Las ciudades eficientes deben ser compactas, densas, diversas y equitativas, la baja calidad en los servicios de transporte y el mal diseño de las ciudades, tiene importantes repercusiones en la productividad y calidad de vida de sus habitantes, una realidad vista en todo el mundo gracias a los grandes desarrollos de ciudades segregadas, donde las zonas habitacionales se encuentran lejos de las zonas de oficinas, industriales y escolares.
“Un trabajador debe viajar horas y horas desde su casa hasta su trabajo, tomar transportes ineficientes, insalubres, a veces ilegales, que rompen todas las reglas; llegar a estaciones inmundas y caminar por esos lugares llenos de cosas desagradables y pestilentes. Eso es humillar a la ciudadanía, darle un sentido de indignidad, la falla en el diseño de las ciudades favorece que el ciudadano pierda la identidad hacia el lugar en el que reside”.
La estructura de la ciudad y las condiciones de las instalaciones públicas, determinan gran parte de la actitud de sus habitantes, así, la ausencia de belleza urbana y la degradación del espacio público, dan como resultado el rompimiento del tejido social y la ausencia de valores cívicos.
“Las ciudades segregadas no son sostenibles, ni promueven la movilidad. Es un espectáculo deprimente ver a cientos de trabajadores caminar por el arroyo vehicular, porque las autoridades olvidaron al peatón”, afirmó, tras reclamar que el diseño de las ciudades en México, priorice el uso de vehículos automotores privados, construyendo más vialidades, autopistas y segundos pisos. “Es como tratar de resolver la obesidad abriéndose el cinturón”.
Las avenidas de importancia histórica y económica se encuentren abandonadas en manos del ambulantaje, con edificios abandonados y banquetas derruidas, cuando deberían ser corredores urbanos de alta densidad y enorme importancia con viviendas, oficinas y servicios compartiendo el mismo espacio.
“Es necesario disfrutar la ciudad para crear ciudadanía. Si las calles son exclusivas para autos privados, el resultado es una ciudad ineficiente, contaminada, generadora de gases de infecto invernadero, donde se va destruyendo la vida cívica, la vida social”.
Estas son algunas de las expresiones del investigador mexicano, Gabriel Quadri de la Torre, durante el “Sexto congreso internacional del transporte”, que organizó la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM).
El estado de Morelos y sobre todo la zona conurbada del valle de Cuernavaca, integrada por la amplia mancha urbana en la que se han convertido los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata y Xochitepec, son un ejemplo del crecimiento poblacional desordenado que se colisionó hace varios años, aunque sus pobladores y sus autoridades no despierten a esa lacerante realidad.
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y el Poder Ejecutivo estatal, enfrentan diferencias partidistas que se exhiben en terrenos tan delicados como la prestación del servicio público de educación superior, en la incapacidad para la generación de empleos para los futuros y nuevos profesionistas, y ahora en el de la seguridad pública, la procuración y la impartición de la justicia, así como la reinserción social de los infractores.
Las organizaciones ciudadanas, los representantes del Poder Legislativo, en concordancia con los académicos y los integrantes de la administración pública, limitan sus monólogos a esa reducida agenda, dejaron de lado la importancia que debe tener para la construcción de cualquier proyecto de mediano y largo plazo las políticas poblacionales, definir que atiende y que desentiende las necesidades de los conglomerados.
A las nuevas zonas habitacionales se les dio una imagen aceptable, para disfrazar la carencia de servicios básicos, como el transporte público. Archivo
Monólogos de corto plazo
“La renovación moral de la sociedad” modificó la percepción que del Estado tiene la sociedad, la que la sociedad tiene del Estado, como lo registran los mensajes de las autoridades de dos administraciones federales; el gobierno de “la solución somos todos” aseguró que se estaban dejando las bases firmes para enfrentar los retos que el último tramo del siglo XX, demandaban de una nación en crecimiento político, económico y social, fue aquella administración la que inició los cambios estructurales en las leyes electorales, que sirvieron de sustento para las estructuras “democráticas” con las que hoy los partidos políticos defienden su imperio.
