Serán 64 encuentros de 90 minutos cada uno los que realizarán 32 de los 204 equipos integrados a la organización mundial de fútbol, lo que involucra a 352 jugadores más suplentes que serán observados por los habitantes que tengan acceso a la televisión de las 204 naciones afiliadas.
La experiencia que registran los mundiales de fútbol anteriores, advierten que en las fechas y dentro de los horarios en los que se juegan la mayoría de los partidos, las actividades escolares y gubernamentales llegan a suspenderse. Hay momentos en los que incluso las empresas suspenden su trabajo para permitir que los colaboradores de todos los niveles puedan “disfrutar del encuentro”.
Es la versión moderna del concepto de “pan y circo” que se estableció hace siglos para generar condiciones de gobernabilidad, hoy cuando en Morelos se pretenden construir diálogos y revivir una debilitada y desgastada reforma del estado, deben reconocer los convocantes que corren el riesgo de “tropicalizar” los torneos de fútbol, antes de lograr una participación social que legitime los encuentros, y más importante, los acuerdos a los que en esos diálogos lleguen.
Morelos enfrenta retos que demandan urgente atención que será pospuesta por la vocación de aficionado que caracteriza a su población, las promociones de los diferentes centros de esparcimiento para atraer a los comensales, así lo manifiestan, al margen del horario en el que se desarrolle cada encuentro deportivo, los preparativos y las discusiones posteriores generan la posposición de temas profesionales, académicos y de otras disciplinas, ya que como dice un anuncio: “la pasión, manda”.
Es decisión individual determinar si en los deportes se involucra cada quien como aficionado o como jugador, los espectadores se están integrando paulatinamente a las estadísticas sobre obesidad y obesidad infantil, los jugadores adquieren una serie de derechos y compromisos que los mantiene en la cancha bajo la “observación” de los aficionados.
En la construcción de una sociedad democrática se requiere de la decidida participación de los ciudadanos que deben superar en cantidad y en calidad la apatía de los habitantes que ha caracterizado los “grandes movimientos” de las últimas décadas, fueron protagonizados por los grupos directamente afectados y no lograron incluir a la mayoría de la población, el último ejemplo fue “#Yosoy132”, primer “gran éxito” de la participación social a través de las redes sociales durante un proceso electoral en México, el número de repeticiones que cada expresión logró en el ciber-espacio durante la campaña presidencial fue varias veces superior al número de votos con los que el abanderado del PRI, Enrique Peña Nieto, logró legitimar su triunfo en las urnas.
Los “operadores electorales” reconocen que el entusiasmo social en las redes no corresponde a la construcción de una libre y consciente participación ciudadana, los cibernautas representan en el mundo real a los aficionados ante los jugadores. En el mejor de los casos las movilizaciones y convocatorias en las redes sociales, “en el gobierno provocan reacciones, no promueven acciones”.
El estadio de fútbol más importante de Morelos es por mucho el Agustín “Coruco” Díaz de Zacatepec, que está en proceso de remodelación para acomodar en su tribuna a un importante número de aficionados que puedan “vivir la pasión” que les genera el desempeño de 22 jugadores en la cancha y que son vigilados por un grupo de árbitros a los cuales frecuentemente “interpelan” los espectadores.
El padrón político advierte que en Morelos existe más de un millón de “aficionados” foto-credencializados que pacientemente esperan conocer la lista de los jugadores de cada tres años, para acudir a apoyar o rechazar a quienes consideran con atributos suficientes para representarlos en la “más alta tribuna” o bien en funciones administrativas municipales, estatales o nacionales.
Para la próxima contienda los competidores buscarán ser alguno de los 181 regidores, 33 síndicos, 33 alcaldes, 18 diputados locales de distrito, 12 plurinominales o cinco diputados federales y dos o tres plurinominales, así como los suplentes, lo que advierte que ocho organizaciones autorizadas para contender (partidos con registro) que registrarán a cerca de cinco mil jugadores para alguna de estas posiciones en calidad de titulares o suplentes sólo menos de 300 lograrán integrarse a la “tabla de posiciones”, otra cifra similar se colocará en una lista de espera que es manejada por la suerte, las circunstancias y la diosa fortuna, desde donde rogarán por alguna gracia o desgracia en la suerte de sus titulares para “rendir protesta al cargo”.
