las sociedades nacionales que se encuentran en vías de crecimiento, se ha acrecentado gravemente la protesta ciudadana, pues en algunos lugares han vuelto a surgir los movimientos armados que demandan un cambio en el rumbo de las políticas adoptadas, las cuales han agravado la situación de miseria de millones de personas e incrementado la concentración de la riqueza en un porcentaje muy reducido de ellas.
De hecho, la inequitativa distribución de la riqueza y el ingreso, que perpetúa y acrecienta la desigualdad socioeconómica, es la manifestación más contradictoria del desarrollo capitalista en su manifestación neoliberal.
Al oponerse drásticamente a la intervención redistributiva del estado, el desarrollo neoliberal nulifica los intentos para asignar recursos en materia social, que privilegien el desarrollo de los sectores más rezagados. Observándose, en las sociedades nacionales más empobrecidas, una lamentable precariedad en su capital social para satisfacer plenamente sus necesidades alimentarias, sanitarias, educativas y de servicios públicos; esto, aunado a una explotación irracional de los recursos naturales por empresas multinacionales, que degradan el ambiente en detrimento del bienestar de la población en general, de las sociedades mencionadas.
Una economía sin restricciones provoca la propia ruina del sistema social y del entorno natural, ya que produce un número muy reducido de ganadores y demasiados perdedores, propiciando, en consecuencia, una sobreproducción que irrumpe y destruye el equilibrio ecológico, en contraposición con un infraconsumo de grandes mayorías que quedan excluidas de los beneficios del sistema, por no poderse adaptar con suficiente rapidez a las exigencias planteadas por las políticas económicas.
Esta incapacidad para adaptarse y participar de las riquezas, produce en las personas una frustración constante que, por lo general, se expresa en forma de ira dirigida al interior de los sectores excluidos o al exterior de los mismos. Más aún cuando el número de excluidos alcanza un umbral crítico, los resentimientos provocan una implosión cultural; los no integrados persiguen la venganza organizada en diversas formas de violencia exacerbada y patológica, traducidas en localismos y sectarismos que amenazan la existencia de los sistemas sociales.
El investigador concluye su exposición al indicar: “ante lo cual, los ciudadanos preguntamos a los actores políticos: ¿qué cambios, en materia de políticas públicas, están dispuestos a impulsar en los ámbitos político, económico, cultural, cívico y educativo, para garantizar la convivencia comunitaria en un horizonte de desarrollo más incluyente, solidario, justo y seguro?
¿Están dispuestos a asumir el compromiso de definir con la ciudadanía las propuestas de nuevas políticas públicas, reconociéndole los ciudadanos su carácter protagónico en la construcción de realidad?”
AHOGADO EL NIÑO, TAPAN EL POZO
“La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), a través del Consejo Universitario, decidió emplazar a los ‘Diálogos políticos por la seguridad ciudadana’, con el objetivo de que los funcionarios y representantes populares de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes, asumieran una posición respecto del problema de la inseguridad, pero también para asumir compromisos concretos a partir de los cuestionamientos, críticas y propuestas que hiciera la ciudadanía.
En general, aquellos actores políticos que asistieron se comprometieron a escuchar a la ciudadanía. Aunque es evidente que eso no implica ninguna obligación a cumplir con lo que se les propone. La participación de representantes de la sociedad civil organizada y no organizada, fue nutrida y las propuestas de lo más variado, tanto que algunas de ellas se contraponen entre sí.
Por ejemplo, se presentaron propuestas como la demanda formal al titular del Ejecutivo federal para que se nombre un “comisionado especial” que dependa de la Secretaría de Gobernación (Segob), como ha ocurrido con los casos de Michoacán y Tamaulipas; mientras que otros demandaron la desaparición de la estrategia del Mando Único policial, en tanto que presidentes municipales aseguraron que sí funciona la estrategia.