La persecución que “la renovación moral de la sociedad”, inició contra sus antecesores, generó deterioro y desconfianza hacia el entonces nuevo gobierno. Un ejemplo de ello lo es el señalamiento que en sus editoriales hicieron algunos medios de comunicación de otros países, criticando el desafuero y posterior encarcelamiento de Jorge Díaz Serrano, tres décadas después; los escándalos por “malos manejos” en la paraestatal tienen un crecimiento exponencial que confirman la cultura de la simulación que desató aquella propuesta de “adecentamiento gubernamental”.
Los excesos de Carlos Romero Deschamps son superiores a los que cometieron Joaquín Hernández Galicia, Salvador Barragán Camacho y Sergio Bolaños.
Los recursos que genera el petróleo, bajo la administración gubernamental corrupta desde su expropiación en 1938, sirvieron para construir un gobierno “parasitario, ineficiente y que se ha convertido en una estructura que reacciona más que acciona.
Al arribo de los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional (PAN), al inicio del nuevo milenio, la corrupción gubernamental dejó de ser el tema central de la agenda pública y dio paso al discurso de miedo; Morelos es un ejemplo en el tema de las decisiones mediáticas de Marco Antonio Adame Castillo, al imponer la aplicación de los recursos públicos a difundir “los éxitos de gobierno federal y estatal, en materia de combate al crimen organizado”, arrojaron dos resultados palpables.
El primero fue contra sus propios correligionarios, la sociedad perdió en el 2009 la confianza en todos los candidatos del PAN, fueron derrotados en la capital del estado, en la mayoría de los municipios, en los cinco distritos federales y en 15 de los 18 distritos locales. A partir de ese momento, los integrantes de aquella organización lograron advertir una consecuencia, que el gobernador no distinguió desde la oficina en donde despachó en pocas ocasiones durante los 72 meses que ocupó el nombramiento de gobernador, “su partido perdió la gubernatura”, el resultado en las urnas en el 2012, ratificó aquella protesta ciudadana.
En 2012, la sociedad determinó que por primera vez el gobierno del estado de Morelos fuera de un partido político diferente al del gobierno federal, lo que ha generado la necesidad de construir una serie de acuerdos que se frustran por la incapacidad de ambos.
El inicio de un diálogo que supere la vocación de consultas, que caracterizó a los gobiernos anteriores, fue un tema para el principio de la administración cuando las propuestas consensadas en aquel gran diálogo estatal, podían ser incluidas en la agenda legislativa y desde ahí proyectarse para su realización en programas y proyectos realizables por la administración pública y la participación ciudadana.
A 13 meses de una elección cuyo proceso inicia en menos de 100 días, todas las expresiones están limitadas por el “temor de los protagonistas” a perder votos el primer domingo de junio del 2015, donde la mayoría tendrá expuesto su “futuro” en la nómina gubernamental; sociedad y gobierno enfrentan un tema que está contaminado por “una democracia sin consecuencias”, como la que vive Morelos, entidad en la que han gobernado todas las fuerzas políticas con capacidad para ganar una elección y donde los “avances y cambios”, sólo sirvieron para que “las cosas se quedaran igual”.
El principal problema de Morelos no es la inseguridad, existen temas que deben ser resueltos antes de que sociedad y gobierno tengan la capacidad para otorgar seguridad pública a los ciudadanos que viven en la entidad; la impunidad, el cinismo, la opacidad y la apatía, son los grandes temas que deben resolverse.
El Poder Judicial
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es el máximo tribunal constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Tiene entre sus responsabilidades defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mantener el equilibrio entre los distintos poderes y ámbitos de gobierno, a través de las resoluciones judiciales que emite; además de solucionar, de manera definitiva, asuntos que son de gran importancia para la sociedad.
En esa virtud y toda vez que imparte justicia en el más alto nivel, es decir, el constitucional, no existe en nuestro país autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal que pueda ejercerse en contra de sus resoluciones.
En Morelos, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) es la institución destinada a cumplir con esa responsabilidad, donde los magistrados María del Carmen Verónica Cuevas López, Andrés Hipólito Prieto, Miguel Ángel Falcón Vega, Bertha Leticia Rendón Montealegre, Carlos Iván Arenas Ángeles, María Leticia Taboada Salgado, Manuel Díaz Carbajal, Norberto Calderón Ocampo y Juan Emilio Elizalde Figueroa, expusieron públicamente su inconformidad por la forma en cómo se reeligió la magistrada presidenta, Nadia Luz María Lara Chávez.
