La agenda del estado de Morelos está sometida a lo urgente, en un nivel tal que no dejó espacio para lo indispensable, por ello sólo atiende las consecuencias y preserva inconsciente las causas; desde que el Congreso del estado de Morelos recibió la solicitud de licencia para separarse del cargo del entonces gobernador constitucional del estado libre y soberano de Morelos, en mayo de 1998 desapareció, en la práctica y luego en lo legítimo, el gobierno.
Los períodos a partir del 18 de mayo de 1998 pueden reconocerse como administraciones, pero no cubren los requisitos mínimos indispensables para arribar al estado de gobierno. Dispusieron de manera indiscriminada de los recursos públicos para la realización de negocios, que pretendieron presentar como planes y programas de gobierno, no tuvieron la capacidad de construir un proyecto para algún sector, menos un proyecto de estado. Las vocaciones de Morelos se integran al “Diálogo por Morelos” como confirmación de la ausencia de un proyecto, que no es lo mismo que ese burocrático documento que emite el Poder Ejecutivo y aplaude el Legislativo, llamado “plan de gobierno”, que por cierto, desde que se proclamaron, nunca se han cumplido.
Aunque legalmente subsiste, si se observa la relación que mantienen los empleados públicos que están encargados de los despachos de los poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, quienes aquí representan la estructura del gobierno federal, quienes integran el estatal y quienes se desempeñan por períodos de 36 meses o menores en el municipal con los habitantes de esta entidad federativa, se puede confirmar que no hay ciudadanía y en consecuencia no existe en la práctica ni el gobierno ni los gobernantes.
El incumplimiento al mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, las leyes que de éstas surjan y la desobediencia al pacto social reflejado en los escenarios “góticos”, cuando un Poder Judicial que hoy está impugnado por sus integrantes, revisa y sentencia las diferencias entre los habitantes y entre éstos y quienes son autoridades, confirman que existe una distancia entre la conformación de un gobierno y el ejercicio de la administración de los recursos públicos, desde las ocurrencias y la improvisación.
Los protagonistas de este penoso espectáculo dejaron de lado la importancia histórica que mereció la legitimación de las designaciones presidenciales o destapes, mediante la construcción de “acercamientos con el pueblo como lo fueron” espacios como aquel programa radiofónico “Charla con tu Gobernador”, del sexenio de 1988 a 1994, que se interrumpió cuando inició la “campaña” del ya destapado candidato priista a la gubernatura y se limitaron en los últimos años a mantener la capacidad de transitar por el amplio espacio que les conceden las “leyes” que nadie cumple, ni respeta, porque olvidaron el compromiso que asumieron, cuando con la diestra extendida expresaron en voz alta “sí, protesto” y como conclusión de aquella ceremonia escucharon: “si no lo hicieres así, que la nación os lo demande”.
Desde que se dio el proceso de “pacificación” del país, en la segunda década del siglo pasado, la ceremonia para que los nuevos gobiernos rindan protesta mantuvieron, en la medida de sus posibilidades, el carácter “faraónico” de las coronaciones de los imperios, muchos “acarreados”, mucho desconocimiento y mucha escenografía.
Quienes acuden como parte “del pueblo” a aquel espectáculo, aseguran que el “coronado” tiene la capacidad de solucionar los problemas sociales, económicos, políticos, personales y familiares, que les aquejan o pueden enfrentar en el futuro, les reconocen un nivel de “semi dios”, mitad “humanos”, mitad “dioses”.
En ese proceso los gobiernos llegan a convertirse en versiones “económicas” y “temporales” de las religiones que anteponen “la adoración a ídolos” y los intereses personales, a través de criterios vinculados al temor y al castigo, en lugar de impulsar la necesidad de creer para incrementar la confianza en la estructura social, incluido el gobierno.