El “juego político” que se realiza cada tres años, no ha logrado, pese a su “democratización y ciudadanización” en 1996 atraer la simpatía de más jugadores o aficionados, ya que con desconfianza y, a la distancia, es observado y rechazado por los mismos que domingo a domingo se colocan frente al televisor o en el mejor de las casos desde “la tribuna” para analizar, aprobar, rechazar y hasta repudiar a su equipo favorito, a su “más odiado” contrincante y a sus “ídolos”.
El fútbol ha logrado en México una ventaja sobre la política, pese a estar sometido, igual que la actividad pública, a los designios de los caballeros “Don Poder” y “Don Dinero”, las autoridades de ese deporte han logrado que los directivos de los equipos, los entrenadores y sobre todo los jugadores, conozcan y respeten el reglamento que rige todas sus actividades, no dejan de existir abusos y excesos, sin embargo las sanciones han logrado limpiar la imagen más que el ambiente de ese espectáculo.
El espectáculo político es cada vez más deprimente, está sometido al escándalo, la calumnia, evoluciona sin respeto a las reglas y cada vez es mayor el número de jugadores que no cumple con los requisitos mínimos indispensables para ser considerado “digno” de representar a la población.
EL CONGRESO ESTATAL, UNA ARENA
La falta de normas acompañadas de sanciones que obliguen a su cumplimiento convirtieron al Congreso del estado en la arena del circo, donde las fieras devoran a los gladiadores. Ahí se discutirá la iniciativa de armonización político electoral que envió el Poder Ejecutivo del estado, a través del secretario de Gobierno Jorge Meseguer Guillén, para recuperar el rumbo de una frustrada reforma del estado que aseguran todos fue consensuada en lo fundamental con los dirigentes de los ocho partidos que están representados en la “más alta tribuna de la entidad”, contiene varios temas.
Para confirmar la conversión en centros de espectáculos de la representación ciudadana, hay que señalar que un punto es que los legisladores podrán reelegirse hasta por tres periodos, podrán permanecer con fuero y dentro de la función pública por un máximo de 12 años consecutivos.
Esta propuesta será analizada y votada por el pleno de 30 legisladores, entre los que están ex alcaldes sujetos a investigación por supuestos desvíos de recursos o que fueron expulsados de su partido, como es el caso de Manuel Martínez Garrigós, un voto especial será el del ex presidente municipal de Amacuzac, Alfonso Miranda Gallegos, actual diputado por el Partido del Trabajo que el pasado martes escandalizó, en la vía pública, al lograr rescatar de las manos de agentes de la Fiscalía del Estado al chofer de un camión que trasladaba material y que al ser revisado se estableció que estaba alterada su identidad. El diputado que revisará la posibilidad de la reelección, tiene ya más de media docena de denuncias, tanto del fuero federal como del estatal, por la supuesta comisión de delitos.
La búsqueda de la gobernabilidad democrática se frustra cuando la ausencia de ciudadanos provoca que la cantidad y la calidad de los jugadores sea ínfima, a un nivel tal, que ahuyenta a posibles aficionados; la confirmación está a la vista de quien desee observarla, en el directorio telefónico existe un importante número de organizaciones que promueven la integración de niños y jóvenes al deporte de las patadas, pero ninguno de los partidos políticos puede presentar un padrón con más de 50 jóvenes que superen 18 años y que estén integrados a sus escuelas de cuadros.
Para los partidos políticos y las burocracias que los controlan y que pueden, en las próximas semanas, garantizarles escaños legislativos hasta por 12 años, es más rentable la existencia de habitantes que acepten desempeñar el papel de aficionados que abrir espacios para la integración de nuevos jugadores.