Dieron a conocer un manifiesto donde señalan que: “en ejercicio de nuestra obligación constitucional, emprendido acciones legales como el juicio de garantías, ya radicado en el Juzgado Séptimo de Distrito del Décimo Octavo Circuito. Dejamos en claro que el pueblo de Morelos merece autoridades legítimamente nombradas, máxime que como las del TSJ están, al igual que todos los servidores públicos, obligados a cumplir cabal y puntualmente con lo que mandata el derecho positivo”.
Los argumentos que utilizan permiten suponer que desde el ámbito de la legitimidad, la impunidad y el cinismo contaminan el legal desempeño de los funcionarios que representan a los tres poderes en la entidad. Así lo exponen al señalar que: “con fecha quince de mayo del año en curso, a las 18:00 horas, la ahora magistrada Nadia Luz María Lara Chávez, en concomitancia con los también magistrados numerarios: Elda Flores León, María Idalia Franco Zavaleta, Rocío Bahena Ortiz, Rubén Jasso Díaz, José Valentín González García, Ángel Garduño González, el aún magistrado Ezequiel Honorato Valdez y la magistrada supernumeraria, Guillermina Jiménez Serafín, ante la imposibilidad de celebrar con la formalidad a que obliga la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 27, que a la letra dice que 27.- El Pleno del tribunal es la máxima autoridad del Poder Judicial en todas las cuestiones que no sean de la competencia exclusiva del Consejo de la Judicatura Estatal; se constituye por los magistrados numerarios que integran las salas y por el presidente de ese cuerpo colegiado. Las sesiones y deliberaciones que se efectúen, tendrán validez con la asistencia de por lo menos las dos terceras partes de los magistrados; las presidirá el presidente o, en su defecto, el magistrado que lo supla interinamente. Sus decisiones serán inimpugnables”.
Una sesión extraordinaria, pública y solemne, en la cual se haría la elección de quien representaría a este H. Tribunal, en el período que comprende del 18 de mayo de 2014 al 17 de mayo de 2016, realizaron lo que se califica como una gracejada a fin de “reelegir”, a como diera lugar, a su convocante Nadia Luz María Lara Chávez.
“Queremos los suscritos de este manifiesto a destacar, que no existe objeción o impedimento alguno para que la C. Nadia Luz María Lara Chávez, pueda prolongar por dos años su representación del TSJ, tal y como lo permite la Constitución Política del Estado en su artículo 89, párrafo cuarto. Sin embargo, no es admisible que lo haga mediante engañifas y chicanas impropias de quienes somos garantes del estado de derecho, tal y como al momento de nuestra designación protestamos hacerlo ante la Soberanía del Estado, que es el pueblo de Morelos, representado en quienes integran el Congreso del Estado a mandato popular”.
Para una mejor comprensión, el día señalado no se reunieron los magistrados de número suficientes para llevar a cabo no solo este, sino cualquier Pleno, ya que el precepto invocado de la Ley Orgánica no comprende excepción alguna para su cumplimiento, por lo que el frustrado Pleno quedó reducido a una mera reunión privada.
No obstante a ello, los ocho magistrados de número reunidos esa tarde en el salón de plenos, a la cual se suma la presencia de la magistrada supernumeraria, Guillermina Jiménez Serafín, por propuesta de una ya desesperada magistrada habida de ser reelecta, propuso a los presentes en dicha reunión privada habilitarla ilegalmente como magistrada de número, con lo cual sumaban nueve magistrados presentes, aún cantidad insuficiente para que hubiera quórum legal y por ende condiciones legales para elegir presidente del TSJ como ocurrió, reiteramos, fuera del marco legal.
Frustrados por no lograr avanzar en los espacios legales, en la búsqueda de la impartición de una justicia que ellos deben impartir a la sociedad, buscan legitimar en la sociedad una protesta que los expone y los integra al ámbito ciudadano, al que como integrantes del Poder Judicial son autoridad.