La corrupción y la impunidad que caracterizaron a los gobiernos de las siete décadas del Siglo XX, en que gobernó el Partido Revolucionario Institucional (PRI), fueron heredadas y perfeccionadas por los partidos que le sustituyeron en los municipios, en los estados y en el país, por ello la transparencia y la rendición de cuentas siguen siendo un tema indispensable, desplazado por la urgencia de recuperar la seguridad sin avanzar en la reconstrucción de un tejido social, que advierta la importancia de la confianza en el cumplimiento de la Constitución, por parte de los administradores del recurso público.
Al no existir la confianza en los gobiernos y en consecuencia en los gobernantes, los individuos han construido acuerdos sociales paralelos, expresados en métodos de autogestión, que hoy en materia de seguridad se conocen como autodefensas y que se expresaron desde que el gobierno tuvo que reconocer en la Carta Magna la presencia de los “olvidados” y en el papel les reconoce un lugar que “la modernidad” pretende arrebatarles.
Está consignado en el capítulo de las garantías individuales.
Artículo 2. La nación mexicana es única e indivisible
“La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.
El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.
Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:
Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.
Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados.
Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.
Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución.
Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.
Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos. Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.
Acceder plenamente a la jurisdicción del estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.
La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:
Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.
Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.
Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.
Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.
Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.
Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.
Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.
Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.
Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del plan nacional de desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas. Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley”.
(Texto del artículo 2 de la Constitución).
Los Diálogos por Morelos
El proceso de reconciliación social para recuperar la paz que inició hace algunas semanas y que ayer realizó un primer encuentro masivo, luego de varias pláticas entre algunos interesados, es una reacción a las consecuencias que el gobierno que inició el primero de octubre de 2012, tiene que enfrentar por el desaseo con el que manejaron todas las políticas públicas, incluida la seguridad en la administración anterior que arribó a esa responsabilidad a través de espacios que se generaron con la improvisación, la corrupción y la impunidad de los gobiernos estatales del siglo XX.
A diferencia de otras entidades, durante una década Morelos enfrentó la ingobernabilidad consecuencia de la designación, irrupción y elección de una veintena de gobiernos, desde 1930 y hasta 1994, todos los mandatarios que fueron electos terminaron su gestión, la sustitución de 1998, es la única en 84 años.
Desde aquel momento Morelos dejó escapar la oportunidad, de diseñar un proyecto integral para la entidad, basado en diversos aspectos, entre los que destacan las políticas poblacionales, que en otros países se aplican para definir los espacios donde se permite la construcción de espacios habitacionales, para las actividades productivas del comercio y la industria, cuáles para las agrícolas y cuáles serán las reservas naturales protegidas.
El calendario político estatal generó un distanciamiento entre el gobierno federal y el estatal, al cual se acostumbraron y supieron utilizar los morelenses, al ser esta entidad la última a la que el presidente en turno le designaba gobernador, el mandatario estatal no tenía la misma relación que mantuvo con quien lo designó.
El gobernador electo para el periodo 1994-2000 compartió tiempo con el presidente 1994-2000, cuando ambos colaboraron con el presidente 1988-1994, se enfrentaron; no vieron la posibilidad de encontrarse en el escenario que provocó que “la cuerda se rompiera por lo más delgado”. Esa indiferencia y diferencia sexenal ocasionó que el gobierno federal atendiera poco a una entidad, que siempre fue observada como balneario y zona de descanso urbana, que sólo genera menos del 2% del producto interno bruto y participa con menos del 2% de la votación nacional. Existen delegaciones en el Distrito Federal y municipios en el Estado de México que impactan más en los temas políticos y económicos que la tierra de Zapata.
La zona centro del país, declarada Megalópolis, la integran los estados de: México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos y el Distrito Federal que tiene 28 millones de habitantes. Morelos tiene cerca de dos millones, menos del 10%, sin embargo acepta involucrarse a determinaciones que se acuerdan fuera de sus propios límites y que modifican la calidad de vida de los pobladores de la entidad.