Por ello es importante sugerir a los pocos interesados en atender el tema de la armonización político electoral, revisar una de las más importantes transformaciones que se dieron en el pasado siglo 20 y que fue la construcción del sistema político español a la muerte de Francisco Franco y que inició en la década de los setentas.
EL REY DE UN PAÍS LIBRE
El lunes abdicó al trono de España, Juan Carlos de Borbón, “El 22 de noviembre de 1975, a la muerte de Francisco Franco, fue proclamado rey por las cortes españolas, poca gente en España y en el mundo creía que aquella monarquía iba a durar. El sentimiento más extendido era que, hechura y prolongación apenas disimulada de la dictadura, el nuevo régimen resultaría incompatible con la democratización de España, anhelo de la inmensa mayoría de los españoles”. Así lo escribió en el 2000, Mario Vargas Llosa, en el periódico El País, con motivo de los 25 años de coronación, bajo el título del “El rey de un país libre”.
Donde estableció: “Juan Carlos supo muy joven, de manera inequívoca, que la supervivencia y arraigo de la monarquía en España sólo serían posibles si asumía resueltamente una vocación democrática, es decir, si rompía de manera clarísima con la herencia de 40 años de dictadura y propiciaba la reconciliación de los españoles. El retorno de los exiliados, la legalización de todos los partidos políticos (incluido el partido comunista, la bestia negra del régimen), elecciones libres y una genuina libertad de prensa: en otras palabras, si se instalaba en España una monarquía democrática constitucional, a la manera de las existentes en el Reino Unido, Holanda o los países escandinavos.
El milagro laico de la transición española no fue obra de una persona, desde luego. Muchas -Adolfo Suárez, Felipe González, Santiago Carrillo, Manuel Fraga y muchos otros- colaboraron en ese trabajo de relojería china que tendió puentes donde había abismos de recelo y animosidad, creó consensos, firmó pactos, consiguió concesiones a diestra y siniestra y fue embarcando, en un gran movimiento modernizador y de reconciliación, a toda España”.
EL PACTO DE LA MONCLOA FUE HIJO DE LA NECESIDAD
El Pacto de la Moncloa, en el camino hacia la recuperación del Estado de derecho, consistió en la firma de dos documentos históricos en los que representantes de los principales partidos políticos, sindicatos y otros actores sociales se comprometieron, en octubre de 1977, a seguir un programa con medidas tendientes a estabilizar la administración de un país acechado por la pobreza y el fantasma latente del regreso de la dictadura militar.
"La clave de ese acuerdo fue la muy trabajada y trabajosa predisposición al consenso entre los sectores más moderados de centro derecha, a la que pertenecía el designado presidente Adolfo Suárez y los de centro izquierda... e incluso del Partido Comunista Español que recién había sido legalizado a principios de ese año. No fue un acuerdo para nada sencillo porque todos tuvieron que hacer concesiones a regañadientes, pero los frutos se ven hoy en día", reconoce el investigador en estudios históricos Víctor Escudero.
No obstante, por las grandes dificultades que vivía España en 1977, resultó la primera gran coincidencia de todas las fuerzas políticas, sindicales y sociales que, convocadas por Suárez, decidieron reunirse en el palacio gubernamental de La Moncloa para acordar lo que el tiempo transformaría en algo más que una simple declaración de principios.
Una de las claves para que el documento no quedara "en letra muerta", fue el "cuello de botella" en el que se encontraban las flamantes y algo desorientadas autoridades nacionales. "El pacto fue hijo de la necesidad. El gobierno de entonces había ganado las elecciones cuatro meses atrás con poco más del 35% de los votos. Con el electorado fragmentado y las calles llenas de manifestaciones, se vio obligado a llegar a algún tipo de acuerdo con la oposición. De alguna manera, se trataba de pensar más allá de la identidad de un gobierno: se trataba de encontrar una nueva identidad de país, aceptada también por el mundo exterior".