El transporte colectivo es ineficiente y satura las calles de las ciudades morelenses. Archivo
El Poder Ejecutivo
La apatía es quizá el pendiente que mayor impacta en el desempeño del Poder Ejecutivo. Al duplicarse la población en el valle de Cuernavaca, cuando el municipio de Jiutepec logró ser el primer lugar en Latinoamérica por su desordenado crecimiento poblacional superior al 10 por ciento anual, a finales de la década de los ochenta, y como consecuencia de la migración por el terremoto del 19 de septiembre de 1985, la relación entre las autoridades y la sociedad fue “distante y fría”.
La mayoría de los nuevos pobladores venían del Distrito Federal, la única región del país en la que hasta aquella época los funcionarios que estaban al frente del departamento del Distrito Federal y de cada una de las 16 delegaciones, así como los jefes policíacos y de la procuraduría, eran nombrados por el presidente en turno.
Fue hasta 1997 que los pobladores de la capital del país tuvieron la oportunidad de nombrar a sus autoridades; en Morelos, quienes arribaron a partir de 1985 no conocían los procesos electorales locales, llegaron a imponer un estilo y nivel de vida que los locales no habían enfrentado; durante los primeros años se dio un incremento exponencial en el mercado inmobiliario y en el consumo de bienes y servicios.
El arribo indiscriminado y desordenado de recursos económicos, es compromiso y la ausencia histórica de la identidad local, provocó que el “endeble” tejido social se fracturara, a un nivel tal que una parte importante del actual gabinete estatal llegó a la entidad por diversas causas después del terremoto de 1985; Morelos cambió sus costumbres, una de las primeras expresiones fue que los negocios del Centro y los que empezaban a instalarse en las entonces nuevas y amplias avenidas, como lo fueron Plan de Ayala, Emiliano Zapata y Domingo Diez, permanecieron abiertos de 14:00 a 16:00 horas antes de 1985; en Morelos, como en muchos puntos del interior del país, todas las actividades comerciales se suspendían porque empresarios, trabajadores y empleados gubernamentales, disponían de dos horas para acudir a comer con sus familias a sus casas.
Hoy esas dos horas las consumen al inicio y al final de sus actividades los empresarios, trabajadores y empleados gubernamentales, a bordo de las ineficientes rutas de transporte público, los taxis y los miles de vehículos particulares que, por la ausencia de una adecuada planeación de políticas poblaciones, saturan en las horas de mayor tránsito las otrora modernas vías de comunicación de Plan de Ayala, Emiliano Zapata y Domingo Diez.
El deterioro en la calidad de vida de todos los habitantes del estado de Morelos, no tiene la relevancia que significa la avaricia del único sector que no es apático ante el Poder Ejecutivo; los concesionarios del transporte público de carga y pasajeros, desde el gobierno de Antonio Riva Palacio, han dispuesto de las vías públicas de comunicación como si fueran de su propiedad, el gobierno es incapaz de poner orden en los lugares donde impunemente establecen sus bases sobre la forma en cómo se arrebatan los contratos para el transporte de materiales, en las obras de construcción de infraestructura carretera.
Un ejemplo de ello es la complicidad con la que actuaron quienes entregaron el contrato de la autopista Siglo XXI al Nuevo Grupo Sindical, aunque la obra todavía enfrenta conflictos legales con los propietarios de los terrenos de algunos ejidos del sur de la entidad, por donde atraviesa el trazo que se estableció hace dos décadas. Los propietarios de las concesiones y los dirigentes sindicales que los agrupan, han logrado, por la incapacidad gubernamental, construir un poder capaz de enfrentar y someter a todos los gobiernos de las últimas tres décadas y que fueron emanados de los tres partidos políticos más grandes.
El Poder Legislativo
La opacidad es el gran pendiente del Poder Legislativo; a nivel federal y estatal los integrantes de las cámaras de diputados y de senadores, son las figuras “más grises” del escenario político.
