Esos negocios -en algunos casos bastante lucrativos- llegan a cometer auténticos fraudes, pues carecen de los elementos necesarios para brindar una educación sólida y rigurosa.

Sin embargo, es importante puntualizar que el crecimiento de esos planteles es resultado de que miles de jóvenes acuden a ellos desesperados porque no encontraron lugar en las universidades públicas, en donde la demanda rebasa a la oferta. Respecto al caso de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el año pasado fueron rechazados alrededor de nueve mil egresados de las preparatorias y admitidos sólo tres mil 500. El problema es grave, pues en 2011 aproximadamente 8 mil jóvenes tendrán el mismo problema.

Ayer recibí dos interesantes correos electrónicos en torno a lo anterior: uno conteniendo datos referentes a los mecanismos que aplica una escuela particular sita en Cuautla para defraudar a sus alumnos, y otro relacionado a las deficiencias operativas de la Subsecretaría de Educación Superior del Estado, a cargo de Carlos Iván Elizondo Cortina, durante el proceso utilizado por la dependencia para autorizar los famosos Reconocimientos de Validez Oficial (RVOE).

Tocante a los RVOE indica el mensaje, cuyos autores me solicitaron la omisión de sus datos por temor a represalias: “La evaluación curricular de planes y programas de estudio elaborados por especialistas de las diferentes IPES (instituciones particulares de educación superior) se encarga a personas que están realizando su servicio social en esa dependencia, lo que genera una serie de incongruencias en dichas revisiones”.

Continúa el correo electrónico: “Se permite la promoción de IPES sin haber obtenido aún el RVOE. La persona responsable de regulación de IPES y la encargada de evaluación curricular desconocen la normatividad aplicable a la educación superior y por lo tanto dan la impresión de solicitar requisitos de manera caprichosa. Se hacen reiteradas observaciones a un mismo plan de estudios, lo que genera obstáculos y evitan su apertura; sin embargo, para otras instituciones ni siquiera hacen revisiones, otorgando el RVOE correspondiente”. ¿Favoritismo, gratitud, dádivas?

Seguimos: “El desconocimiento y la falta de sensibilidad que estas dos personas tienen respecto del fenómeno educativo es lógico, pues una es arquitecta, sin cubrir el perfil (es incompetente, vaya), y la otra es licenciada en enseñanza del francés, tampoco tiene perfil, menos experiencia, ni conoce el nivel superior, provocando gran frustración y sobre todo perjuicios al sector educativo; por ende afectan la política educativa del Estado de Morelos, lo cual también se entiende, puesto que ambas personas no son de la entidad”. Sopas.

Concluimos esta parte de la información: “Todo lo anterior es preocupante para la sociedad, la cual queda en condiciones de indefensión ante la falta de conocimiento por parte de la encargada de evaluación curricular y de regulación de IPES, lo cual, llevado a estos niveles, se transforma en prepotencia y despotismo de las autoridades que debieran responder sensiblemente a la confianza que les ha brindado el secretario de Educación, José Luis Rodríguez Martínez”. Hasta aquí un correo electrónico.

Por otro lado, el presidente de la Asociación de Instituciones Privadas de Educación Superior, Mario Cabrera Escobar, me escribió lo siguiente: “Estimado Guillermo. Me permito ampliar tu información sobre una situación que, desde mi punto de vista, es grave dentro de la educación superior. Se trata de la venta de titulaciones a través de universidades que llegan a Morelos desde otros estados. Tales planteles, en su publicidad y para captar ‘clientes’, ofrecen a los alumnos (de las carreras que ellos manejan) la posibilidad de regularizarlos y revalidarles materias (equivalencias) de cualquier sistema educativo de nivel profesional. Sobre todo atacan a alumnos de los últimos semestres con la promesa de titularlos en un tiempo relativamente corto y con todas las facilidades, aduciendo que las universidades establecidas en Morelos no titulan y no cuentan con los reconocimientos de validez, ni de incorporación, y que sus trámites son muy tardados”.

Agrega Mario Cabrera: “Con esto engañan a los jóvenes. Es sabido que existe una universidad proveniente de Puebla, denominada ‘Hispana’, que no cuenta con RVOES estatales o federales. Quizás tiene un registro de su entidad, pero no es válido para estudios en otro Estado. Y aplican la siguiente mecánica: citan a los muchachos en las instalaciones del Colegio ‘Teresa Martí’ (lugar que rentan para realizar sus operaciones), y ahí les informan que deben pagar alrededor de 22 mil pesos para el trámite; además tendrán que viajar a Puebla, donde les aplicarán un examen frente a académicos y el rector de esa institución; que no importa que lleven materias reprobadas, ni tampoco el semestre, pues ellos regularizarán todo en forma interna otorgando la validez oficial, siempre y cuando paguen la cantidad solicitada. Se les argumenta que no deben preocuparse por el examen, pues ‘nadie lo reprueba’, teniendo así garantizada la carta de pasante y la titulación”. Hasta ahora se sabe de unos 40 jóvenes que aceptaron tales condiciones, conscientes de que no han cumplido con lo establecido por la Ley de Educación. ¿Cómo la ven, amables lectores? Todo va junto con pegado.