Las bases del pacto en materia económica, que fue el aspecto más elaborado y trascendente del acuerdo general, fueron sentadas por el propio ministro de Hacienda, Enrique Fuentes Quintana, quien reconoció abiertamente, después de muchos años en los que se disimulaban o tergiversaban las noticias sobre el verdadero estado de la economía, que la situación no podía "seguir así". Las razones de su diagnóstico se hacían sentir en la vida cotidiana: 40% de inflación, desempleo en aumento y paralización de la actividad, sumado a una balanza comercial cada vez más desfavorable para España, con exportaciones que sólo cubrían el 45% de las importaciones.
Sin embargo, y contrariamente a lo que pregonaban algunos políticos y economistas, la solución no se encontraba en el triunfo de una política basada en una ideología en particular sino en la voluntad de saber resignar algunos principios en pos del bien común.
"El camino es la negociación. El país ha mostrado un deseo inequívoco e irreversible de renuncia a la imposición como vía para resolver los conflictos, y porque la oposición es parte del poder. Los problemas planteados son problemas que afectan al interés nacional, y que exigen para su solución la participación de todos los grupos, y de todos los partidos", aseguraba Fuentes Quintana.
A las reuniones de octubre en las que se discutió y acordó el pacto, el titular de Hacienda arribó con una gran ventaja: en varias rondas previas, consiguió acordar con las confederaciones sindicales un número de concesiones que, posiblemente, hubiesen demorado la redacción del documento de haberse tratado junto con el resto de las propuestas. En sus encuentros con los sindicalistas, Fuentes Quintana acordó la reglamentación del despido libre para el 5% del personal de las empresas, y también acordó el límite de incremento salarial en un 22% para los años siguientes. Esto, por supuesto, luego de conceder el derecho de asociación sindical, todo un logro para las centrales obreras tras los interminables años de censura, impuestos durante el régimen del general Francisco Franco.
Luego, junto con el máximo representante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el entonces ascendente Felipe González, el titular del Partido Comunista Español (PCE), Santiago Carrillo, y los líderes de todas las fuerzas políticas legalmente habilitadas, también se acordó un plan básico de devaluación programada de la peseta y una reforma del sistema impositivo para disminuir el entonces acuciante déficit público.
Pero las reformas en el plano económico, aunque fueron las más importantes y recordadas, no fueron las únicas. "Muchos no rescatan la importancia para la renovación política y jurídica que tuvieron los Pactos de la Moncloa, porque la Constitución Española, que se aprobó al año siguiente, terminó por plasmar en el papel los derechos y garantías que la ciudadanía había ganado con tanto esfuerzo. Pero no hay que olvidarse de que el pacto fue la semilla de la Carta Magna", señala Flores García.
En ese sentido, se acordaron varias disposiciones que luego, junto con el resto de las propuestas, recibirían la doble aprobación del Congreso. Entre otros principios básicos que marcarían un antes y un después en la historia reciente de España, se acordó la aprobación del derecho de reunión, la penalización de la tortura y se reglamento la libertad de expresión, un término utópico durante el franquismo.
"Sin dudas, no se entendería a la democracia y al progreso sin el pacto. Fue momento de luz, acaso un chispazo, pero suficiente como para hacer ver y convencer al mundo, de que España podía ser democrática y pujante", fue el momento en que la clase política, por una vez, decidió reunirse para dejar de lado sus diferencias más allá de las palabras y las promesas.