Existen preguntas que revelan la distancia que existe entre el millón de electores y los representantes populares, la cifra más dramática es que son cerca del 95 por ciento de los votantes los que desconocen el nombre del diputado local y federal que representa el distrito donde viven y de qué partido son, tampoco conocen el partido, el nombre y el número de senadores que hoy representan a Morelos en la Cámara Alta, la función de los regidores en cada uno de los 33 ayuntamientos es totalmente reconocida para los ciudadanos, con capacidad de acudir a las urnas.
El Poder Legislativo se convirtió en una institución “democrática” a partir de 1997, cuando su integración fue con la participación “equilibrada” de todas las fuerzas políticas registradas en la entidad. Así pasó de ser una oficina de trámites legislativos del Poder Ejecutivo, a convertirse en la organización que salvaguarda los intereses de los partidos que proponen a los candidatos a todos los puestos de elección popular y que durante los últimos 17 años, han “negociado en lo oscurito” las designaciones de una decena de procuradores, una veintena de magistrados y una cifra similar de integrantes del instituto y el Tribunal Electoral.
Lograron desde ahí partidizar estructuras de “participación ciudadana”, como lo son el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), entre otros.
La sociedad del conocimiento
Diseñar y reordenar los espacios públicos para recuperar la identidad de los pobladores, es un importante pendiente que en los foros, como reacción a los reclamos sociales, pretenden realizar las instituciones de educación superior y las autoridades estatales, debe incluirse.
Otro tema es la vinculación de la generación actual a las nuevas tecnologías que les faciliten construir su propia identidad y preservar la soberanía del territorio que habitan.
En el año 2000, Juan Enríquez Cabot publicó el libro: “El reto de México: tecnología y fronteras en el siglo XXI”, donde establece que en el año 1800, los pueblos cubano y argentino eran más ricos que el estadounidense.
Pero Estados Unidos logró cuatro cosas: educó a su gente, construyó redes de transporte, reunió capital e industrializó el sector agrícola y textil. Es decir, tuvo gobiernos que se preocuparon por elevar el nivel de vida de muchos.
Pese a una guerra civil que mató e hirió a casi un millón de gentes, Estados Unidos se empezó a volver una potencia agrícola mundial. En 1850 comenzó a usar elevadores para almacenar y mover granos. Esto costaba menos de la décima parte de lo que cobraban los cargadores. En 1890 inventó y empezó a utilizar máquinas para cultivar y recoger cosechas (usar un caballo costaba cinco veces más).
El éxito agrícola permitió financiar el crecimiento industrial y hoy, Estados Unidos sigue siendo un gran exportador de comida y maquinaria, pero sigue evolucionando y ahora genera conocimientos.
Brenda Valderrama Blanco, secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, exhortó a la comunidad científica, académica y estudiantil, que se concentra en los 40 centros e institutos de investigación pertenecientes a la UAEM, al campus Morelos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (Cenidet) e Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), a participar e involucrarse aportando propuestas concretas en el diálogo ciudadano por Morelos.
Cuando los derechos políticos de los mexicanos tenían menor importancia que las necesidades de impulsar la consolidación de las instituciones que se crearon, luego de la Revolución Mexicana, los gobiernos de los procesos sometidos al principio de la no reelección, tenían un período de casi un año desde la designación del candidato, durante la “campaña” y el tiempo que transcurría entre la elección, que en lo federal era el primer domingo de julio y hasta el primero de diciembre cuando rendía protesta ante el Congreso de la Unión, para la construcción de un plan de gobierno.
Carlos Salinas de Gortari fue director del Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del Partido Revolucionario Institucional (IEPES-PRI) en 1981 y 1982, durante la campaña de Miguel de la Madrid, ahí construyó el programa de gobierno para el presidente de la Madrid y estableció el soporte para el gobierno que realizó de 1988 a 1994.
Desde que se inició el nuevo milenio, el estado de Morelos ha subsistido con gobiernos de ocurrencias; los 12 años del PAN no dejaron un testimonio revisable que permita advertir la existencia de algún proyecto.
Hoy, la máxima casa de estudios en la entidad y la estructura que integra el Poder Ejecutivo, buscan la reacción de la sociedad para atender diversos temas, aunque han dejado de lado la revisión de las ciudades y su infraestructura, como parte de la calidad de vida y la identidad. Puede ser un tema atractivo para el 2018.