El pasado miércoles se anunció que a partir del 1 de julio el programa Hoy No Circula se modifica para los vehículos de más de 15 años, los cuales no podrán circular ningún sábado, más un día a la semana. Los que tienen entre nueve y cinco años dejarán de circular un día hábil a la semana y dos sábados cada mes, el número de vehículos que no circula un día pasará de 272 mil a 560 mil en la capital del país. El proceso inmediato involucra a la ciudad y el Estado de México, el resto de las entidades pueden implementarlo en los siguientes seis meses.
La medida confirma que se han desechado las posibilidades de analizar alternativas de transporte que solucionen conflictos de contaminación y de inseguridad que enfrentan las unidades automotores que circulan en las carreteras, como pudieron ser los sistemas masivos de transporte (ferrocarril y Metro).
En Morelos el gobierno tiene que “socializar” y “tropicalizar” ese anuncio, están incluidos en la declaración de Megalópolis, Cuernavaca y Cuautla. Es decir, las zonas conurbadas del centro y el oriente de la entidad, quedó marginado el sur, sin embargo aquí no se aplica el Hoy No Circula, su implementación a un año de las elecciones sería complicado para los candidatos del partido gobernante.
En la entidad existen un importante número de vehículos, el gobierno advirtió que se incluirán a los que prestan el servicio público de carga y pasajeros, en las últimas tres décadas los transportistas han logrado imponer su criterio y voluntad sobre el compromiso gubernamental de obligar a los concesionarios a prestar servicio eficiente.
En el servicio de pasajeros existe un elevado porcentaje de unidades que no cubren los mínimos indispensable de seguridad para garantizar el traslado de los usuarios, el servicio de carga es aún más antiguo. Sin embargo, el gobierno “impulsa” la consolidación de las organizaciones que con sus elevadas tarifas de transporte de materiales de construcción, son uno de los motivos fundamentales por los cuales los inversionistas han emigrado a otras entidades en las últimas décadas.
El cuidado que reclama la calidad del aire que se respira en el área de la Megalópolis exige la participación decidida de todos los involucrados, sin embargo los últimos gobiernos han aceptado las imposiciones de los transportistas, estas autoridades tienen el compromiso de lograr que finalmente todos se sometan a los señalado en la ley, incluido este privilegiado sector.
Esta semana iniciaron los Diálogos por Morelos, en una jornada de varias horas donde se establecieron los ejes temáticos de los mismos, cumplir la ley debe ser un primer compromiso para todos los involucrados, por ello, para revisar los soportes en los que se sostendrán los acuerdos que puedan lograrse es básico.
Es urgente recuperar la paz social, con ella empezar la reconstrucción de un tejido que se fracturó durante las últimas tres décadas, es indispensable iniciar un proceso de planeación del crecimiento y los grandes proyectos que se frustraron en las pasadas administraciones y que hoy pueden concluirse, deben ser el inicio de esa nueva visión de los métodos para “socializar” la solución de las inconformidades de algunos sectores.
Los empresarios, los trabajadores y los propietarios de la tierra que hoy externan puntos de vista que parecen irreconciliables sobre los temas en los que necesitan generar consensos, pueden revisar el texto íntegro del artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ahí encontrarán que la carta magna le reconoce a los pueblos indígenas su igualdad ante la ley y les garantiza que no podrán ser otra vez víctimas de abusos como los fueron durante los siglos previos a la Revolución, los propietarios de estas tierras reconocen la necesidad de avanzar en los acuerdos para la construcción de una termoeléctrica, un gasoducto, una carretera que una al Golfo con el Pacífico y otra que “acerque” a Cuautla con la ciudad de México. Sin embargo, no están dispuestos a permitir que se sigan sacrificando espacios donde aún se logran cultivos rentables.
Esos acuerdos pueden ser el principio del desarrollo de una auténtica ciudadanía, la que elija gobernantes que construyan un gobierno que consolide una democracia que es un pendiente más en los diálogos que se iniciaron.