José Ramón Pin Arboledas.- Profesor de IESE y ex diputado en el Congreso por la Unión de Centro Democrático (1977/1982) señala que cuando se firmaron los Pactos de la Moncloa, la situación política era de cambio profundo. Se pasaba de una dictadura a una democracia y se quería hacer de manera pacífica. Política y economía van siempre de la mano. Si la una no funciona, la otra se estanca. Así que uno de los grandes obstáculos para consolidar las instituciones era el riesgo de una depresión. La primera crisis del petróleo, auspiciada por la OPEP, había disparado la inflación en España (más de dos dígitos), aumentado el desempleo, desequilibrado las finanzas públicas y restringido el crédito. Las empresas estaban mal y su competitividad era escasa. La espiral salarios-precios era un cáncer. Como los acuerdos salariales se basaban en la inflación histórica, a la que se sumaba una parte de productividad, los precios seguían subiendo y así sucesivamente. Un proceso imparable y mortal que hubiese podido acabar en hiperinflación y se hubiese llevado por delante la democracia. Adolfo Suárez había conseguido el pacto político con la oposición clandestina (incluido el PCE, que legalizó) y había que conjurar la crisis económica. Fuentes Quintana era su vicepresidente económico y era necesario cambiar esa espiral en sentido contrario. Patronal y sindicatos estaban en mantillas. Fueron los partidos políticos, legitimados por las elecciones, los que firmaron algo sencillo, pero fundamental: los convenios colectivos acordarían subidas salariales en función de la inflación esperada por el Gobierno, siempre a la baja, para el año siguiente, en lugar de la histórica, como se hacía hasta la fecha. Así la espiral salarios-precios se recorrería en sentido inverso, es decir bajando de año en año. La izquierda aceptó el reto a cambio de aumentar en los presupuestos las llamadas partidas sociales (educación, sanidad, servicios sociales, desempleo...). Pero sobre todo por sentido de responsabilidad y porque Adolfo Suárez y Fuentes Quintana les eran fiables. El primero por sus hechos políticos; las intenciones que había demostrado tener. El segundo, por su capacidad técnica. No era un político al uso, sino un catedrático empeñado en arreglar la economía, sin aspiraciones posteriores. En dos o tres años el efecto fue notable, la inflación bajó y la economía respondió. Más tarde fue necesario otro pacto, el AES (Acuerdo Económico y Social), después del fallido golpe de Estado del 23-F. Esta vez fueron el gobierno y la CEOE. Ya no estaba Adolfo Suárez al frente del gobierno. Pero las bases del edificio del pacto económico ya estaban puestas en los Pactos de la Moncloa. Los Pactos de la Moncloa eran un pacto económico para mantener un pacto político. Adolfo Suárez entendía de política y sabía que necesitaba estabilizar la economía para consolidar el edificio constitucional que tenía que construir. Llevamos varias legislaturas en la que la política de pactos ha desaparecido. Hay una excepción, la política antiterrorista. Es una lástima, porque lo que está claro es que la experiencia de ese pacto es concluyente: ETA está derrotada. Si eso es así; si el único pacto de esta época ha tenido tan buenos resultados ¿por qué no emplear el mismo proceso en otros campos? En economía, el gobierno ha tenido que hacer dos reformas: la laboral y la financiera, sin que la izquierda le ayudase, enredada en su maraña ideológica. Ahora hemos sabido que sindicatos y patronal han mostrado un cambio de actitud. La última reunión tripartita en la Moncloa es un indicio. Pero quedan algunos asuntos más sobre los que decidir. El más importante el contencioso catalán y ese es no sólo necesario; también es urgente. Urgente política y económicamente. Cuando parece que salimos de una crisis, cuando los expertos están de acuerdo en que creceremos entre el 1.2 y el 1.7 en 2014, y más en 2015, es necesario evitar perturbaciones políticas para consolidar la economía. Nos podemos preguntar si tenemos personajes con la altura de miras y el «saber hacer» de aquellos políticos. En uno y otro bando. Podemos pensar que las circunstancias no son las mismas. Pero eso no es lo importante, lo vital es si los actuales protagonistas quieren resolver las cosas o envilecerlas. No se puede olvidar el pasado, la desmemoria lleva al error.
Señala el actual catedrático en un ensayo publicado en Expansión el pasado 22 de marzo.
“La pasión manda” la política mexicana que busca la gobernabilidad democrática sin un reglamento que contenga sanciones que obligue a su cumplimiento, no convoca a la afición, ni despierta la pasión, por ello los partidos de futbol tienen más espacio público que los debates políticos, la democracia agrega a sus pendientes, el ser atractiva para atraer más jugadores y generar así más aficionados.