Lo que se desprende de este documento-memoria del primer foro de los diálogos políticos por la seguridad ciudadana, es que la sociedad morelense tiene un enorme hartazgo por la situación que padece diariamente y que necesita espacios de expresión del dolor, así como respuestas inmediatas que, por una parte, detengan o disminuyan la intensidad de los delitos, y por otra, reparen la situación de miles de víctimas que se han producido por esta situación de guerra que atraviesa el país”. (Introducción de la relatoría de los “Diálogos políticos por la seguridad ciudadana”).
La versión gubernamental señala que “los diálogos se están construyendo con una visión totalmente ciudadana”. Jorge Messeguer, secretario de Gobierno, tras sostener la segunda reunión -para la elaboración de las mesas temáticas con el gabinete ampliado, empresarios, colegios de abogados, sociedad, asociaciones religiosas, académicos, entre otros- convocó a todos aquellos grupos que no se han integrado a que lo hagan, ya que aseguró es una invitación abierta y el Gobierno de la Nueva Visión no restringe a nadie para que participen en las distintas mesas temáticas”, establece el comunicado de prensa, enviado el pasado miércoles.
El próximo 19 de junio tienen programada una reunión, en la que afirman será el comienzo para que la sociedad y el gobierno construyan la mejor propuesta a favor del estado.
CAUSAS, CONDICIONES Y CONSECUENCIAS
La historia del México del siglo XX, es la causa principal por la que hoy el tema urgente del encuentro y los desencuentros entre el pueblo y el gobierno, se limitan al tema de la falta de seguridad para todos los habitantes de la entidad, el que le robaran las llantas al vehículo blindado de un alto funcionario en la entidad, no fue razón suficiente para que el aparato gubernamental reaccionara, las estadísticas reveladas por los “estudiosos y especialistas” en temas de seguridad, tampoco; el asesinato a manos de delincuentes casuales de un investigador universitario y su esposa, fueron “la gota que derramó el vaso” de un tema que se construyó en la última década, el incremento de las cifras de los delitos de alto impacto en el desanimo social.
El pasado martes en la noche, se reunieron funcionarios de gobierno coordinados por el secretario de Gobierno, Jorge Meseguer Guillén, con investigadores, líderes sindicales, representantes de diversas agrupaciones de profesionistas y de sectores productivos, y un interesante número de abogados.
La participación de los estudiosos del derecho merece una revisión aparte, lo relevante de la primera reunión fue que todos se manifiestan como conocedores del tema de la inseguridad y olvidando su función en la sociedad, exigen resultados al gobierno como si este fuera el único responsable de la descomposición social.
El gobierno actual entró en funciones el primero de noviembre de 2012; un porcentaje considerable de los integrantes del gabinete, se integró al servicio público en funciones administrativas por primera ocasión, “refrescan el aparato de gobierno y carecen de experiencia práctica”.
La sociedad que hoy protesta está integrada por los descendientes de quienes se quejaron del pésimo desempeño de las autoridades prehispánicas, coloniales, porfirianas y post revolucionarias, así integraron a la “sociedad mexicana del siglo XXI”, han acumulado hasta experiencia genética en la industria de la denuncia, la crítica y el señalamiento.
Durante la “dictadura perfecta” se establecieron máximas que sintetizaron el manual del desempeño del aspirante a candidato: “el que se mueve, no sale” y “la caballada está flaca”, hoy ya no se aplican aquellos principios no escritos de la política a la mexicana, desde 1997, cuando se inauguraron los procesos electorales ciudadanizados, sólo “el que se mueve sale”, la industria del escándalo y la denostación de los actores de la vida pública, ha dado margen al surgimiento de liderazgos mediáticos y mesiánicos que triunfan en las urnas y fracasan en el desempeño gubernamental.
La caballada está flaca, sigue vigente en una época en la que los candidatos pueden surgir y triunfar en una elección constitucional, al margen del partido al que pertenezcan; en Morelos, por ejemplo, todos los partidos políticos tienen en su historia triunfos en procesos constitucionales, en alguna presidencia municipal o algún distrito local, incluida la “chiquillada”, como designó Diego Fernández de Ceballos, a los partidos emergentes.
Esta máxima aplica luego de que se ha comprobado que los partidos políticos y sus dirigencias, prefieren impulsar las candidaturas que cubren con sus cuotas y compromisos de grupos, a quienes pueden ser más rentables en las urnas y posteriormente a quienes puedan desempeñar “decorosamente”, la función en la que serán electos.
Ningún partido político en Morelos hoy puede, desde su interior, construir una propuesta de gobierno viable para solucionar el tema de la inseguridad a partir de garantizar el cumplimiento de la Carta Magna, garantizar la transparencia y vigilancia en la aplicación de los recursos públicos y provocar que las decisiones que tomen la mayoría, sean construidas a través del libre y consiente sufragio efectivo.
DIÁLOGO SÍ, CONSULTA NO
La reunión celebrada el pasado martes en Palacio de Gobierno, registró participaciones interesantes, entre las que destacan el reconocimiento externado por uno de los asistentes y contó con la aprobación de los funcionarios, en el sentido de que el pueblo y el gobierno saben realizar consultas y simulacros de consultas para legitimar decisiones ya tomadas, y que ambos carecen de la más mínima experiencia para realizar un diálogo.
También quedó la oportunidad de reconocer los logros y ubicar los errores para corregirlos, así como la necesidad de establecer una metodología que permita formular preguntas para encontrar respuestas.
El Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) se convirtió, en lo político, en una consulta sobre los métodos para enfrentar el rezago social y la pobreza que se manifestó a finales de los ochenta y principios de los noventa; en Morelos a partir del gobierno de Jorge Carrillo Olea y más por presión de los integrantes de todos los partidos políticos, incluido el gobernante PRI, que se sintió desplazado por aquella administración; impulsaron la realización de una “mesa para la reforma del estado”, ahí se “consultó” a la sociedad los fracasos económicos, políticos y sociales de aquel gobierno.
Fue en la reforma del estado donde Jorge Morales Barud construyó el plan mínimo para su gobierno de reconciliación, los gobiernos panistas comentaron, pero nunca consultaron la necesidad de avanzar en la reforma del estado o en algún método de consulta pública.
Sergio Estrada fue práctico en sus proyectos, impulsó temas agrícolas, económicos, comerciales y de servicios, pero su gobierno fue ajeno al trabajo político; Marco Antonio Adame Castillo menospreció la participación social y desempeñó la administración más autoritaria de las últimas décadas, su fracaso se provocó en dos temas la opacidad del manejo de los recursos públicos y la toma unilateral de determinaciones, el ejemplo más claro fue el enfrentamiento con todos los maestros de la entidad en 2008.
El primer acuerdo para un diálogo entre pueblo y gobierno, está el que reconozcan que no cumplen con la Constitución y que pese a jurarla, la olvidan y los ciudadanos se olvidan de vigilar que el gobierno la cumpla, posteriormente reconocerán que la Carta Magna es perfectible y que corresponde a los estudiosos del derecho plantear sus modificaciones y, de ser necesaria, la redacción de una nueva, que deberá ser presentada al pueblo a través del Congreso para su aprobación y desde ahí entregar al Poder Judicial las herramientas mínimas indispensables para su cumplimiento.
Un paso importante será que el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial retomen la responsabilidad pública que tienen y que la sociedad se convierta en una ciudadanía que vigile el desempeño de los poderes públicos. Así se le dará un fin práctico a los “Diálogos por Morelos” y se reconstruirá un tejido social fracturado por la incapacidad gubernamental y la ausencia de la ciudadanía. Desde ahí se podrá construir un proyecto de nación, basado en la libertad y no en la temerosa garantía de la seguridad.
